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EDUARDO BARRENECHE

Un gran porcentaje de policías acataron el paro por mejoras salariales y en la mayoría de las seccionales de Montevideo no se realizaron tareas administrativas en alguno de los dos turnos, según un sondeo de el país entre agentes subalternos.

Sin embargo, el director de Seguridad de la Jefatura de Montevideo, Luis Mendoza, relativizó las versiones de los efectivos y señaló que no tiene "una queja" de un vecino sobre que no pudo hacer un trámite en una seccional. "En la Jefatura y sus dependencias todo fue normal. Hubo hasta más procesamientos que el día anterior y los patrullajes fueron los corrientes", remarcó.

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), promotora de la movilización, dijo a El País que el paro tuvo un acatamiento que osciló entre el 10% y el 80% según el departamento. En Montevideo, la medida "fue respaldada por el 80% de los policías", dijo Guillermo González, de Conasip.

Un apoyo de esa magnitud equivaldría a 4.800 de los 6.000 agentes montevideanos.

Fuentes del Ministerio del Interior argumentaron que si en Montevideo la movilización alcanzara tal entidad, el gobierno debía declarar la escencialidad de los servicios, ya que en la ciudad habría comisarías vacías y problemas de seguridad.

Una versión similar manejó la Mesa Intersindical de Sindicatos Policiales que no participó de la movilización organizada por la Conasip. "Creemos que ahora es el momento de negociar y no de hacer paros", explicó el dirigente de la Mesa Intersindical, Ernesto Carreras.

DIFERENCIAS. Una recorrida efectuada ayer por el cronista de El País constató la presencia de por lo menos cuatro equipos a pie de Policía Turística patrullando por la avenida 18 de Julio. En cuatro horas, solo vio dos móviles policiales cruzar la avenida rumbo a los barrios. Era obvio que el patrullaje no tenía relación con el aluvión de personas que circulaban por la avenida 18 de Julio aprovechando los descuentos del "Día del Centro" y compras para el Día del Padre del domingo.

Sin embargo, el movimiento de patrulleros alrededor de la Jefatura fue inferior al de otros días. Parecía el de un domingo o un feriado.

Silvia, una agente de primera de la Seccional 2°, señaló que en los turnos de la mañana y de la tarde no se realizaron trámites administrativos, como denuncias por extravíos de cédula o hurtos, entre otros.

Mientras que Hugo, agente de 1° de la Seccional 21°, indicó que antes del paro ya habían acordado entre todos los policías no hacer trámites administrativos en el mostrador de la comisaría.

"Estoy de acuerdo con la medida porque gano muy poco. Si no hago 222 me muero de hambre. Debo reconocer que cobro el 30% porque me endeudé y eso es culpa mía", dijo el agente.

El cabo Mauricio, de Interpol, señaló que prácticamente todos los efectivos de esa repartición habían acatado el paro. "Es una detención de tareas de brazos caídos. No vamos a salir a la calle a patrullar ni a hacer procedimientos", indicó.

El agente Luxemburgo expresó que en dependencias de la Jefatura "el ambiente está caldeado" porque varios policías pararon y ello generó malestar de sus superiores.

Autoridades de la Jefatura y mandos de Investigaciones negaron que el acatamiento fuera elevado. Mendoza dijo que agentes agremiados brindan versiones a la prensa para "desestabilizar" a la Policía.

Con unos 200 policías de civil protestando cerca del Palacio Legislativo, la discusión de los artículos vinculados al Ministerio del Interior concentró buena parte de la polémica ayer en la Cámara de Diputados, en el segundo día de tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno.

La discusión incluyó reproches entre blancos y frenteamplistas, y arrancó cuando el diputado blanco Pablo Abdala calificó de inconstitucional el artículo 132, que establece el retiro obligatorio de los oficiales policiales superiores con causal jubilatoria, que se encuentran en situación de disponibilidad. Abdala exigió el retiro de ese artículo, en el entendido de que la Constitución indica que las normas de presupuesto no pueden modificar el régimen jubilatorio. Desde el oficialismo se defendió la constitucionalidad del cambio, pero -tras un cuarto intermedio y las correspondientes consultas a asesores jurídicos y al Ministerio del Interior- aceptaron quitar el artículo de la Rendición.

Lo reformarán y enviarán más adelante a través de un proyecto de ley, en acuerdo con Interior. Abdala tomó el cambio como una victoria y afirmó: "Las razones prevalecieron sobre las posiciones políticas y preconceptos".

TENSIÓN. El diputado blanco participó de un intercambio fuerte con el socialista Gustavo Bernini. Abdala anunció que la comisión de legislación laboral de Diputados espera la comparecencia de la ministra del Interior, Daisy Tourné, para tratar las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo de los sindicatos policiales. Los blancos pidieron al Ejecutivo que acepte dialogar con los policías agremiados.

Ahí fue cuando saltó Bernini y aseguró que en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) hubo un retroceso en la situación de los policías. Bernini mostró las gráficas del Ministerio del Interior y dijo que en el gobierno blanco se dio una caída de 40% en los salarios policiales.

"Llama la atención que pidan diálogo si ellos mismos reprimieron a los policías cuando estuvieron en el gobierno", protestó Bernini. El diputado, ex dirigente sindical de AEBU, dijo que -con Juan Andrés Ramírez como ministro del Interior- hubo una fuerte represión hacia el intento de organizar un sindicato policial.

También recordó que en el gobierno de Lacalle se dejaron sin efecto los consejos de salarios, retomados por este gobierno en 2005, tras quince años sin actividad. "Ahora hay un claro progreso, con respeto a los sindicatos y recuperación salarial", afirmó Bernini.

Sorpresivamente, las palabras de Bernini fueron aplaudidas desde la barra por un grupo de cerca de 20 policías sindicalizados. Según los blancos, se trató de dirigentes sindicales que tienen una línea cercana al gobierno.

El Partido Comunista es el principal respaldo de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), indicaron a El País fuentes de esa agrupación que nuclea a gremios de uniformados de todo el país.

Las fuentes señalaron que ese sector político es una de las principales corrientes dentro de la central obrera y agregaron que desde un principio apoyó el ingreso de la Coordinadora al Pit-Cnt. Sin embargo, las fuentes rechazaron que la Coordinadora sea un gremio politizado, ya que dentro de sus filas hay frenteamplistas, blancos y colorados. "Hoy (por ayer) hicimos un paro al gobierno que es de izquierda", explicó un directivo de Conasip.

Con respecto a que el paro de la víspera tuvo todas las características de ser un ensayo general para una medida más profunda, las fuentes coincidieron en que la idea "no era tirar a matar. Queremos ver qué pasa en el Parlamento con la Rendición de Cuentas".

A la hora 15 de hoy la ministra Daisy Tourné se reunirá con el Pit-Cnt y la Conasip para analizar si se crea un ámbito de negociación.

Varios jefes de Policía del interior del país relativizan el alcance del paro convocado ayer por la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip).

En Canelones, 19 policías de 2.300 efectivos no concurrieron al servicio 222, según informó la Jefatura canaria.

El jefe de Policía de Maldonado, Eduardo Fernández dijo que sólo 16 policías decidieron no realizar el Servicio 222. "El sindicato de Maldonado tiene 500 afiliados. El nivel de adhesión fue muy bajo", dijo Martínez.

El jefe de Policía de Colonia, Renán Peraza dijo que sólo uno de más de 80 servicios 222 no se cumplió con normalidad y se debió convocar a personal del turno para cubrir esos puestos.

En Treinta y Tres la situación fue similar. Solamente ocho agentes decidieron no concurrir al Servicio 222 y una respuesta menor tuvo la medida de no realizar trámites administrativos.

En Lavalleja la adhesión al paro alcanzó un 20% de los funcionarios que habitualmente realizaran el Servicio 222, mientras que en el interior del departamento el apoyo fue casi total. El jefe de Policía minuano, Erode Ruiz ordenó a los encargados de las comisarías que fueran ellos quienes certificaran y sellaran guías de tránsito de animales u otros documentos.

En San José, entre 35 y 40 funcionarios participaron de la medida. Representan el 7% de los policías del departamento. La mayoría de los movilizados pertenecen a comisarías del Delta del Tigre y Libertad. En Durazno, el paro no colmó las expectativas del gremio.

(Producción: Red de Corresponsales de El País).