COMUNICADO

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a Uruguay en carácter provisional la suspensión de los desalojos en el asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en el barrio Santa Catalina, informó este jueves el abogado Juan Ceretta.

"El Comité ha solicitado al Estado parte, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden dedesalojar el predio mientras la comunicación está siendo considerada por el Comité o, alternativamente, ofreciéndoles un lugar alternativo", expresó el documento publicado por el abogado.

En la misma línea expresó que "el Comité podrá examinar la necesidad de mantener la solicitud de medidas provisionales a la luz de las observaciones que el Estado parte pueda presentar a ese respecto".

La comisión expresó que es necesario tener en cuenta "la pobreza extrema de los autores y de sus familias".

Por otra parte, en el documento se asegura que una copia del texto fue enviada al Estado uruguayo y que se le solicitó "información y observaciones relacionadas con la cuestión de admisibilidad y el fondo".

Debido a la pandemia por coronavirus el plazo adicional que se le dio al Estado para enviar las observaciones es de dos meses. "Sírvase notar también que el plazo adicional no se aplica a las medidas cautelares cuya implementación es inmediata", aseguró

"Cualesquiera informaciones y observaciones que se reciban del Estado le serán transmitidas lo antes posible para que usted pueda hacer comentarios al respecto", indicó el comité a Ceretta.

En enero del año pasado unas 700 familias se establecieron en un predio estatal de Santa Catalina por donde pasa el colector del saneamiento. Tras 28 procesamientos de personas realizadas a mediados de este año por ocupaciones ilegales y robos de leña, las actuaciones judiciales fueron suspendidas ahora por la negociación que inició un grupo interinstitucional con las familias que se radicaron en el terreno.

El fiscal del caso, Diego Pérez, ordenó a Investigaciones de la Zona IV (Cerro) las detenciones de ocupantes. Tras una decena de audiencias judiciales, fueron procesados 53 ocupantes por delitos de usurpaciones. Hoy en el lugar quedan 250 familias.

El fiscal dijo a El País que los imputados acordaron con la Fiscalía, asesorados por sus defensas y ante la Justicia, el desalojo de los predios. “No me sorprende la acción del Comité de la ONU. Pero los ocupantes asumieron la obligación de retirarse y se acordó un plazo. Se trata de una medida cautelar y no de un desalojo”, explicó Pérez.

Tanto él como la Policía investigan la existencia de una organización detrás de las ocupaciones en Santa Catalina. En el barrio se hizo correr la versión de que se regalaban terrenos en el lugar y ya hubo un operativo por drogas.