La población carcelaria en Uruguay supera las 16.000 personas. En una campaña electoral en la que la búsqueda de acuerdos es una idea recurrente en el discurso político, el área vinculada al sistema penitenciario es una de las que cuenta con algunos consensos, aunque también grandes discrepancias.

Una base de datos del Birkbeck College de la Universidad de Londres llamada World Prison Brief cuenta con información sobre el sistema carcelario de 223 territorios de todo el mundo, incluido Uruguay. Entre la información que recolecta y comparte a través de distintas tablas está la población penitenciaria total, la cantidad de reclusos extranjeros, el nivel de ocupación y la tasa de población carcelaria cada 100.000 habitantes.

Si bien en la mayoría de las mediciones Uruguay se encuentra "a mitad de tabla", figura entre las primeras posiciones en la lista de los países con mayor tasa de presos en relación a la población, que está liderada con amplia diferencia por El Salvador con 1.659 reclusos cada 100.000 habitantes.

En segundo y tercer lugar están Cuba y Ruanda, con 794 y 637 respectivamente. Esta es la única tabla en la que Uruguay aparece entre los primeros 10 puestos, ubicándose en octavo lugar, con una tasa de 449.

En lo que refiere únicamente a Sudamérica, Uruguay lidera la gráfica, seguido muy de cerca por Brasil con una tasa de 408 y Chile con 310.

Tanto el Compromiso País elaborado por la Coalición Republicana como las Bases Programáticas del Frente Amplio tienen un espacio dedicado a políticas para mejorar el estado del sistema penitenciario.

La coalición plantea impulsar cárceles de modalidad mixta, en las que el Estado tenga control de las políticas de seguridad, rehabilitación y reinserción, mientras que privados se dediquen a servicios como alimentación, higiene, lavandería y vestimenta.

Además, se insiste en la idea de construir una cárcel de máxima seguridad, en la que opere un equipo especializado, que sirva "para alojar a privados de libertad peligrosos, narcotraficantes e integrantes del crimen organizado, con aislamiento y suficiente grado de seguridad". Además, buscan actualizar las normas penales para tener un "mayor impacto" contra el crimen organizado, creando incluso nuevos delitos.

En el Compromiso País también se propone la creación de planes focalizados, "impulsando la presencia de clínicas para privados de libertad dentro de las unidades penitenciarias".

Por su parte, el Frente Amplio destacó 10 medidas prioritarias vinculadas al tema cárceles, entre ellas la necesidad de "abatir la sobrepoblación carcelaria y con ella sus efectos nocivos de recuperación de la persona", para lo que propone que "no todos los hechos delictivos tengan la misma respuesta". En este sentido, la coalición de izquierda apunta a medidas no privativas de libertad y medidas de justicia restaurativa como "enfoque alternativo".

En el documento también se hace referencia a mejorar atención de salud de las policlínicas en cárceles, reducir la violencia institucional, mejorar condiciones de los centros penitenciarios y profundizar en políticas de integración social para quienes estuvieron recluidos.

Además, se promete fortalecer el apoyo y coordinación del Estado con la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), para generar programas de becas laborales e incentivos en el área privada para que contraten expresos.