DEFENSORÍA DEL VECINO

Según el Informe Anual de la Defensoría del Vecino, el 38% de los problemas de convivencia se producen por ruidos molestos y dentro de lo que es contaminación acústica, el 13% son denuncias relacionadas al tránsito.

En Uruguay, la Ley de Prevención, Vigilancia y Corrección de la Contaminación Acústica (N° 17.852), aprobada en 2004, contempla los inconvenientes relacionados a ruidos molestos, sin embargo no está reglamentada. Se trata de una norma en manos del Ministerio de Medio Ambiente, pero que en la práctica es asumida por las distintas intendencias según sus propios criterios.

En este contexto, el tránsito representa un tema de preocupación vecinal recurrente, ya sea por motores en mal funcionamiento, caños de escape libres y equipos de música con volúmenes elevados, entre otros motivos de quejas.

El edil nacionalista, Diego Rodríguez, presentó en la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto para “adecuar las normas sobre vehículos y escapes libres a lo establecido en la (ya mencionada) ley”.

“Surge producto de varias consultas de vecinos por la falta de control y conocimiento sobre quién se debería encargar de este tema. Antes las consultas, le dimos un marco normativo”, dijo Rodríguez a El País.

“Lo que buscamos es que la Intendencia controle y fiscalice los vehículos que no están en condiciones de circular por el sonido que emiten”, agregó.

Según explicó el edil, las “picadas” son el mayor motivo de queja y los municipios más afectados son el E -por la zona de la Rambla República de México-, el G -por los accesos- y el A -por los caminos rurales de Melilla-.

“Otro problema son los delivery. Creemos que tiene que haber un control firme sobre las empresas que trabajan con ellos”, agregó Rodríguez.

La normativa establece que el límite en decibeles establecido para circular es de 88 en motocicletas, 85 en automotores de menos de 3,5 toneladas y 92 en automotores que superan ese kilaje. En el documento presentado se propone reducir en un 20% los límites establecidos, porque “llegan a ser muy molestos”.

El proyecto plantea sanciones según dos criterios: la intencionalidad o reiteración y el daño o molestia causada por el ruido generado.

Además, las infracciones cometidas por “ruidos de escapes libres, motores o parlantes” serían clasificadas según tres criterios: leves, graves y muy graves.

Las leves serían aquellas infracciones producidas por el deterioro del vehículo, con una multa de 8 UR ($ 10.984) y “posible introducción a programas de contaminación acústica”.

Las graves serían las vinculadas a modificaciones intencionales en vehículos que superen los decibeles máximos permitidos. Su multa costaría 16 UR ($ 21.968) e incluiría la “inmovilización del vehículo y retiro de la libreta de conducir por un período de 3 meses”.

Por último, las infracciones muy graves estarían conformadas por los casos de reiteración o reincidencia, “así como la superación de los valores límites que produzcan un deterioro importante para el ambiente”, con una multa de 21 UR ($ 28.833) “el retiro de la libreta de conducir” y la “inmovilización del vehículo por un período de un año”. El proyecto plantea que, dentro de las sanciones, debería incluirse la aprobación de “cursos sobre el problema del ruido y la reincidencia, castigándose más severamente”.

Otros puntos mencionados son la potestad de la Intendencia para exigir el certificado acústico a los concesionarios de marcas de vehículos, como la formación de quienes aspiren a sacar la libreta de conducir respecto a los ruidos molestos, sus riesgos para la salud y cómo afectan en la cotidianidad.

Dentro de la idea se incluye la creación de una dependencia de ruidos molestos, encargada de gestionar los casos relacionados a esta problemática.