CÁRCELES

La Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario (OCPP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo un conversatorio sobre la aplicación de medidas que difieran a la cárcel, como una forma de atender la sobrepoblación en prisiones y mejorar los índices de reinserción en la sociedad.

El evento incluyó la presentación de cuatro estudios, entre los cuales se dio el presentado por la doctora Ana Juanche -exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)- quien analizó las medidas alternativas a la prisión y su aplicación en Uruguay.

Juanche destaca la importancia de adoptar este tipo de medidas alternativas a la prisión, ya que considera que a nivel internacional está comprobado que “más cárcel” no significa necesariamente una disminución en la criminalidad.

Según asegura el estudio, en Uruguay es escasa la implementación de otras penas que difieran del encarcelamiento y esto se debe a que existe un “círculo vicioso” entre la falta de recursos y una “desconfianza ciudadana” sobre el funcionamiento de estas medidas.

Sin embargo, en los últimos años ha crecido de forma considerable su uso, lo que ha puesto sobre la mesa la discusión a nivel parlamentario en torno a las necesidades presupuestales.

La Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA) es la encargada de controlar la correcta aplicación de medidas alternativas y según asegura el estudio debería tener una reestructura, que incluya un “presupuesto acorde y más independencia técnica y de gestión”. Solo desde un abordaje que contemple todas estas aristas mejorarán los resultados, sostiene Juanche.

La OSLA, que es una unidad del INR, cuenta con datos sobre la aplicación de medidas alternativas en Uruguay, que el estudio de Juanche recogió para caracterizar la población en la que se enfoca.

Al 8 de abril de 2022, esta unidad supervisaba el cumplimiento de 18.217 medidas alternativas derivadas por la justicia. Entre estas, aparecen las medidas activas -la suma entre aquellas que tienen un técnico a cargo, más las medidas en proceso o “a asignar”- entre las que aparecen las tareas comunitarias (3.591); libertades a prueba (2.097); libertades vigiladas (1.086) y suspensiones del proceso y medidas cautelares (1.548). Completan la lista las prisiones domiciliarias (221) y los arrestos domiciliarios (632).

Según la OSLA, estas medidas están repartidas geográficamente en la capital y en departamentos de la zona metropolitana. Y sobre estas personas se cuenta con algunas variables de caracterización como son el sexo, la edad, y el tipo de medida impuesta.

En este sentido, la población sujeta a medidas alternativas es “mayoritariamente masculina y joven”. Esto se sustenta en que un 85,72% son hombres, mientras que solo un 14,28% son mujeres. Además, las medidas están centradas en jóvenes de entre 18 y 24 años.

En este último grupo es en el que hubo más imputados con libertad a prueba y vigilada, “así como también en las prisiones y arrestos domiciliarios”.