El sábado pasado más de cien presos de la Cárcel de Canelones se juntaron en un sector de esa prisión. Allí realizaron un minuto de silencio y luego aplaudieron, en homenaje a uno de sus compañeros, un joven de 23 años, fallecido ese día en el Módulo 2 de ese lugar.

Estaba cumpliendo una pena por hurto y le faltaban cinco meses para salir de prisión, pena que cumplía en una celda hacinada en un módulo particularmente hacinado. Murió por una descarga eléctrica en el baño a raíz de una instalación defectuosa, en el marco de un lugar con carencias extremas en temas de infraestructura que, en cierto modo, explican su propia muerte.

Padecía de severos problemas para leer y escribir y necesitaba en forma urgente de tratamiento por salud mental y adicciones, además de mecanismos de integración que pidió, pero que nunca consiguió en la prisión.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, sostuvo este martes que el hecho, además de trágico, es representativo del estado de muchos sectores de las prisiones que el país no ha podido cambiar. En diálogo con El País Petit recordó que desde 2015 viene advirtiendo al sistema político que esa cárcel -y en particular ese sector- mantiene condiciones inaceptables desde todo punto de vista que, más allá de reformas puntuales, no se han atendido.

"Esta muerte debe ser un gran llamado de atención para trabajar en una reforma penitenciaria", reclamó el comisionado. "Demuestra que Uruguay está muy lejos de tener el sistema penitenciario que puede tener y que merece".

Petit señaló que la ocurrencia de una desgracia de este tipo no puede motivar el señalar con un "dedo acusador", pero se preguntó qué le pasa la sociedad cuando algo que se planteó hace siete años sigue sin resolverse, en un Estado como el uruguayo que tiene recursos importantes y que es reconocido por sus políticas sociales.

El comisionado llamó a atender a una población perdida, que cometió delitos pero que debe rendir cuentas de una manera en la que puede volver a integrarse en la sociedad.

Ubicada en las afueras de la capital departamental, Canelones es una de las cárceles con una situación crítica de hacinamiento. El último oficial, de 2021, indicaba que había allí 134 presos por cada 100 plazas disponibles. En el Módulo 2 el hacinamiento llega a 176%. Según la Oficina del Comisionado Parlamentario, las cifras son sensiblemente superiores: 152% y 199%. Es decir que en el lugar donde murió este joven dos presos deben compartir una sola plaza.

Forma parte además de las seis prisiones del país en las que sigue habiendo tratos "crueles, inhumanos y degradantes" que hacen imposible cualquier tipo de reinserción social para los presos.

Tiene 16 pabellones distribuidos en tres plantas. El Módulo 2, en el que murió este joven, está claramente separado del resto del edificio. Está compuestos por cuatro sectores. Cada uno tiene dos pisos y las celdas poseen cada una cuatro cuchetas de hormigón. En los últimos tiempos, algunos reclusos construyeron camas de madera. La población en cada celda excede en buena medida esa capacidad.

El problema de las roturas y deficiencias en la instalación eléctrica y de agua es de larga data. Si bien en los últimos tiempos hubo arreglos, la situación es estructural.

Con 1.165 reclusos - 698 de ellos en el Módulo 2 - apenas el 15% mantiene algún tipo de actividad educativa formal en la prisión. Un poco más, el 21%, registró el año pasado algún tipo de actividad laboral semanal.

Las autoridades son conscientes de este problemática. Ya a fines de 2021 ante el Parlamento el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hablaba de Canelones como una de las cárceles en las que se violaban los derechos humanos.

Parte del hacinamiento del sistema sería solucionado según el ministerio a partir de la construcción de tres nuevos módulos en el predio del Penal de Libertad. con un total de 1.430 plazas.

Se trata de un proceso que que fue anunciado hace más de un año. Fuentes de esa secretaría indicaron a El País que está a estudio la oferta económica elevada por el el único oferente que se presentó al llamado. Se trata de un consorcio integrado por las principales firmas constructoras nacionales. Si esa etapa se supera, se estaría ingresando al análisis de la propuesta técnica de la oferta.

También lo saben los parlamentarios, que hace casi un año y medio recibieron un informe elaborado por el sindicato policial de Canelones (Sidepac), en el que se denunciaba incluso cómo los policías del lugar eran extorsionados a manos de los propios reclusos.

Los funcionarios habían hablado también allí de carencias severas en el suministro de agua potable a la cárcel, lo que volvía imposible cualquier intención de mantener una higiene mínima. En sindicato había planteado además que que ese centro presentaba los peores indicadores del sistema penitenciario en cuanto a nutrición. La comida, aseguraba el informe, era "agua con retazos de cuero de chancho y pedazos de huesos". Eso obligaba a dejar que la visita llevara alimentos para compensar la situación, lo que se convertía en otra vía para el ingreso de elementos irregulares a la cárcel.