El gobierno evalúa si lo peor de la crisis hídrica ya pasó tras el impacto de las lluvias consecutivas de días pasados. Hay elementos que, según indicaron fuentes del Poder Ejecutivo a El País, muestran señales de recuperación. Por ejemplo, las reservas de la represa de Paso Severino, principal fuente de agua dulce para la zona, fueron aumentando llegando ayer a 7.855.191 m3. Al mismo tiempo que siguen bajando los niveles de sodio y cloruros en las tres líneas de bombeo de OSE para Montevideo y zonas aledañas. El agua de la canilla se mantiene en niveles de agua potable, según lo establecido en el decreto 375/11. Incluso por debajo de algunas aguas embotelladas nacionales e importadas.

Este nuevo escenario lleva a las autoridades a ratificar el rumbo manteniendo medidas como no aplicar una rebaja tarifaria de OSE -como ha pedido desde mediados de mayo el Frente Amplio. Esto se da, entre otros motivos, porque la firma estatal deberá encarar obras significativas y necesita de recursos, dijeron las fuentes.

Además, los informantes resaltaron que el agua para beber representa solo el 5% del consumo. Y enfatizaron que en el futuro cercano se aplicará un paquete de desarrollos “muy grandes” en OSE que insumen costos: las obras de saneamiento en 61 localidades del interior por US$ 284 millones, sumado a unos US$ 250 millones del Proyecto Arazatí. La última obra es resistida por el sindicato de OSE (Ffose) y el Frente Amplio.

Fuentes del Ejecutivo recalcaron que la obra en Arazatí significaría la inversión más importante en los últimos 150 años; incluso antes de que se formara la OSE, en 1952, sino en referencia a la época de la Compañía de Aguas Corrientes, del siglo XIX.

Si bien la obra prioritaria es Arazatí, el gobierno no descartó construir la represa de Casupá, en Florida, tal como indicó días atrás el gerente general de OSE, Arturo Castagnino. “La obra que este gobierno tiene hoy comprometida y licitada es Arazatí. Pero la generación de distintas alternativas de fuentes de agua va a ser un tema de hoy y de los próximos años”, agregaron las fuentes.

En este contexto, OSE también invirtió en obras de urgencia, tales como la obra de trasvase de agua del río San José al Santa Lucía, con el objetivo de brindar un 40% del agua que consume la zona metropolitana, a un costo de US$ 35 millones. Esta medida, que provocó críticas de la oposición por considerarla tardía, supone instalar caños provenientes de Brasil y Argentina, que se tramitaron de urgencia.

“Hicimos todo lo posible para mantener cierta calidad de agua. De hecho, contrariamente a lo que pensamos en algún momento, nunca dejó de ser bebible”, dijo una alta fuente del Poder Ejecutivo.

En las últimas semanas el gobierno resolvió dar gratis dos litros de agua mineral por día a 500.000 personas de contexto vulnerable, usuarios del Ministerio de Desarrollo Social y jubilados y pensionistas de ingresos mínimos, del área metropolitana. Y se exoneró de impuestos al agua embotellada.

Mientras el Ejecutivo mide cómo evoluciona la crisis hídrica, también se enfrenta a los sindicatos de OSE, UTE y Ancap, que se declararon en conflicto e iniciaron medidas ante un “recorte y el desmantelamiento” de las empresas públicas.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer en rueda de prensa que las medidas, sobre todo de Ffose, generaron “preocupación” en el gobierno. En particular por si alguna acción afectaba la usina de Aguas Corrientes, que abastece al área metropolitana. “Hasta el momento eso no ha ocurrido”, y esperó que esto “no se dé”, dijo.

Delgado acotó que se realiza un “monitoreo día a día” de la situación y estimó que el pico “ya pasó”. Valoró, además, el crecimiento de Paso Severino y que el caudal del Santa Lucía ya está embalsándose en la represa de Belastiquí.

“Las reivindicaciones son todas respetables, pero en este caso hay un límite que tiene que ver con el bien común”, acotó el jerarca.

Por su parte, Federico Kreimerman, presidente de Ffose, puntualizó ayer que el personal de OSE está trabajando a reglamento, “bajo régimen de guardia gremial, sin cobrar, asegurando el servicio de agua potable”.

El conflicto, dijo, “puede durar tanto como la voluntad del gobierno y el directorio de solucionarlo”.

El sindicato denunció que “se han ido 1.100 funcionarios desde la última vez que entró alguien”. Kreimerman incluso dijo que “hoy faltan 500 funcionarios para llegar a eso que el directorio de OSE solicitó como dotación mínima para funcionar”. De esta forma, buscan “evidenciar” que si no trabajan extra, OSE “no funciona”.

El caudal de las últimas lluvias consecutivas rompió el dique provisorio construido sobre el río San José a la altura de Paso Campanario. OSE desembolsó $ 28.449.888 a la empresa Cujó para el desarrollo de esta represa con el objetivo de controlar la marea del río y evitar un perjuicio ante una baja repentina, pero fundamentalmente para embalsar agua bruta para abastecer a otra obra paralela.

Se trata del trasvase del San José al Santa Lucía. Esto implica colocar 13,5 kilómetros de caños importados, con el fin de abastecer con hasta 200.000 m3 al Santa Lucía a la altura de Belastiquí. Esa agua será bombeada por la Usina de Aguas Corrientes para luego ser distribuida a Montevideo y zonas aledañas.

Fuentes de OSE indicaron que el perjuicio generado en el dique de Paso Campanario era posible, pero que se está trabajando para volver a rellenar la zona afectada. Este episodio no genera un perjuicio en la obra principal, que se desarrollo en las márgenes de la ruta 45 y Camino La Paloma. Seis empresas constructuras (Ciemsa, Cujó, Espina, Saceem, Stiler y Teyma) instalan a unos tres metros de profundidad, ductos que llegan principalmente de Río de Janeiro, Brasil.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó ayer que “impresiona ver los 14,15 camiones por día con caños viniendo” y dijo que “se están colocando en tiempo real”. Aseguró, se “terminará en poco tiempo”. No obstante, el presidente Luis Lacalle Pou dijo el 19 de junio que se culminaría en un mes. Días después dijo que la fecha había sido indicada por OSE.