NUEVA LEGISLACIÓN

Cuando la central del 911 suena, la Policía se pone en alerta para dar auxilio del otro lado del tubo. Puede ser por un homicidio, un incendio, un hurto en curso o cualquier otro tipo de situación de inseguridad. La voz detrás de esa llamada de emergencia tiene que actuar rápido para poder responder a tiempo.

El servicio de emergencia del 911, que depende del Ministerio del Interior, “es esencial para la población” y su “función es, entre otras cosas, atender llamadas de emergencia de personas que estén siendo víctimas de un delito o bajo riesgo de amenaza de un delito, accidente de tránsito o episodios de salud con riesgo vital inminente”. Con esas palabras se explica la importancia del 911 en un reciente decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, al que accedió El País, y que establece multas de hasta $ 130.000 a quien llame para engañar a la Policía.

Por llamadas “bromistas” o que interfieren con el accionar policial fue que se incluyó en la ley de urgente consideración (LUC) un artículo que propone multas para las llamadas falsas a ese número de servicio. Lacalle firmó el pasado 20 de agosto el decreto para que comiencen a regir las multas para los infractores.

En el texto se establece que “la realización de llamadas falsas, maliciosas o jocosas” al 911 “será sancionada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Esto incluye “a las comunicaciones efectuadas mediante el uso de telefonía fija o móvil o a través de otros medios de comunicación”.

Por otra parte, se aclara que para determinar el monto de la multa, que irá de 10 UR (Unidades Reajustables) a 100 UR, se tomará en cuanta la reiteración de la infracción de quien llame. El pago de la misma corresponderá al titular de la línea telefónica de donde partió la llamada falsa, jocosa o maliciosa.

El monto que se recaude producto de estas llamadas que entorpecen la labor policial será destinado a un fondo de inversión cuyo fin es mejorar el servicio del 911.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, explicó a El País que “este decreto reglamenta un artículo de la LUC” que fue “votado por todos los partidos políticos y es muy importante”. En ese sentido, el jerarca enfatizó que “el 911 es un servicio de emergencia y que cada vez que una persona lo utiliza indebidamente o de forma irregular está ocupando la línea telefónica en perjuicio de aquel ciudadano que realmente tiene una emergencia o que puede estar siendo víctima de un delito”.

Según datos oficiales a los que accedió El País, durante el primer semestre de 2021 hubo 6.310 llamadas en broma al 911. El ministerio recibe, según sus registros, un promedio de 35 llamadas diarias y 901 mensuales. Si estos números se comparan con el mismo período de 2020 la reducción es de un 44%, ya que en ese lapso las llamadas en broma a la central fueron 11.282 (50 diarias y 1.612 mensuales).

“Venimos desde el año pasado en una baja considerable”, indicó a El País Alejandro Sánchez, director del Centro de Comando Unificado (CCU). Y agregó: “Nosotros, con la promulgación de la LUC en julio del año pasado, empezamos a advertir”.

En el primer semestre de 2021 la sede de emergencias bloqueó 1.147 teléfonos que llamaron para bromear al 911. El número baja respecto al mismo periodo de 2020, cuando se bloquearon 2.890. Si una persona llama jocosamente el número queda bloqueado por 90 días, y si reincide luego de ese tiempo no podrá llamar a la central por un lapso de 180 días. Esto ya funcionaba pero ahora, con el reciente decreto, se agregarán las multas económicas para los infractores.

“Se aplica bloqueo y a su vez una multa económica, que seguramente dé resultado y se evite que algunas personas lo tomen como un mecanismo para hacer bromas chistosas u ocupar la línea telefónica”, explicó Maciel. El jerarca agregó que “la idea es que baje mucho más (el número de llamadas falsas) y que el servicio 911 tenga la agilidad que debe tener para atender las emergencias”.