CÁRCELES

El comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, divulgó un informe ayer que da cuenta sobre los problemas que enfrenta el sistema penitenciario uruguayo en la actualidad: hacinamiento, ausencia de tratamientos para adicciones, falta de operadores, programas de educación y capacitación insuficientes, escaso presupuesto, entre otros.

Uno de los datos del informe que más llama la atención es que el 90% de las personas privadas de libertad no viven bajo condiciones que le permitan una completa rehabilitación. Esa información se desprende de una gráfica del documento que indica que un 56% de los reclusos tiene insuficientes condiciones para la integración social, el 34% padece tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo el 10% tiene oportunidades de integración social.

En otro tramo del informe entregado al Parlamento, el comisionado repara en el problema de las adicciones y señala: “Son totalmente insuficientes los programas y mecanismos desplegados en las unidades para dar tratamiento a quienes efectivamente desean superar su adicción”.

El informe destaca que en 2012 se inició una “reforma penitenciaria”, basada en las normas y estándares de derechos humanos, y que en 2020 el actual gobierno anunció un Plan de Dignidad Carcelaria. Pero, de todas formas, Petit hace hincapié en que esto no es suficiente.

Y manifiesta que “el colapso del sistema, desbordado por su llamativa explosión demográfica, ha hecho muy ardua su transformación”.

El comisionado también indica que el sistema “sigue comprometido” por el hecho de poseer un presupuesto “inadecuado”, lo cual se potencia por “la extrema limitación de sus recursos” y por el “mal diseño institucional”.

¿Qué significa que las personas privadas de libertad padezcan un trato cruel, inhumano o degradante?

El informe puntualiza que “las condiciones de vida allí son ajenas a la idea del tratamiento que debe existir como finalidad de la pena”. Es decir, las personas recluidas no tienen el derecho a una capacitación, salud, educación, seguridad y comunicación. Y, sin estas oportunidades, es imposible que se conviertan en “habilitados sociales”, advierte Petit.

Como ejemplo de este maltrato, el comisionado menciona la ausencia de un régimen de patio que se cumpla regularmente. Las personas privadas de libertad pasan la mayor parte del día bajo un régimen de encierro total.

Por otro lado, el informe también integra el problema del agotamiento de los operadores penitenciarios, en parte por la falta de personal. Esto incide en que se generen relaciones de violencia entre reclusos y operadores.

En el 2021, el sistema penitenciario uruguayo tuvo en promedio unas 13.693 personas privadas de libertad, lo que representa 386 presos por cada 100.000 habitantes. Esto, según establece el informe, ubica a Uruguay en torno al puesto número 12 de países del mundo que tiene mayor cantidad de población proporcionalmente en sus cárceles.

Este crecimiento sostenido, que en 2021 respecto al 2020 fue de 10,3%, tuvo “una composición diferencial por sexo” puesto que el aumento de hombres fue de 9%, mientras que en las mujeres fue casi de un 28%.

Se pasó de un promedio de 709 internos en 2020, a un promedio de 906 en 2021. Y actualmente son 1.020 mujeres las que se encuentran privadas de libertad.

El hacinamiento es uno de los mayores problemas del sistema carcelario. En el documento señala que todo el sistema alcanza un 123% de ocupación y en este sentido expresa: “Estos niveles de sobrepoblación, además de representar condiciones que vulneran los derechos humanos, también implican importantes dificultades logísticas y de infraestructura para la planificación y gestión de actividades y programas correspondientes”.

El informe advierte que en el 2021 hubo 86 muertes bajo custodia, “la mayor cifra ocurrida en un año en Uruguay”. Este número récord supera en gran medida al mayor registro anterior, que se constató en 2010 con 53 muertes dentro del sistema penitenciario, según indica el informe.

De esta cantidad de fallecidos, 45 personas murieron de forma violenta (hubo 21 homicidios, 18 suicidios y seis muertes accidentales). El 41% de estos casos ocurrieron en la Unidad 4 “Santiago Vázquez”(ex Comcar).

Con respecto al resto de las muertes que se constataron en 2021, estas fueron por patologías, enfermedades y otras causas naturales o indeterminadas.

El comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, realizó una serie de recomendaciones al Ministerio del Interior, entre ellas la instrumentación de una reestructura administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Petit planteó modificaciones en la descripción de cargos, funciones, carreras administrativas, policiales, técnicas y operativas, “modernizando su forma de funcionamiento y toma de decisiones”. Hizo hincapié en la necesidad de estimular a los funcionarios para que desarrollen sus carreras en el área (con aumentos remunerativos). “Esta modernización, debería ser la preparación para que el INR, tal como desde hace años se viene analizando en diversos ámbitos, sea un organismo descentralizado de manera de definir y gestionar de manera racional, eficiente y lógica su presupuesto, más allá del Ministerio a través del cual se relacione con el Ejecutivo”, señaló el informe de Petit.

A su vez, mencionó el nuevo rol que cumple el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora integra a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali). Y recomendó que las personas que son liberadas, “automáticamente pasen a la orientación y cuidado (voluntario) de la Dinali”.