DICE QUE HAY UNA INCONGRUENCIA

Hay más de 35.000 uruguayos que no son “totalmente uruguayos”. Al menos no lo son en la nacionalidad de su pasaporte, en sus chances de aspirar a la Presidencia de la República o en los requisitos para integrar la Suprema Corte de Justicia. Porque en Uruguay, a diferencia de los que recomienda la Organización Internacional para las Migraciones, la ciudadanía legal no garantiza el acceso a la nacionalidad. Y por eso, Naciones Unidas le pide al país que recapacite sobre esa incongruencia.

Veamos un ejemplo extremo: una persona nace en el extranjero, no tiene padres ni abuelos uruguayos. Su familia se muda a Uruguay cuando la persona tiene apenas unos meses de vida. En su nueva tierra, Uruguay, va a la escuela, aprende su historia. Promete la Bandera, cumple los 18 años, obtiene la ciudadanía legal, vota… pero en su pasaporte seguirá figurando la nacionalidad del pedacito de tierra en la que nació y no en la que habitó.

El 0,2% de los niños menores de cinco años en Uruguay están en esa situación: no se les reconoce la nacionalidad por más que estén registrados por la autoridad civil. Y luego hay miles y miles de mayores de esas edades que también padecen este vacío legal.

Porque a diferencia de la mayoría de los países, en que existe alguna vía para naturalizarse, en Uruguay la doctrina dominante sugiere que no es posible que un extranjero (que no sea hijo o nieto de nacionales uruguayos) acceda a la nacionalidad uruguaya a través de un proceso de naturalización.

Eso hace que los menores de edad, cuya ciudadanía está suspendida, son extranjeros por más que hayan vivido durante 17 años en Uruguay.

Entre los partidos políticos con representación parlamentaria existe un consenso de que este es un problema, mucho más desde que existen los pasaportes de lectura informática y que en los puestos migratorios del mundo se lee la nacionalidad (por ejemplo, alguien que nació en Irán y vivió toda su vida en Uruguay, la tendrá difícil para entrar a Estados Unidos porque a efectos de su nacionalidad es iraní).

Leroy Gutiérrez -venezolano de nacimiento y ciudadano uruguayo- explica así su caso: “El principal problema para los venezolanos es la movilidad. En mi pasaporte uruguayo, en el campo donde dice nacionalidad, figura venezolano. Eso hace que en aquellos destinos en los que se pide visa de ingreso a los venezolanos, yo necesito una visa aunque sea ciudadano legal uruguayo”.

La comisión de Legislación de Diputados empezó a tratar el mes pasado un proyecto de ley, que lleva la firma de representantes de la coalición de gobierno, que busca solucionar en concreto ese problema del pasaporte y de la movilidad. Menciona que en los documentos de viaje de los ciudadanos legales se debe explicar que son uruguayos en base a esa ley.

Alexis Ferrand, uno de los voceros del colectivo de ciudadanos legales que están pidiendo que se repiense la ciudadanía, dijo que este proyecto tiene la ventaja de ya contar con una amplia mayoría de apoyo y que solucionaría en concreto el problema del pasaporte, pero no cambia los asuntos de fondo ni qué pasa con los menores de edad.

Desirée Pagliarini, diputada suplente colorada, reconoce que “existe una brecha entre los ciudadanos naturales y legales, no solamente por el convenio internacional que se evidencia al momento de usar los pasaportes, sino porque genera un replanteamiento: ¿soy realmente uruguayo? ¿Soy realmente oriental?”.

Otro proyecto de ley, en este caso promovido por diez diputados del Frente Amplio, empezó a tratarse en marzo en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Este texto apunta a igualar el concepto de ciudadanía mediante una interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución de la República. Dice que es nacional de Uruguay todo ciudadano, sin distinción de si es natural o legal.

Este proyecto, a su vez, contempla en su cuarto artículo la situación de los menores de edad. Reza: “Los hijos menores de edad de padre o madre naturalizado adquieren la ciudadanía legal, la cual queda suspendida hasta su mayoría de edad, debiendo tramitarla a través de sus representantes legales”.

Pero el problema del proyecto de la oposición es que entre los juristas existen dos bibliotecas. Una entiende que bastaría con esta ley interpretativa, la otra se aferra a la necesidad de una reforma constitucional.

Una relatoría que realizó hace tres meses la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración concluye que en Uruguay las migraciones son constitutivas de la identidad nacional, también que existe acuerdo en la política migratoria, pero que “hay quienes sostiene que la política migratoria actual no es inclusiva, además de que no es entendida ni por nacionales ni extranjeros, existe confusión entre los diferentes estatus migratorios”.