En el marco de las 16 medidas que está implementando el Ministerio del Interior tras un acuerdo interpartidario realizado el año pasado, hace pocos días se puso en marcha la creación de un “libro blanco” del sistema penitenciario uruguayo.

Se trata de una consultoría encabezada por la socióloga Ana Vigna, que tiene como objetivo plantear medidas a corto, mediano y largo plazo con la intención de reformar algunos aspectos del sistema carcelario.

Esta medida se está llevando adelante en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y representa una inversión total cercana a los US$ 100.000. Se destinará a equipo de trabajo, talleres, censo penitenciario, consultorías extra, y otros elementos.

Según pudo saber El País a través de fuentes del Ministerio del Interior, al momento en el que se confirmó la medida por parte de la cartera, el BID se comunicó para ofrecer el financiamiento de gran parte del proyecto. Se trata de US$ 70.000 a modo de donación, mientras que la inversión restante correrá por cuenta del Estado uruguayo.

“El sistema penitenciario uruguayo se encuentra sumido desde hace décadas en una situación de agotamiento estructural”, asegura el informe del acuerdo interpartidario sobre la “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”. Para atacar esta falencia, el documento sostiene que se “requiere una planificación técnica y política a largo plazo”.

Esta medida parte del artículo 87 de la Ley de Urgente Consideración, en el que se le encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “la elaboración de una Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario”.

“Al ver que el INR no tenía las capacidades logísticas y de recursos humanos para llevar adelante este trabajo, decidimos que lo mejor era contratar una consultoría externa”, dijo a El País el coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.

Además, aseguró que Vigna “es una experta en sistema carcelario”, por lo que considera que “es la indicada para llevar adelante este trabajo”. “Se va a dar de forma muy participativa con talleres y muchas instancias de diálogo”, agregó.

El proyecto consta de aproximadamente dos meses de diagnóstico por parte de Vigna y su equipo, que será presentado entre fines de marzo y abril. Luego, serán cinco meses para elaborar una estrategia con medidas enfocadas en los próximos 15 años. Y tal como confirmó a fines de enero el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el trabajo comenzó a ejecutarse el pasado 29 de enero.

Uno de los aspectos en los que Martinelli hizo hincapié días atrás en entrevista con El País fue que la seguridad “debe ser una política de Estado que lleve adelante cualquier partido que esté gobernando”.

“No veo un próximo gobierno tirando por la borda un trabajo que se ha hecho y que está dando resultados, no importa qué partido gane”, dijo Martinelli y aseguró que sería “muy engorroso” que el próximo gobierno “tire una política que tiene un trabajo académico atrás hecho por primera vez en el país”.

Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Por su parte, consultado por el mismo tema, Sanjurjo acompañó las palabras del ministro y dijo esperar que “el Frente Amplio comprenda la necesidad de llevar adelante este proyecto”.

Tras ser consultada, la diputada frenteamplista e integrante de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, Lucía Etcheverry, dijo a El País que “el Frente nunca tuvo actitud de querer ser fundacional”, y que en caso de ganar las próximas elecciones, “se deberá hacer un análisis, y si entiende que las medidas aportan, seguirán”.

Si bien desde el Frente Amplio también consideran que el tema “seguridad” debe abarcarse a través de acuerdos entre partidos, han manifestado sus discrepancias con las actuales medidas adoptadas por la cartera.

“Son compartibles en los aspectos más generales de su descripción y que se estiman necesarias, aunque no son suficientes”, dice un documento presentado por esta fuerza política.

Además, el documento asegura que se trató de medidas seleccionadas por el ministerio a partir de ideas presentadas por los partidos, pero acusan de haber “tomado o desechado” cada propuesta “sin previo debate”.

Consultada por la creación del “libro blanco” en el marco de la reforma del sistema penitenciario, Etcheverry dijo a El País no saber “qué tanto se van a poder concretar las medidas” que van a ser propuestas por la consultoría.

“Tenemos expectativa para mirar y acompañar para ver qué produce”, dijo, aunque lamentó que “se esté llevando adelante en el último año de gestión”.

Con respecto a la situación de las cárceles, la calificó como “muy delicada”. “El FA propone trabajar más en la prevención”, dijo y concluyó con que “hay que dar más posibilidades laborales, acceso a la cultura y valores”.

Por otro lado, dijo “valorar” lo que considera “un cambio de mirada” por parte del ministro Martinelli, con quien aseguró que han “podido tener un diálogo fluido y con escucha mutua”. “Con Heber no se podía tener esa instancia porque tenía una mirada más de partido, y esto se debe resolver con acuerdos”, dijo.

Uno de los puntos que ha remarcado el Ministerio del Interior desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es la necesidad de sumar operadores penitenciarios para cubrir vacantes que nunca se llenaron.

En la mañana del viernes se llevó adelante la ceremonia de egreso de 89 operadores penitenciarios, que ya están listos para sumarse a los 1.160 que están en funciones.

Además, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El País, “está muy avanzado” el concurso para incorporar otros 29 funcionarios que serán destinados a la cárcel que se inaugurará en Artigas en las próximas semanas. “Se está por terminar el Anexo y queda pronta”, dijo la fuente de la cartera a El País.

Por otra parte, se realizó el jueves un encuentro entre autoridades de la cartera y dirigentes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe). Según pudo saber El País, se llegó a un acuerdo para las bases de un llamado interno que permitirá el ascenso de grado a 150 operadores penitenciarios. Además, conforme queden vacantes se realizarán llamados externos que buscarán incorporar al menos 100 nuevos funcionarios.

“Buscamos reforzar la respuesta y colaborar con la rehabilitación”, dijo a El País el subsecretario de la cartera, Pablo Abdala, que también remarcó la necesidad de “incorporar nuevos recursos humanos”. Además, el jerarca señaló que esta incorporación no tendrá el foco únicamente en el Área Metropolitana, sino que se repartirá por todo el territorio nacional.

En conversación con El País, el presidente de Ofucipe, Jonatan Perdomo, dijo que esta resolución se basó en “un proceso de varias reuniones”, de las que resaltó “el buen diálogo y el trabajo conjunto con el Ministerio”.

Según Perdomo, hay vacantes en casi todos los grados de la escala de operadores penitenciarios, quienes son los que “acompañan casi en todo momento a los reclusos en su rehabilitación”. “Estas reuniones dan esperanza de mejorar la situación laboral, que a su vez mejora la rehabilitación de los reclusos”, concluyó.