Redacción El País
La Red Unión de la Costa anunció que entregará este jueves al mediodía al Ministerio de Ambiente más de 3.000 firmas para solicitar la prórroga de la etapa de puesta de manifiesto del proyecto inmobiliario presentado para construir un complejo residencial de 29 edificios en Punta Ballena.

En tanto, desde la red se insta a la ciudadanía a "continuar haciendo comentarios a esta puesta de manifiesto hasta agotar el tiempo en que esta esté abierta".

"Recordamos que luego de esta etapa tendrá que realizarse la audiencia pública donde todos los ciudadanos debemos participar y exponer nuestros motivos frente a los realizadores de este proyecto y las autoridades ambientales", expresó la red que une a comunidades, ciudadanía y academia para la protección del ambiente.

Este martes el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, informó que se trata de una iniciativa privada. Los responsables del proyecto presentaron al ministerio un informe de impacto ambiental que es analizado por la cartera. En el texto se explica que el emprendimiento plantea la construcción de 29 edificios con sus servicios e infraestructuras asociados (incluyendo la construcción de ocho salones de usos múltiples y porterías), totalizando 320 unidades de vivienda.

“Son terrenos privados. Veremos en las instancias de consulta ciudadana la evaluación que tenemos y la de impacto ambiental que haremos”, añadió Bouvier.

Los edificios se situarían a ambos lados de la Sierra de la Ballena y su acceso se prevé por Carlos Páez Vilaró (ruta panorámica), accediendo por la Ruta Interbalnearia, en el km 121.

Ya se han hecho diversas manifestaciones contra el proyecto en Maldonado. Además, se creó una cuenta en Instagram para actualizar información sobre el proyecto y advertir sobre los peligros de que se lleve adelante.

Según consta en el sitio web del ministerio, este proyecto fue aprobado por el ejecutivo de la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado, y forma parte de un acuerdo transaccional donde las partes realizaron concesiones recíprocas para “poner fin a una situación que fue resuelta definitivamente por la Suprema Corte de Justicia y que busca contemplar intereses públicos y privados en juego”.