Redacción El País
El Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República (UdelaR) difundió una declaración expresando su "preocupación ante irregularidades" con respecto a la participación social y el acceso a la información pública en el procedimiento de autorización ambiental del proyecto Arazatí.
Semanas atrás el Ministerio de Ambiente anunció que el 3 de octubre se realizará una audiencia pública ambiental sobre este proyecto, cuando todavía está en curso la puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen presentado por la empresa. En una declaración, desde UdelaR señalaron que "el público tiene el derecho de conocer las observaciones al documento que se ha hecho público así como las respuestas de los proponentes y del Estado ante ellas".
"En los tiempos planteados es inviable que se cumpla efectivamente con los derechos a la información y participación en temas ambientales protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú en efecto en Uruguay desde el año 2021", añadieron en el texto.
En ese sentido, desde la universidad expresaron que "el Estado tiene obligaciones definidas contempladas en diversos instrumentos internacionales ONU (resolución sobre derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Acuerdo de Escazú), regionales de la OEA (Protocolo de San Salvador), y locales (art. 47 de la Constitución de la República)" e indicaron que "el derecho internacional y la normativa nacional reconocen que las personas y organizaciones sociales tienen derecho a participar efectivamente en los procesos de elaboración de planes y políticas que afecten el ordenamiento territorial y el ambiente".
La UdelaR advierte que "la participación no puede ser sobre hechos consumados, proyectos elaborados o de facto aprobados" y "el Estado uruguayo tiene que garantizar el cumplimiento de los acuerdos y derechos a los que suscribe".
Por último, exhortaron a las autoridades del Ministerio de Ambiente a que garantice y respete "los derechos de la ciudadanía ofreciendo las mejores condiciones para acceder a la información y participar en las decisiones que afectan derechos tan importantes para sostener la vida de seres humanos y no humanos en el Uruguay".
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