El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentó ayer junto al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) un informe sobre la violencia infantil en el país. Según los resultados de este trabajo, en el último año hubo 7.035 situaciones de este tipo que fueron atendidas, cifra que representa un incremento del 43% respecto al año anterior, cuando empezó en Uruguay la pandemia por el covid-19.

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo a El País que “casos nuevos son 2.882”, porque “los demás se vienen atendiendo de años anteriores”. En 2020 habían sido 4.911 las situaciones atendidas, de las que “más de la mitad” eran casos de violencia recurrente.Además, Abdala hizo énfasis en que 7.035 fueron los casos atendidos por el sistema, el subregistro continúa siendo grande: “La cifra negra es muy alta”, sostuvo. Esto se debe, mayoritariamente, a tres situaciones que son destacadas por Abdala: El primero es que el 91% de los casos de violencia infantil ocurre en el hogar, espacio de difícil acceso. El segundo es que el 65% de las víctimas no es consciente de que está sufriendo violencia porque “nace inmerso en ella” y la normaliza. Por último, está el hecho de que el 74% son situaciones de alta cronicidad, es decir de violencia recurrente.“La mayor dificultad de estas es el acceso a las familias, porque estamos hablando de situaciones que acontecen puertas adentro”, explicó Abdala: “Esto hace que la detección sea difícil, porque los niños no están en condiciones de denunciar, sobre todo los más chiquitos”.Respecto a la “normalización” de la que habla el presidente del INAU, cabe destacar que el grupo más afectado es el comprendido entre los 6 y 11 años de edad. Estos son los niños más vulnerables.

Según el informe del Sipiav, el 91% de los agresores son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, porcentualmente siendo los padres quienes ejercen violencia en mayor medida -en un 35% de las situaciones- y las madres -en un 23% de los casos.“Esto está muy asociado con la incidencia del consumo problemático de drogas en los referentes adultos”, aseguró Abdala. Y agregó que el 50% de los casos de niños institucionalizados en el INAU están vinculados con alguna forma de violencia, mientras que un 20% corresponde a factores económicos. Unos 386.000 niños y adolescentes viven en hogares en donde se encuentran expuestos a violencia basada en género y el corte es “horizontal” si se habla de ámbitos sociales, dijo también Abdala: “La situaciones de violencia tienen distintas características, pero ocurren en todos lados”, añadió.El informe también destaca que el mayor tipo de violencia registrado es el maltrato emocional, con un 37% de los casos, seguido por negligencia, con un 24%. El 20% corresponde a abuso sexual, el 17% a maltrato físico y, por último, un 2% corresponde a explotación sexual. “No tengo dudas sobre que asistimos a la concurrencia de dos fenómenos: por un lado un incremento en la violencia y por el otro un mayor registro y atención a estas situaciones”, mencionó Abdala.

En 2021, la Línea Azul recibió en el entorno de 14.000 llamados, de los que la mitad tuvieron que ver efectivamente con violencia hacia niños. De esos 7.000, aproximadamente, una mitad fue para realizar denuncias y la otra por pedidos de asesoramiento ante determinadas situaciones.

El presidente del INAU, Pablo Abdala, explicó a El País que “cuando se habla de violencia hacia los niños, no se trata solo de situaciones delictivas, sino también de malos tratos que no configuran un delito”. “De pronto hay casos en que, si se llevan a la Justicia, no se formaliza a nadie, pero no dejan de ser malos tratos. Incluimos todo”, aseguró Abdala.Sobre la forma en la que se llega al conocimiento de situaciones de este tipo, destaca la Línea Azul. Se trata de un mecanismo del INAU para denunciar irregularidades que afecten a los derechos de los niños.

No obstante, Abdala asegura que la mayor parte de las denuncias no proviene de esta línea, sino “del trabajo en territorio”, en los propios dispositivos del INAU o las policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Hay niños que van a centros CAIF o a policlínicas presentando lastimaduras, o niños que dan signos de depresión y dicen comentarios que alertan a los equipos”, mencionó Abdala. El INAU detecta casos, también, por denuncias ante la Justicia, o sobre todo en las comisarías. Según explicó el presidente del INAU, la mayor dificultad está en “el acceso a las familias”: “Estos casos acontecen puertas dentro, lo que genera situaciones de difícil detección”. Además, los más chicos, “no están en condiciones de hacer una denuncia”, agregó Abdala.