CAMBIOS MIGRATORIOS

Unos 4.500 hondureños escalan el continente a pie, por Guatemala y México, con la ilusión intacta del Sueño Americano. Unos 950.000 venezolanos que residen sin papeles en Colombia son excluidos del plan de vacunación del gobierno de Iván Duque. Y en las costas mediterráneas de Italia, las autoridades dejan en cuarentena a los barcos de africanos rescatados. La pandemia del COVID-19 cerró fronteras y, por momentos, la migración humana pareció congelarse. Pero no. La inmovilidad también movilizó, incluso en Uruguay.

Pese a que las puertas del país estuvieron casi cerradas, Uruguay mantuvo en 2020 un hito: entraron más viajeros de los que se fueron. Los demógrafos le llaman “saldo migratorio positivo” y consiste en que los ingresos de pasajeros superan a los egresos. Confirma una tendencia que se inició en 2009 y que, incluso en tiempos de desaceleración económica, no se interrumpió.

Aún es pronto para saber si la población uruguaya siguió creciendo en el primer año de esta pandemia, y en ese caso, cuánto. Además de los ingresos y egresos, ese cálculo requiere las cifras de nacimientos y muertes.

Tras las oleadas inmigratorias de los europeos a comienzos del siglo XX -las cuales hicieron que las calles tengan nombres de españoles, italianos, judíos y armenios, y que forjaron el rótulo de “el país que descendió de los barcos-, Uruguay fue un país expulsor. Se iban más de los que llegaban. Así fue hasta 2008. En los últimos 12 años cambió la tendencia. El 2020 no fue la excepción, aunque, según el demógrafo Martín Koolhaas, “hubo un cambio en la composición de ese saldo final”.

Mientras en años anteriores entraban de a cinco millones por año y se iba una cifra similar, el cierre de fronteras hizo que ingresaran 1.800.077 pasajeros y se fueran 1.724.651. Tres veces menos, según la información de la Dirección Nacional de Migración. Y mientras en los últimos años hubo un flujo “significativo” de venezolanos y cubanos que llegaban, el 2020 estuvo marcado por el retorno de uruguayos (ver recuadro) y las residencias de los argentinos.

Las aguas del Río de la Plata separaron al país “de la cuarentena eterna” (Argentina) del país de “la cuarentena nunca” (Uruguay). Eso, cierta flexibilidad en los trámites y una diferencia en la coyuntura económica (en favor de Uruguay), decantó en un crecimiento de las solicitudes de residencia de argentinos. Tanto es así que, al cierre del año, esos pedidos de argentinos cuadruplicaron a los de venezolanos (6.811 contra 1.547), cuando en el último trienio había sido Venezuela quien encabezaba el podio.

El interés de argentinos por residir en Uruguay se había despertado incluso antes del COVID-19. Los datos de Cancillería a los que accedió El País muestran que a fines de 2019 y en el verano de 2020 hubo un movimiento migratorio en este sentido. Pero el gran salto empezó a sedimentarse el pasado julio.

Por entonces, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, había dado una serie de entrevistas a conocidos comunicadores argentinos. Unos días antes, Uruguay había registrado una seguidilla de días sin casos nuevos del coronavirus. Lacalle vivía una “luna de miel extendida”, y el mandatario argentino Alberto Fernández venía en declive (la satisfacción de los argentinos con “la marcha de las cosas” cayó más de 20 puntos en tres meses, según la Universidad de San Andrés).

Ese aumento de las solicitudes de residencia de argentinos dibuja una escalera en que cada escalón que le sigue es más alto. En noviembre alcanzó su pico máximo: 1.374 pedidos.

En diciembre, en cambio, hubo cierta baja (211 solicitudes menos). Es posible que esa caída la explique el cierre de fronteras más estricto que Uruguay estableció en las últimas semanas del año. Otra opción es que haya hecho efecto la flexibilización de la cuarentena en Argentina, mientras Uruguay empezaba a padecer el crecimiento exponencial de contagios. La tercera variante, explica Koolhaas, es que “los pedidos en los meses previos al verano hayan sido el reflejo de una población pasajera, que llegó a Uruguay para pasar un tiempo, para descansar o para salirse de la coyuntura argentina, pero que no se sabe si se quedará a vivir”.

La permanencia del inmigrante es una de las incógnitas que trajo el COVID-19. Los gurús de la economía mundial debaten por estos días sobre qué llevará a la recuperación: ¿las vacunas, la inversión en infraestructura, una renta básica? Sea cual sea la respuesta, hay consenso de que esa recuperación no será pareja para todo el planeta. Y como hay una movilidad hacia los países en los que se divisa más estabilidad y futuro, es probable que los flujos migratorios sigan ese inercia.

Para el caso de Uruguay, en ese sentido, hay una incertidumbre: ¿se recuperará la llegada de venezolanos y cubanos?

El venezolano Felipe Luenga estaba esta semana juntando moneditas en un semáforo de Jujuy, al norte de Argentina, con la esperanza de reunir el dinero suficiente para llegar junto a su esposa a Uruguay. Así lo contó el periódico local Todo Jujuy.

Como esa historia, dice Vanessa Sarmiento, de la ONG Manos Veneguayas, “son constantes las consultas que llegan de venezolanos que se quieren venir a Uruguay (...) y es probable que la inmigración crezca” cuando pase la tormenta. Pero la estadística de Migración muestra que, al menos en 2020, ese flujo se paralizó y se fueron casi la misma cantidad de venezolanos que entraron (unos 6.600).

Los cubanos y dominicanos que, según las investigaciones del Programa de Población de la Udelar, son las colectividades más vulnerables en Uruguay, enfrentan el desafío extra de la informalidad laboral o la dificultad del acceso a la vivienda. Y aunque en Uruguay -como sucede en Brasil y Ecuador- el acceso de los migrantes al servicio nacional de salud está garantizado por la Constitución, los demógrafos advierten que son grupos que quedan más expuestos a los coletazos del COVID-19. Incluyendo la xenofobia.