El de Eduardo Aguará es un caso paradigmático. Es adoptado y, aunque hace apenas 10 años supo que tenía ascendencia indígena, llevaba toda su vida conectado con la esencia de sus ancestros de forma inconsciente. Su especial conexión con la tierra, su resistencia a ciertas instituciones y su activismo por el agua, entre otras preocupaciones, lo acercaban a ese origen, y descubrirlo le dio tranquilidad.

Aguará es uno de los cientos que integran la Coordinación Indígena -conformada por más de 10 organizaciones de pueblos originarios uruguayos- que trabajan en la elaboración de un documento que presentarán el mes próximo, cuando se reúnan con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con el objetivo de que finalmente Uruguay ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Se trata de un convenio que Uruguay suscribió en 1989 pero nunca ratificó, y junto con Surinam y El Salvador son los únicos países que aún no lo han hecho en América Latina. Por ende, el reclamo no es nuevo: las organizaciones indígenas llevan décadas solicitando el reconocimiento ante los distintos Ejecutivos.

“El convenio posibilita el reconocimiento desde el Estado de que tenemos derecho a una identidad indígena”, indicó Eduardo Aguará a El País. Es el único documento internacional sobre derechos indígenas de carácter vinculante, lo que significa que su cumplimiento es obligatorio.

“Es muy abarcativo, incluye aspectos que tienen que ver con la identidad, el auto conocimiento, temas culturales, educativos, de salud y territorio”, enumeró. Y citó dos ejemplos concretos: “Los temas indígenas han sido retirados de la educación Secundaria y nuestras plantas medicinales no tienen ningún tipo de protección a nivel internacional”.

El reimpulso se remonta a mayo de 2022, cuando el diputado frenteamplista Felipe Carballo expuso el tema en una sesión legislativa con miras a discutirlo y elevar una minuta dirigida al Poder Ejecutivo con el fin de que enviara la ratificación del convenio de la OIT.

“Está a estudio de la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y han pasado varias delegaciones por ese ámbito tratando de dar su opinión. Recibimos a la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), la institución de Derechos Humanos, la Universidad de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)”, detalló Carballo a El País.

Y enfatizó en la necesidad de avanzar en este tema: “Es el reconocimiento de la persistencia de estos pueblos en estos territorios. Hemos tenido una negación a través de la vía de los hechos por parte del Estado”.

El diputado de la oposición dijo, además, que se trabaja con miras a alcanzar los acuerdos políticos necesarios para enviar la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para un posterior análisis.

Por otra parte, una delegación de la Coordinadora Indígena fue recibida ante la Comisión de Trabajo del Senado en julio del 2022 y la respuesta fue positiva.

“Encontramos en el sistema político una nueva sensibilidad. El ministro Mieres manifestó interés en reunirse con nosotros para conocer quiénes somos y estamos en proceso de elaboración del documento. Estimamos que se concretará el mes próximo”, informó Aguará.

El paso siguiente será solicitar una reunión tripartita con el MTSS, Pit-Cnt y las cámaras empresariales para continuar analizando el tema.