A poco más de una semana del allanamiento en una whiskeríaen Pueblo Centenario, Durazno, donde el dueño del local, un hombre de 44 años, fue imputado y enviado a prisión por el delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, el local reabrió y nueve de las mujeres que trabajaban allí retornaron al lugar. “Están desesperadas” por trabajar, dijo a El País la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Claudia Gutiérrez.

La carátula del caso informa que 17 mujeres estaban en el recinto al momento que se realizó el allanamiento. Gutiérrez sostuvo que solo pudieron hablar con 11 de ellas, ya que hay seis que no pudieron ser ubicadas. Y nueve coincidieron en que “no fueron explotadas sexualmente”. Estas son las que ya volvieron al local. Otra de las mujeres indicó que no “le interesa el tema” y la restante no pudo dar su testimonio debido a que sufrió una golpiza por parte de un trabajador polaco que, sostuvo Gutiérrez, se desempeña en la obra de la planta UPM2 en Paso de los Toros.

Gutiérrez, además, manifestó que nadie “se arrimó” para ayudar a esas mujeres. “El mayor problema es que se quedaron sin trabajo y no recibieron apoyo del Estado, ya que supuestamente eran víctimas”, agregó.

Pese a esto, Fiscalía sacó un comunicado en el que expresó que “en ningún momento se cuestiona el trabajo sexual”, y aclaró que lo que persigue es “la explotación sexual de las personas por el grave daño que ello ocasiona para la sociedad en su conjunto y particularmente para las víctimas”. El País intentó comunicarse en varias oportunidades con la fiscal del caso, Alicia Ghione, sin poder conseguirlo. Además, trató de hablar con la directora de Unidad Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariel Solari, quien prefirió no dar declaraciones.La ley N° 19643 establece que a aquellos que son víctimas de trata y explotación sexual se les debe brindar “asesoramiento y atención psico-social y jurídica a cargo de servicios especializados de atención”. También debe brindárseles “alojamiento apropiado, accesible y seguro, así como la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestido e higiene”. Algo que nunca recibieron las nueve mujeres, según sostuvo Gutiérrez.Tan es así, que se juntaron y con la hija del dueño del local y lograron incidir para que la whiskería volviera abrir, dijo la presidenta de la Organización Sexual de Trabajadoras. Esto fue, añadió, porque precisaban dinero, ya que “muchas tienen problemas de salud, hijos, una madre con cáncer y se encontraban a la deriva”.

El caso fue caratulado como trata desde un primer momento y, tras el allanamiento, Ghione -fiscal del caso- contó a El Observador que el imputado “les cobraba (a las mujeres) por cliente y por el tiempo”. Además, las “multaba” cada vez que salían de la whiskería con algún cliente.En la jornada del miércoles, dos mujeres, una que trabajó y otra que lo sigue haciendo en la whiskería en Pueblo Centenario, se expresaron en Radio Durazno sobre este caso. Una de ellas, Daniela, dijo que llegó a trabajar en ese recinto por un año y medio, y afirmó que siempre lo hizo “con libertad”. También habló Noelia, quien hace un año y medio trabaja en esa whiskería y coincidió con que siempre lo hizo con “total libertad”.

Daniela explicó que el acuerdo laboral que tenía con el dueño del local era que había “una barra donde se venden tragos” y que, si el cliente compraba, la mitad era para las trabajadoras y “la otra parte para el local”. “Teníamos la opción de alquilar una habitación en 300 pesos, pero eso era opcional, porque sino te podías ir a cualquier otro lugar con tu cliente”, enfatizó. Noelia afirmó que la tomó por “sorpresa” lo que sucedió el jueves 1° de diciembre. Además, recalcó que nunca fue “víctima” del dueño del local. En cambio, se definió como “víctima del sistema”. La fiscal Ghione comentó que, hasta el momento, solo hablaron con dos mujeres debido a lo complejo que es este procedimiento para las distintas víctimas. No obstante, expresó que ninguna de las dos trabajadoras va a declarar a favor del dueño del local.