OPERACIÓN FRAUDE UNIVERSITARIO

Una camioneta Land Rover Evoque extra full de 2014 por US$ 33.000, un auto de carreras Fórmula 4 por US$ 6.500, un pabellón uruguayo de 1830 por US$ 4.000 y una guitarra Fender Telecaster de la década de 1960 por US$ 2.600. Estos son algunos de los precios que se pagaron (más una comisión del 15%) en lo que se dio a llamar el “Remate del siglo”, que se realizó durante dos días en el hotel Sheraton de Colonia y culminó en la noche del sábado. Según informó el rematador Martín Carbajal a El País, el monto total de lo obtenido fue de US$ 210.000.

La subasta, dispuesta por resolución judicial, funcionó como un reloj suizo de la mano de esta casa especializada en negocios rurales y logró colocar el 98% de los lotes ofertados, algunos de los cuales se componían de hasta 80 elementos.

Participaron interesados de varios departamentos e incluso de Argentina y Brasil, atestando por momentos el amplio salón de eventos y las salas de exhibiciones del hotel coloniense. Solamente se retiró del catálogo un conjunto de monedas históricas a pedido de la Comisión de Patrimonio Histórico, que no pudo analizarlas a tiempo.

El enorme conjunto de piezas (entre las que había, además, pinacoteca, escultura, mobiliario, platería, vajilla, juguetes antiguos y medallas históricas) fue incautado en la Operación Fraude Universitario, que puso al descubierto una trama delictiva a través de la cual, durante años, se emitieron títulos universitarios falsos desde Uruguay para todo el mundo, un caso que impactó fuertemente en la opinión pública.

El operativo policial culminó con la condena de nueve personas por la comisión de distintos delitos, entre ellos, “asociación para delinquir”, “estafa y lavado” y “autolavado de activos”.

El dueño de todos estos objetos había comenzado a coleccionarlos a partir de 2004, transformándose en un acumulador compulsivo, aunque no sería hasta 2018 que se iniciara la investigación en su contra.

Todo lo que se recaudó en la subasta será vertido a las arcas del Estado (el dinero es manejado por el Fondo de Bienes Decomisados), que lo destinará luego a las instituciones que crea conveniente.

La fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, informó El País que hay otras personas requeridas por esta causa, por lo que la investigación continúa su curso. La representante del Ministerio Público destacó la importancia de que la “cadena del delito” se haya cortado, gracias al trabajo del personal de la Jefatura de Policía de Colonia y de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que contó con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, así como de la Dirección General de Impositiva.

“Es un poco difícil para la gente entender que así como hay delitos que tienen un momento de comisión, hay otros que tienen cierta continuidad en el tiempo. En este caso, lo más importante es que logramos frenar a esta persona que venía haciendo esta maniobra desde hacía años, y evitar que hubiera otros damnificados”, señaló Fleitas. Y agregó: “Pudimos identificar que hay personas en el exterior que lo ayudaban y que forman parte de esa organización delictiva, por lo que se continuará con la investigación para ver si hay más que puedan ser responsabilizadas”.

Cuando Fleitas llegó a la ciudad de Rosario como fiscal letrada departamental, estaba en curso una investigación que involucraba al pastor evangélico, músico y coleccionista Daniel Esteban Odín. El hombre era dueño de dos locales de Abitab en Juan Lacaze (de donde es oriundo) y fue condenado, en una negociación con la Defensa, a cuatro años y medio de prisión. Luego continuará su pena en libertad vigilada.

La investigación también abarcó a su familia y terminó con la formalización de otras personas (que hoy están en régimen de libertad vigilada), por una estafa continuada que dejó damnificados en países tan distantes como Alemania, Tailandia y Taiwán.

“Yo retomé la investigación con el apoyo de la Fiscalía de Corte y de la Policía a nivel nacional”, explicó la fiscal.

Y continuó aportando los detalles del operativo: “Pude tener acceso a peritos que me ayudaron a desentrañar que se trataba de una asociación criminal que cometía estafas en varios países. Estas personas creaban sitios web que figuraban como universidades, algunas de las cuales existían y otras no. Ofrecían títulos universitarios, daban clases y los damnificados pagaban por esos papeles apócrifos. Esta persona recibía los pagos que venían del exterior a través de Western Union y los cobraba en distintos locales de Abitab que manejaba parte de la familia, utilizando para ello los nombres de personas que concurrían a los locales a cobrar su jubilación o a hacer un giro (y que desconocían que se utilizaban sus datos filiatorios). Luego se enviaba dinero desde Uruguay al exterior, a un socio que ya lo tenemos requerido. Hay que decirlo: esto es un brazo ejecutor de una organización criminal internacional”.