CONFLICTOS POR UN TECHO

Varios dueños de pensiones denuncian que extranjeros han “tomado” muchas de ellas.

Hace dos meses, la pensión ubicada en Soriano y Zelmar Michelini se transformó completamente. Pasó de ser un lugar en donde los huéspedes se comportaban, pagaban en fecha y respetaban las reglas a convertirse en un verdadero caos. Quien regenteaba el lugar hasta hacía unas semanas era Anay, una uruguaya que había decidido alquilar la gran casona de nueve habitaciones para transformarla en una pensión para inmigrantes. Pero lo que en un inicio parecía una buena idea, terminó siendo una pesadilla para ella.

Los problemas comenzaron a aparecer de a poco, cuando las diferencias culturales y de costumbres de los migrantes empezaron a salir a la luz. Los gritos y la música alta que ponían los cubanos -que eran la mayoría de los huéspedes- se transformaron en una constante en la pensión, provocando discusiones con la encargada.

“Les pedía que bajaran el volumen y no hicieran tanto ruido, pero ellos me contestaban que ahí estaban pagando, por lo que podían hacer lo que quisieran”, contó Anay. Con el correr del tiempo, aparecieron las amenazas por parte de alguno de ellos que decían que iban a dejar de pagar, pero finalmente terminaban yéndose del lugar.

Hasta que en enero, esas amenazas se hicieron realidad. “No quería tener más la pensión y quería irme del lugar. La casa estaba a la venta y en enero se vendió. Cuando les comuniqué a los 23 huéspedes que quería entregar la vivienda a los nuevos propietarios, un matrimonio de cubanos me dijo que no iban a pagar más. Y a ellos se sumó todo el resto. Desde ese momento la pareja me empezó a amenazar y terminaron dándome una golpiza frente a mi hijo de 5 años. Después de eso me dijeron que a partir de ahí eran ellos los que mandaban en la pensión”, contó Anay.

Tiempo antes la mujer había realizado algunas denuncias por otros problemas y tras la golpiza que sufrió decidió volver a la comisaría. “Fui pensando que la Fiscalía iba a tomar acción penal inmediata porque me habían dado una paliza en mi casa, delante de mi hijo. Sin embargo la Fiscalía no solo demoró un mes en expedirse sino que cuando lo hizo me dijo que debía ir por la vía Civil y no Penal”, contó.

Con la inacción de la Justicia, dice Anay, los cubanos comenzaron a tomar más fuerza, lo que llevó a más amenazas, constantes empujones y hasta bullying contra su hijo. “Yo vivía en ese mismo lugar y lo que hacía al llegar a casa era encerrarme en mi habitación con mi hijo”, contó.

En febrero la situación ya era insostenible para Anay: su hijo lloraba todo el tiempo y ella estaba angustiada y asustada, por lo que ante la presión y la violencia que reinaba en la casa, decidió ir a ANDA, su garantía de alquiler, para contarles lo que sucedía.

Hace dos semanas le dieron otra propiedad para mudarse y desde la propia empresa comenzaron inmediatamente un proceso de desalojo para los inmigrantes. Según estiman, llevará por lo menos unos 5 meses.

“Mientras ellos tienen todas las comodidades, yo me tengo que hacer cargo de dos alquileres y de sus deudas en el consumo de luz y agua que actualmente supera los $30 mil al mes. No puedo dejar de ser la titular del alquiler hasta que la casa no esté vacía. Estoy atada hasta el día del lanzamiento y no sé cómo voy a hacer para pagar todo”, dijo.

Para Anay, la decisión de los cubanos de no pagar es premeditada. “Están todos comunicados entre sí y desde el momento que llegan al país ya vienen con el código abajo del brazo. Averiguan cuáles son las pensiones que no tienen habilitación y se meten allí y de a poco van tomando más poder”, dice. Y agrega: “Su objetivo no es quedarse con la casa porque no tienen intención de permanecer en Uruguay. Ellos están de tránsito: lo que buscan es ahorrar hasta el último peso, conseguir los documentos y luego irse a Estados Unidos o a otro país. Y esos 5 meses o más sin pagar, hasta que se hace efectivo el lanzamiento, les vienen como anillo al dedo”, dice.

Otras pensiones se encuentran viviendo situaciones similares, como el caso de la ubicada en Mercedes entre Convención y Andes. Su titular, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, contó a El País que comenzó a recibir migrantes cubanos en el año 2017.

“En ese entonces yo tenía un salón de fiestas donde trabajaba un cubano. Me comentó que estaban llegando muchos compatriotas a Montevideo y me planteó la idea de abrir una pensión. Alquilé una casa y empecé todos los trámites ante la IMM, Bomberos y me registré con Interpol, a quien le informaba de la gente que iba entrando”, contó.

La regla era que aceptaba únicamente a cubanos para evitar cualquier problema de convivencia por temas culturales. Al principio, dice, todo funcionaba correctamente, hasta que comenzó a surgir un problema detrás de otro. Primero, cuenta, quien estaba encargado de la pensión robó parte del dinero y se fue a vivir nuevamente a Cuba. Al poco tiempo, los huéspedes denunciaron que habían chinches en el lugar y que por esa razón iban a dejar de pagar.

“Fumigamos como cinco veces y decían que seguían habiendo, más allá de que yo nunca las vi. Se revelaron 50 personas porque se asesoraron con una persona que les dijo que el desalojo podía demorar varios meses y que podían no pagar durante ese tiempo”, cuenta.

Dice que le han robado una infinidad de cosas, como televisores, computadoras y otros objetos y que rompieron las cámaras instaladas en el lugar. “Vi incluso una publicación en Facebook de uno de los cubanos vendiendo mis cosas robadas. Denuncié a la Policía, pero aunque tienen el teléfono y el nombre no pueden hacer nada si no se lo ordena la Fiscalía”, destacó. Desde septiembre cuando hizo la primera denuncia está a la espera de que sean desalojados.

Graciela tuvo que cerrar hace un tiempo la pensión familiar que había heredado de sus padres -habían estado en el negocio por 40 años- luego que una mujer cubana que se alojaba allí le golpeara la cabeza contra el piso. Según dijo, hasta hacía un tiempo no había tenido problemas con los huéspedes, pero “la última camada de cubanos llega con una actitud totalmente violenta”.

Los uruguayos que vivían allí, comenzaron a abandonar el lugar de a poco por los disturbios que generaban los extranjeros. Sumado al hecho de que varios cubanos habían decidido dejar de pagar, “por su salud mental” decidió cerrar la pensión y buscar “una mejor calidad de vida”.

“Decidimos continuar con nuestro trabajo como policías y priorizamos nuestra salud. Por eso nos fuimos a vivir al Chuy y sacamos a nuestras hijas de ese ambiente porque ellas también veían todas esas situaciones”, cuenta.

Graciela sigue siendo la titular del alquiler ya que tiene contrato hasta agosto de este año, aunque la propiedad -que en sus mejores años llegó a alojar entre 80 y 100 personas- está vacía. Por ella debe pagar 100 mil pesos por mes, ya que la propietaria no quiere rescindir el contrato hasta agosto. Ella aún no sabe cómo hará frente al pago.