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DANIEL HERRERA LUSSICH

No me extrañaría nada que en poco tiempo, lógicamente si este gobierno conserva su política invasiva de la intimidad del prójimo, un día recibamos un sobre oficial, con lacónica información: "¿Usted el martes 17, a las 18 horas, estaba en un bar de la avenida…? ¿Comió un sandwich de jamón y queso y bebió un refresco?" La única explicación al pie será: "No se tome la molestia de responder, solo estamos comprobando la fidelidad de nuestro poderoso archivo de datos personales".

Y la totalidad de la gente, el que está sentado en un sillón en su despacho, el que camina por las calles o el que arrea ganado en un campo alejado de la ciudad, tampoco se asombrará cuando reciba datos similares. En este momento se está creando un sistema de control, de indagación, de colocar la mirada en todos los terrenos de la vida personal de los uruguayos que arrastra la memoria a episodios dolorosos de control en este y en lejanos países con otras ideologías políticas.

Acá, en Uruguay, hace cuatro meses se exigió a los colegios privados la entrega de los datos de los padres de los alumnos, cuya legalidad es especialmente cuestionada por destacados juristas. Sin embargo acaba de trascender que la consulta de la DGI a la Unidad Reguladora de Datos habría sido positiva, dando vía libre en su legalidad, a pesar de lo cual se adelanta que las instituciones involucradas apelarán la resolución. Hay opiniones de afamados juristas que afirman que es una solicitud ilegal y otros agregan también inconstitucional. Un choque de opiniones sobre los amenazantes controles que no solo involucran a la enseñanza privada, se ha extendido a las universidades e instituciones deportivas.

Los detalles de esta demanda de datos desde dependencias del gobierno no han sido demasiado sorpresivos, representan una nueva vuelta de torniquete investigativo de la vida personal y familiar. La información requerida desde tiendas oficiales se difundió ampliamente en todos los medios de comunicación.

INVADIR INTIMIDAD. Este es un paso, sin duda, que va más allá de la puerta de cada casa uruguaya para sumar a las fichas de las computadoras de la Administración. Numerosas empresas particulares, por una no muy lejana decisión, están obligadas a oficiar de agentes de retención en transacciones de dinero, viviendas, etc., y transferir el impuesto generado a la DGI. Hasta hace poco tiempo se podía ingresar en el Estado de Situación de una persona en la web del Banco Central con solo conocer su número de documento de identidad. La posibilidad de la difusión de datos confidenciales con solo conocer la cédula de una persona llevó a modificar el sistema. Ahora se necesita un PIN que se gestiona por Internet. Las trabas no conservan mucho más el acceso a esos datos personales.

Ahora se está gestando la famosa "bancarización". Todos tendrán que tener su tarjeta de crédito para alcanzar una rebaja en el IVA. El proyecto con esta iniciativa que incluye el ajuste del IRPF fue enviado al Parlamento hace una semana.

La suma de todos los detalles de la vida íntima de cada uno de los habitantes, su poder adquisitivo y hasta la situación de la salud, todo ingresará a ese "pulpo" de datos sobre cada ciudadano, de la familia y ahora hasta cuánto paga el niño por estudiar. Algunos de esos sistemas sin duda se promueven con idea de beneficiar a sectores más desposeídos de la población, otros no, pero sí es seguro, que unos y otros, se acumulan en esos archivos que nada dejarán escapar.

El uruguayo poco a poco está siendo sitiado en sus detalles más íntimos, en su vida privada. Nada escapará a la máquina del Estado. La indagatoria golpeará a los escolares privados desde los 4 o 5 años de edad y terminará con las famosas tarjetas en el jubilado de 80 años largos.

ALFIE: ¡PIDEN LISTAS! Para ampliar el panorama sobre el tema, buscamos una opinión especializada y conversamos con el exministro y exsenador, economista Isaac Alfie.

"Creo que se están confundiendo los roles. En primer lugar la recaudación de impuestos es una función del Estado, no una misión superior, un bien a tutelar. Y todos, en cambio, tienen una cosa sagrada que defender: impedir la intromisión en la vida de las personas. Acá, en estos episodios, no es un problema de secretos, es un problema de intimidad. Y como viene la mano en Uruguay, algunos vamos a tener que empezar un movimiento por los derechos civiles, el derecho de las personas a ser personas".

Alfie, ante la consulta, se refiere al problema de las tarjetas de crédito, a la iniciativa de retornar un porcentaje del IVA si se paga con tarjeta. En caso contrario no se devuelve nada. "De esta forma todo queda computarizado, como un Gran Hermano. El Estado debe recaudar, pero con métodos razonables. Hay un límite admisible en la introducción en la vida de las personas. Acá se confunde, no se trata de un problema de secretos, solo que la gente quiere salvar su intimidad".

Y todo se hace bajo el argumento del derecho tributario. Pero esa gente que va y compra un televisor, una cafetera, va a un restorán o envía a sus hijos a un instituto, no tiene nada que ocultar, todo el mundo sabe que va allí, no pretenden que no se sepa. "Pero de eso a que lo ingresen en una computadora y que todo el mundo tenga acceso es un paso que no corresponde. Hay un límite. La DGI puede saber determinado dato de una persona por indicios de faltas o evasión, puede hacerlo, pero no puede ser invasivo en la libertad e intimidad de la gente". El exministro reitera que nadie tiene por qué saber que el chico tal va a tal instituto de enseñanza o a un club deportivo, no atenta contra nadie. "Ahora, si la DGI dice quiero datos de tal persona porque puede ser evasor, le pedirán que muestre sus ingresos, le controlarán sus gastos, pero no pueden reclamar datos para indagar por listas, el tema de listas identificatorias es un horror".

Según Alfie todo esto hace mucho daño a la sociedad, porque en el fondo trae un objetable mensaje "¡Ah!, a estos que están un poco mejor, hay que dividirlos, hay que identificarlos, todos están bajo sospecha. No hay duda que divide a la sociedad. Estas decisiones, aunque no se quiera crear divisiones, luchas sociales, todos sabemos que son destructivas para el país. Otro ejemplo es la bancarización: se quiere bancarizar para controlar si sos bueno, aunque el objetivo es bajar el IVA; claramente o no, hay un objetivo. Además pienso que los que hoy están fuera del circuito seguirán fuera del circuito y los que están dentro, han de seguir dentro. No es un problema de un punto más o menos, es otra cosa".

Tal es la opinión de Isaac Alfie, terminante y clara. Nosotros preguntamos: bancarización, agentes de retención, listas de los tutores o padres de alumnos de escuelas privadas, acceso a las situaciones personales en la banca oficial y medidas que inquietan y alejan al inversor extranjero y nacional. ¿Dónde se cierra el círculo?