PUSIERON LA LUPA

Intendente rechazó dictamen de organismo de contralor.

Funcionarios que comienzan a trabajar en la Intendencia de Rocha sin contar con la designación correspondiente. Trabajadores con contratos vencidos que siguen prestando servicios y cobrando sueldos, sin que se hayan aprobado las resoluciones de prórrogas. Se constataron diferencias entre las liquidaciones de sueldos y lo informado en la historia laboral al Banco de Previsión Social (BPS). Estos son algunos de los argumentos utilizados por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para brindar una opinión adversa sobre las cuentas de la comuna rochense.

El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra (Frente Amplio) calificó de "aberración" y "de disparate" las afirmaciones del Tribunal de Cuentas sobre que en la comuna hay funcionarios que no fueron designados o con contratos vencidos. "Esa no es la realidad de la Intendencia de Rocha. Todos los ingresos a la intendencia son a través de llamados públicos y por concurso", aseguró Pereyra.

Indicó que los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil de 2016 muestran que no ingresaron funcionarios en la Intendencia de Rocha en forma directa y agregó que los cargos de confianza son 38 y cesan al finalizar el mandato. "Antes seguían en su cargos. Pero en la administración pasada (de Artigas Barrios) se sacó una resolución que señala que estos deben salir de la administración", señaló Pereyra.

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En un dictamen adverso, algo inusual en el Tribunal de Cuentas, se expresa que la Oficina de Administración de Personal de la Intendencia de Rocha no siempre cuenta con la información en tiempo y forma y tiene dificultades para comunicar las altas al BPS y para realizar la correcta liquidación de haberes de los funcionarios.

El fallo también le dedica un capítulo a la comparación de los montos expuestos en la Rendición de Cuentas de la intendencia de Rocha con los que resultan del sistema contable al 31 de diciembre de 2016.

El Tribunal de Cuentas constató que la intendencia de Rocha pagó un total de $ 1.320 millones según el documento de la Rendición de Cuentas. Sin embargo, dice el TCR, los pagos hechos según registro contable ascienden a $ 1.275 millones, lo que implica, según el órgano de contralor, una diferencia de $ 45 millones.

De acuerdo con el tribunal, el monto total de las deudas impagas expuesto en la Rendición de Cuentas asciende a $ 162 millones, mientras que en el sistema contable el saldo de dichas cuentas es de $ 103 millones. Es decir que hay una diferencia de $ 58 millones, señala el dictamen. El fallo criticó a la intendencia de Rocha por incluir como recursos ingresos que no correspondían al ejercicio 2016 por $ 14 millones.

Advierte que la intendencia no registró las diferencias de cambio generadas por las deudas con sus acreedores y por las deudas convenidas en dólares, Unidades Indexadas y Unidades Reajustables, pero sí fueron expuestas en los estados de la Rendición de Cuentas. Las diferencias ascienden a $ 20 millones.

Además, se expone bajo el título "Acreedores por Juicio" un importe de $ 57 millones mientras que, de acuerdo a los informes del Departamento Jurídico de la comuna y documentación reunida por el Tribunal de Cuentas, las demandas contra la comuna con sentencias de condena impagas al 31 de diciembre de 2016, ascienden a $ 63 millones.

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Pereyra dijo que cuando el Frente Amplio asumió en la Intendencia de Rocha en 2005, debió refinanciar una deuda por $ 1.000 millones. "En esas deudas, también eran acreedores el diario El País y Anda, entre otras empresas. Nosotros hicimos convenios y el Tribunal de Cuentas observó a la intendencia porque habíamos conseguido quitas", recordó.

Destacó que la deuda que tiene la intendencia de Rocha es la convenida y sostuvo que, antes del 2005, Rocha era considerado deudor Grado 5 por el Banco República. "Hoy contamos con créditos y hacemos obras. Hay un equilibrio absoluto en las cuentas".

La administración frenteamplista "transparentó" los números de la comuna de Rocha desde 2005, dijo. En ese año, agregó, habían 2.100 funcionarios que no cobraban. La plantilla es 1.500 empleados, dijo Pereyra.

La nota ha sido modificada de su versión original.