PATRIA POTESTAD

La desprotección y vulneración de los derechos de niños que pueden quedar expuestos ante potenciales agresores, la priorización de los derechos e intereses de los adultos contra los de los niños, y la posibilidad de extender aún más las “demoras judiciales” en los conflictos por la tenencia. Esas son algunas de las críticas que por estos días enfrentan los dos proyectos de ley que buscan establecer un régimen de corresponsabilidad en la crianza y tenencia de los menores, y que son discutidos en el Senado a propuesta del Partido Nacional y Cabildo Abierto.

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta recibió días atrás a delegaciones de distintos ámbitos de la sociedad, como la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, la Asociación Civil El Paso y dos colectivos de padres que apoyan las iniciativas -aunque uno de ellos también mantiene críticas sobre la redacción.

Las críticas más duras fueron formuladas por las representantes de El Paso, para quienes “ambos proyectos ponen en riesgo la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes ante posibles situaciones de violencia y abuso, al impedir la aplicación de medidas efectivas de protección”, según declaró el lunes 1º de junio Mariana Echeverri, una de las coordinadoras del colectivo, como consta en la versión taquigráfica.

Con redacciones y títulos diferentes, los proyectos en cuestión de los senadores blancos Carmen Asiaín, Sergio Abreu y Graciela Bianchi, y de los tres senadores cabildantes -Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano-, buscan que se establezca en el Código de la Niñez y la Adolescencia que los padres separados se dividan el tiempo con los hijos en partes iguales.

“La tenencia será siempre compartida, tratando en la medida de lo posible que el niño/a pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres”, dice el primer artículo del texto de Cabildo Abierto.

“La responsabilidad en la crianza corresponde a ambos padres. La separación de los padres no influye en la titularidad, ni en el ejercicio de la patria potestad atribuida a cada uno de ellos”, señala, por su parte, la iniciativa de los blancos en su comienzo.

La asesora jurídica de El Paso, Milka Da Cunha, cuestionó, entre otros, dos artículos del proyecto de los blancos, que a su criterio priorizan “el interés de los adultos sin poner el foco en los derechos de los niños”.

Uno de ellos propone que “la mera denuncia presentada contra uno de los padres” no tenga como consecuencia la suspensión del “régimen de tenencia alternada y su ejercicio” y otro que formula que aunque la Justicia decrete medidas cautelares contra uno de los padres por presunta violencia, deberá igualmente respetarse “el derecho del denunciado a las visitas, en las modalidades que garanticen el interés superior del menor”.

Respecto al texto de los senadores de CA, Da Cunha criticó que se busque establecer que en los casos en que la Justicia se demore más de 90 días en realizar pericias al padre denunciado “se dispondrá un régimen provisorio de visitas para evitar el cercenamiento del vínculo paterno filial”.

Fuentes políticas aseguraron a El País que ambos proyectos serán “amalgamados” en uno solo, y que se recogerán varias de las críticas planteadas por estas y otras delegaciones que comparecieron en las últimas semanas.

La abogada de oficio Carolina Camilo dijo a su turno que las dos iniciativas proponen cambios en materia procesal que tendrán como efecto “más demoras en los procesos judiciales”, lo cual afectaría directamente “a las personas que con urgencia necesitan cobrar sus prestaciones sociales”, en los casos en los que una de las partes no cumpla con la obligación de entregar las pensiones alimenticias que pueda dictar la Justicia.