El “principal desafío” del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) es el “abordaje de las situaciones de violencia y exposición a redes de explotación sexual y microtráfico a los que están expuestos” los niños y adolescentes. Así lo concluyó la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) tras hacer un relevamiento en la región suroeste, en los departamentos Colonia, San José y Soriano con 11 visitas no anunciadas en 10 centros entre abril y junio de 2024.

El Inddhhvio una “alta preocupación por el aumento de los ingresos al sistema de protección por situaciones de explotación sexual, así como por la captación vinculada a redes de explotación sexual y microtráfico de sustancias ilícitas”. Así como también consideró —en un informe al que accedió El País— que los “procedimientos y articulaciones desarrollados por el Estado no logran en muchas situaciones efectivizar medidas de protección ante la exposición y captación” de dichas redes.

A partir de las visitas, la institución indicó que “se relevaron situaciones en las que adultos ajenos a los centros se hacían presente en estos, en busca de los y las adolescentes con el fin de proveer sustancias ilícitas y/o acciones de acercamiento que daban cuenta de indicadores de una presunta captación con fines de explotación sexual”. También se constató —continúa el documento— que adolescentes egresados “eran utilizados por dichas redes” como “captadores” de otros que aún permanecían en vínculo con el INAU.

El Inddhh alertó: “En un centro (había) adolescentes que mantenían vínculo ‘de pareja’ con adultos, quienes ejercían violencia física y psicológica respecto de éstas, a pesar de contar con medidas cautelares de prohibición de acercamiento por disposición judicial”. A su vez, la institución destacó que hay situaciones donde, pese a haber un decreto judicial que pide el traslado de un menor a otra región, esto no se lleva a cabo. Mientras que, en los casos donde esto sí se hace, no se consigue "brindar la protección a la víctima, así como garantizar la no repetición a situaciones de exposición a riesgos”.

El Inddhhencontró que “entre los principales motivos de ingreso al sistema de protección” están “situaciones de violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación sexual, negligencia (no acceso a necesidades básicas, así como no contar con referentes adultos de cuidado) y consumo problemático de sustancias o situación de padecimiento mental de los referentes adultos de cuidado”.

Uno de los hallazgos del Inddhh fue que hubo un aumento de niños y adolescentes en atención del INAU. La institución encontró que los “centros oficiales en varios momentos del año se encontraban con más población de la que podían atender”. Es más, en San José, todos los centros relevados estaban en esa situación. A modo de ejemplo, un “centro cuyo proyecto estipulaba la atención” para 23 personas tenía 85, con “edades que oscilaban entre los 0 y 18 años”, se indicó en el informe.

En la región suroeste, además, “se constató déficits en la dotación de recursos de atención directa y técnicos”. En el informe se señaló que en “todos los centros en determinados turnos se contaba con dos funcionarios, número que resultaba escaso”, problema que era “aún más preocupante en establecimientos que atendían una amplia franja etaria”.

Por otra parte, se relevó las condiciones de infraestructura y se concluyó que en dos de los 10 centros en la región no cumplían con las condiciones aceptables y que todos carecían de accesibilidad. Y se añadió: “Uno de estos centros presentaba condiciones inadecuadas para la residencia debido a problemas en revoques, humedades y filtración de agua cuando llueve, afectando incluso uno de los tres dormitorios existentes. A esto se agrega que dos de los dormitorios presentaban hacinamiento (no cumplen con las distancias requeridas entre las cuchetas) y uno no cuenta con ventilación adecuada (dormitorio interno sin ventanas)”.

De otro centro, se reportó: “Se observaron puertas, paredes y techos en mal estado de conservación con humedades, así como la instalación eléctrica presentaba desperfectos generando potenciales riesgos para quienes allí habitan y trabajan. El centro en reiteradas oportunidades prestaba atención a bebés (con o sin su madre adolescente) por lo que debían acondicionar espacios de uso común o la sala de estudio para el descanso o juego".

Otro punto en el que hizo hincapié el Inddhh fue en que en varias ocasiones, en un mismo centro, había adolescentes con medidas de prohibición de acercamiento y comunicación por decreto judicial entre ellos. "El INAU no había podido dar cumplimiento, por lo que continuaba la convivencia entre los y las adolescentes implicados”, señala el documento.

Por otra parte, se encontró que había un “vínculo adecuado entre personal de atención directa” y los niños y adolescentes. No obstante, continúa el informe, “en un centro se verificó la existencia de tratos estigmatizantes y/o humillantes por parte de funcionarios/as a las adolescentes que allí residían”. Además, “se constató que integrantes del personal que estaban en proceso de investigación por situaciones de malos tratos” continuaban “realizando tareas de atención directa”.

Vinculado a la vestimenta, se corroboró que los niños y adolescentes “tenían ropa adecuada a la estación y a su etapa del desarrollo e incluso algunos centros lograban mantener su uso individualizado”. Sobre la alimentación, en tanto, “se relevó la existencia en todos los centros de un menú variado y adecuado según lo relatado por niñas, niños y adolescentes”.