La polémica por el adoquinado de la calle que va desde el centro de Punta del Diablo hasta la Playa de los Pescadores —que levantó críticas y apoyos de vecinos— está lejos de terminarse. Después de que el Ministerio de Ambiente le pidiera a la Intendencia de Rocha que presentara un proyecto para evaluar el impacto ambiental de una parte de la obra —la que está más cercana a la rambla—, la comuna presentó este martes un escrito donde aseguran que no es necesaria su autorización ambiental previa según la normativa vigente.

El Ministerio de Ambiente evaluará la respuesta de la intendencia en su área de jurídica y le responderá si da lugar (o no) a los argumentos que le permitirían seguir (o no) con las obras.

La obra tomó mayor notoriedad hace unas semanas, sobre todo porque hubo vecinos que se interpusieron para que no continuaran las obras al acudir al Ministerio de Ambiente. En respuesta, la cartera envió inspectores que realizaron un informe donde concluyen que la comuna necesita una autorización para la parte de la obra que está en la faja de defensa costera.

Pero la intendencia no lo ve así. En el escrito —al que accedió El País, y que envía el intendente rochense blanco Nicolás García— se explica que los “sitios donde se pretende colocar adoquines no son parte de la faja de defensa costera”, y que se “trata de calles públicas, abiertas y pavimentadas”. Además, allí se asegura que la zona —continúa el documento— “forma parte de la trama urbana de la localidad Punta del Diablo desde tiempo inmemorial”, y que el "mantenimiento y transitabilidad" de esa zona "es responsabilidad directa del gobierno departamental”.

El exintendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, explicó a El País que se amparan en el artículo 153 del Código de Aguas, que establece que las rutas nacionales o ramblas costaneras abiertas y pavimentadas no son parte de la faja de defensa costera, y por lo tanto están exceptuadas y no requieren autorización ambiental para hacer obras.

En esa línea, Umpiérrez entiende que hay una “confusión" con el término “pavimento” —que “tienen denunciantes e incluso quizá algunos técnicos del ministerio”— dado que la normativa refiere a que haya “suelo no natural” —y “no sin asfalto”—, algo que se cumple en esta zona porque hay tosca.

Más allá de la interpretación del concepto de “pavimento”, se reparó en que hubo asfalto en esa zona en otra época, algo que se evidencia en fotografías de vecinos. En consecuencia, la intendencia tomó una muestra del suelo en tres puntos y confirmó que “hay una capa de cuatro centímetros de asfalto debajo de unos 40 centímetros de tosca que se ha ido acumulando encima”, añadió el blanco que renunció en julio como intendente para dedicarse a la campaña.

En esa línea, en el escrito se explica que, por la “degradación natural” del asfalto, a lo largo del tiempo “se recurrió a otros materiales para su mantenimiento, pero ello no cambia que se trata de vías de tránsito y circulación, abiertas y pavimentadas”.

Además de las pruebas fotográficas y el estudio de cateo que “demuestran que ha habido asfalto” en esa zona, Umpiérrez indicó a El País que se presentó al Ministerio de Ambiente la declaración de vecinos de la zona.

Por fuera de estos nuevos argumentos, Umpiérrez hizo hincapié en que el adoquinado es “a favor del ambiente”, argumento que también se incluyó en el escrito que se presentó este martes. El intendente García señaló que en esa zona de vuelcan 400 metros cúbicos de balastro de manera anual que, “por erosión y escurrimiento pluvial, van a terminar en la tradicional playa de los pescadores, situación que ocasiona desde hace años reclamos ambientales”.

Y continuó: “El adoquinado va a mejorar la situación actual de erosión de balastro a la playa, dando una solución de mayor durabilidad a la habitual práctica que se seguía de todos los años volcando muchos metros de material para la reparación y mantenimiento de las calles”.