El Ministerio de Ambiente aplicó 189 multas a intendencias, entes públicos, empresas privadas y particulares en 2024. De estas, tres cayeron sobre UTE, Alcoholes del Uruguay (ALUR), Instituto Nacional de Colonización y OSE, y sumaron un monto de 2.850 Unidades Indexadas (UI), lo que se traduce en US$ 123.011. Las infracciones ambientales se detectaron en Flores, Florida, San José y Artigas.

UTE recibió una de las multas más altas aplicadas por el Ministerio de Ambiente en 2024 —1.500 UI, que son US$ 64.742. Fue por el proyecto de tendido de la línea de alta tensión de 500 kV Punta del Tigre-Cardal. Durante la realización de la obra, se hizo una inspección por el tramo que cruza el río San José por encontrarse dentro del área protegida de Humedales de Santa Lucía. Allí se “constató la tala de monte nativo a ambos márgenes del río San José, que implica una afectación ambiental al sitio”.

La resolución ministerial de la multa —a la que accedió El País— explica que se incumplió con los “planes y medidas de gestión diseñadas y aprobadas para minimizar la intervención del proyecto”. Y se puso —indica en el documento— en “riesgo el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de protección de la provisión de agua de calidad y conector de biodiversidad”.

Un informe del Ministerio de Ambiente explica que se observó una “tala de monte sensiblemente mayor a la trazada” en el cruce de la línea de alta tensión sobre el arroyo de La Virgen, sitio que se clasificó como de “relevancia para la biodiversidad”. Además, se vio que hubo “modificaciones en el trazado de las sendas de acceso a las torres (de la línea de transmisión de 500 kV), que no fueron oportunamente comunicadas”.

En respuesta, la empresa argumentó que la “mayoría del monte se encontraba poblado por especies exóticas, no pudiendo realizar la tala selectiva por la propia dinámica de remoción de especies”. Además, en su descargo apuntó que las “modificaciones de los trazados de las sendas de acceso” se hicieron a “solicitud del propietario para minimizar las áreas a talar y lograr menor afectación a las actividades ganaderas y agropecuarias realizadas en el padrón”.

El Ministerio de Ambiente indicó que los descargos no eran de recibo porque se deberían haber notificado los cambios en el proyecto.

ALUR —la que integra el Grupo Ancap, y de la que la empresa estatal es dueña del 90,79% mientras que el 9,21% restante es de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)— recibió una multa por su complejo agroindustrial en Bella Unión, Artigas. La empresa debió pagar 750 UI —US$ 32.371— por incumplir de manera reiterada los estándares de vertido a curso de agua de los llamados parámetros DBO5 durante 2020, 2021, 2022 y 2023, y por superar los límites de coliformes fecales en 2020, 2021 y 2023.

¿Que es el DBO5? El parámetro “muestra la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica presente y mide cuánto oxígeno se consume para su depuración. (…) Se utiliza como indicador de la carga orgánica vertida por efluentes de aguas residuales o efluentes industriales”, explica el Ministerio de Ambiente en su sitio web.

OSE, en tanto, su sanción económica más reciente la recibió en marzo de 2024 por su planta de tratamiento de efluentes domésticos en Trinidad, Flores. En realidad, tal como informó El País, fueron tres multas: una por no instalar un sistema de desinfección en el tiempo que se le pidió, otra por incumplir los estándares de vertidos de dos parámetros, y una tercera por operar de forma continua con el bypass abierto vertiendo efluente bruto.

El Instituto Nacional de Colonización, por su parte, recibió una multa de 200 UR, que son US$ 8.632, por la explotación de una cantera de tosca en Florida. Según se indica en la resolución, se iniciaron las obras sin autorización ambiental previa. El organismo respondió que se “procedió a la extracción de material por razones de urgencia, debido al deterioro de la caminería por eventos climáticos, haciendo inviable el tránsito de personas y productos”.