Tras un informe negativo de los técnicos del Ministerio de Ambiente sobre el megaproyecto que se busca construir en la icónica zona rocosa de Punta Ballena, el impulsor privado dio respuesta —tras el pedido de una prórroga— con críticas a la actuación de la cartera, con una defensa ante los eventuales efectos ambientales, y con un pedido de más tiempo para contestar con mayor profundidad. Además de que recuerda el vericueto legal detrás de la propiedad de los terrenos, disputa que estuvo durante años en la Justicia. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, el ministro Robert Bouvier deberá decidir cómo seguir adelante.

El informe técnico del área de evaluación de impacto ambiental del ministerio, de setiembre y al que tuvo acceso El País, recomendó “rechazar la solicitud del privado, denegando la autorización ambiental previa”.

Los técnicos concluyeron que el proyecto “generará afectaciones irreversibles sobre la diversidad biológica y el ecosistema terrestre” dada su “extensión y magnitud”. Pero, además, argumentaron que “no existe evidencia fundada de medidas de mitigación efectivas” para la afectación que tendría sobre el lugar.

En respuesta al extenso informe técnico de la cartera, los privados entienden que “no se respetó de manera adecuada” su derecho de defensa debido a que el Ministerio de Ambiente no les notificó “importantes informes y documentos” que se agregaron al expediente durante el proceso de estudio ambiental. Por lo tanto, más allá de las documentos que incluyen en la respuesta (un informe ambiental y la postura del abogado Carlos Delpiazzo), “se reservan el derecho de solicitar otros medios de prueba, agregación de informes, etcétera”. Sobre todo, continúan en la respuesta, cuando de rechazarse la autorización ambiental previa “se podrá producir una grave afectación al derecho de propiedad y una transgresión de los acuerdos celebrados” entre los dueños de los terrenos y la Intendencia de Maldonado.

Para los impulsores del proyecto, “si se entendía que debían abordarse” los aspectos que aparecieron en documentos e informes nuevos “sin que se diera vista”, en lugar de “utilizarlos como argumento para denegar, se debió, en primer término”, notificarles “dando la oportunidad, con tiempo suficiente, de producir informes”. En ese sentido, piden más tiempo para evaluar toda la información que se sumó en el expediente en Ambiente.

Lainiciativa consiste en la construcción de 29 edificios residenciales en la zona rocosa de Punta Ballena de Maldonado, con una inversión estimada de US$ 100 millones. Cada edificio se proyectó —según se desprende del informe de Ambiente— con cuatro niveles, con servicios e infraestructura asociada incluyendo la construcción de ocho salones múltiples, porterías, garajes, piscinas y calles internas.

El abogado Delpiazzo, ante la consulta de los privados, recordó que en un acuerdo de 2014 (que tuvo la aprobación de la junta departamental en 2017) la Intendencia de Maldondado acordó con los propietarios de los padrones que conforman la Punta Ballena la distribución de las áreas, pasando a dominio público del gobierno departamental la “ruta panorámica, los miradores y la faja de terreno que rodea la península al pie de los alcantarillados”. Al mismo tiempo, en esa instancia se pactó la “viabilidad de un proyecto constructivo a desarrollar en los lotes de propiedad privada”.

Para Delpiazzo, “objetivamente considerando”, el informe técnico “no contempla —ni siquiera contempla— los beneficios para Maldonado y para la comunidad local y nacional que implica el aporte que se hace a la dominialidad pública que deriva del proyecto y que se perderá en caso de que el mismo no pueda ejecutarse”.

Además, dijo que, si el Ministerio de Ambiente rechaza el proyecto, “el Estado deberá erogar importantes sumas de dinero para expropiar la propiedad privada de dicha ruta panorámica, los miradores y las áreas de costa acantilada, pudiendo disponer sus propietarios, en caso contrario, en la forma que consideren más conveniente”.

Por otra parte, el abogado se refirió a los argumentos en el informe de Ambiente para rechazar el proyecto a partir de las observaciones de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot). Delpiazzo argumentó que “no hay mérito” para denegarle la autorización ambiental dado que el “fundamento esgrimido” en ese documento “no es exacto” porque “no se ajusta a lo dictaminado” por la propia Dinot y “confunde fraccionamiento con reparcelamiento”.

La respuesta de los privados también incluyó un informe técnico con críticas al documento que se elaboró en Ambiente y que recomienda rechazar la autorización ambiental previa.

La empresa evaluadora de los privados aseguró en su informe que “el proyecto ha incluido un conjunto importante de medidas de mitigación relacionados con dos aspectos claves como lo son la biodiversidad y el paisaje”. Uno de los argumentos es que la iniciativa y las “medidas de gestión definidas tendrán un efecto muy importante para contribuir a la preservación de la flora nativa de Punta Ballena en virtud del avance inminente de las amenazas identificadas (evolución de especies invasoras)”.

También explicó que el “proyecto conserva la mayor parte de las superficies críticas (se conserva el 91%), y sobre esta base fue considerada baja probabilidad de que la pérdida de hábitat por presencia física del proyecto afecte la sostenibilidad de alguna de las poblaciones de las especies amenazadas, endémicas o prioritarias para la conservación de Punta Ballena”. Pero, además, la empresa dijo que “hay expresiones esgrimidas” en el informe de los técnicos del Ministerio de Ambiente “que no fueron expresadas por el equipo evaluador” de la propia cartera, “siendo la más crítica, la de asociar al proyecto la propagación de especies exóticas invasoras”.

La empresa respondió también a los cuestionamientos sobre el impacto que tendrá en el tránsito el proyecto inmobiliario. A entender del privado, la iniciativa “no altera la situación actual que en alta temporada actualmente presenta una condición de carga sobre Punta Ballena, correspondiendo a laIntendencia de Maldonadola decisión de adoptar medidas específicas sobre esta zona”.

Sobre lo visual, se argumentó que el “diseño del proyecto se ha formulado para optimizar la inserción del mismo en el entorno, cumpliendo con los parámetros de edificación establecidos por la normativa municipal y respetando la topografía del terreno generando bloques curvos que acompañan las curvas de nivel del terreno”.

En ese sentido, se añade: “Se incluye un conjunto de medidas de mitigación y gestión para minimizar el efecto sobre el paisaje en general y en especial en visuales más relevantes, destacando entre las principales el tratamiento de fachadas para controlar la gama de cromaticidad original, utilizando roca producto de la excavación y hormigones con tratamiento de colores adecuados al entorno incluyendo vegetación característica de la zona en la jardinería", entre otras.