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EDUARDO BARRENECHE

Los procesamientos de 70 personas este año y de 20 guardia-cárceles desde 2005 a la fecha por ingresar drogas o armas a los penales, obligaron al gobierno a apelar a militares para controlar el ingreso a dichos establecimientos.

"Hay cosas inconcebibles en cuanto a lo que entra y lo que sale" de los establecimientos penitenciarios, dijo ayer el presidente de la República, José Mujica, en su audición radial (Ver nota aparte).

En los próximos días, el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que dará respaldo legal a la participación de 600 efectivos castrenses en la vigilancia perimetral de las 28 cárceles del país. Además los militares se encargarán de revisar a todas aquellas personas -inclusive policías- que ingresen a los penales.

En este momento, el Senado discute otro proyecto de ley sobre cárceles que habilita al gobierno a utilizar instalaciones militares para albergar presos en forma provisoria. La iniciativa también autoriza al gobierno a hacer un llamado para contratar a 1.500 nuevos funcionarios para la Dirección de Cárceles. Ese proyecto de Emergencia Carcelaria, ya que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.

Una fuente del Ministerio del Interior dijo a El País que los últimos procesamientos por ingresar armas y drogas a los penales generaron en el gobierno desconfianza hacia esa fuerza.

También resultaron procesados agentes por permitir las fugas de presos por distracción o a cambio de "coimas". La intención del Ministerio del Interior es mejorar el control de ingreso de personas y mercaderías a las cárceles con la participación de militares y de scanners de última generación.

En tanto, fuentes policiales relativizaron que el ingreso de drogas o armas a las cárceles se centre en la corrupción policial y apuntaron sus críticas hacia los familiares de los reclusos. En lo que va de 2010, un promedio de tres personas por semana -unas 70- fueron remitidas a la cárcel por pretender ingresar drogas o armas a los penales.

En el último año, indagatorias realizadas por efectivos de la Dirección de Investigaciones Penitenciarias (Dipen) constataron que tres abogados de reclusos pretendían ingresar estupefacientes, armas y dinero en el Comcar. En otro caso, integrantes de una Organización No Gubernamental (ONG) intentaron pasar armas dentro de una planchada de una mesada de cocina.

Los procedimientos para entrar drogas y armas a las cárceles son innumerables: armas adentro de guisos o en fon- dos falsos de encomiendas; drogas escondidas en la masa de panes caseros o en una papa hueca o en zapatos con doble plataforma.

Inclusive, fueron detenidas mujeres llevando drogas dentro de sus órganos genitales.

A fines del año pasado, la Policía detectó que una mujer llevaba 200 gramos de marihuana dentro de su cuerpo. También se encontraron "tizas" de pasta base y cocaína en genitales de mujeres vinculadas con presos.

Al haber pocas mujeres uniformadas, ¿cómo procederá el Ejército con las esposas de los encarcelados sospechosas de pretender ingresar algún elemento prohibido a una cárcel?

Ante las sospechas, el soldado deberá detenerla y llevarla a un lugar aparte. Luego, las autoridades del penal informarán al juez de turno y éste ordenará que un médico proceda a la revisión de la sospechosa. "Nunca un funcionario o una funcionaria de Cárceles revisan los órganos de un familiar de un preso", explicó la fuente.

PROGRAMA PILOTO. La descongestión del sistema carcelario es una prioridad para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. "Primero deberemos descomprimir las cárceles para luego pensar en políticas de rehabilitación", afirmó en el Parlamento cuando concurrió a explicar los alcances del proyecto de ley de emergencia carcelaria.

Bonomi anunció que, en este momento, se encuentran en curso ampliaciones de las cárceles de Las Rosas (Maldonado), Comcar y el penal de Mujeres de Punta de Rieles. Además, el Ministerio del Interior impulsa el programa de libertad asistida como medida alternativa a la prisión para presos primarios que hayan cometido delitos leves. Este sistema, similar al existente en Estados Unidos, ya se aplica como experiencia piloto en seis juzgados penales y tiene el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia para extenderlo a resto de las sedes.

El Ministerio del Interior lleva adelante un plan de regionalización de cárceles que implicará el cierre de establecimientos pequeños -Rocha y Lavalleja- que adolecen de fallas estructurales.

La capacidad locativa del sistema penitenciario uruguayo es de 6.398 plazas. Sin embargo, estas alojan a unos 9.100 presos, según cifras del Ministerio del Interior. Ello significa que la tasa de densidad penitenciaria es de 130%. En marzo de 2005, cuando asumió el Frente Amplio su primer gobierno, la densidad penitenciaria era 181%.

Según el informe, el descenso de produjo por la habilitación de nuevas plazas -en Comcar y Las Rosas, entre otras- a pesar de que la tasa de prisionización continuó en aumento. Agrega que, a la fecha, Uruguay tiene unos 255 presos cada 100 mil habitantes. Esos guarismos lo posicionan como el tercer país con mayor porcentaje de personas detenidas en América Latina.

El presidente de la República, José Mujica calificó de "penoso" el problema actual del sistema carcelario y advirtió que el Ministerio del Interior procurará mecanismos para lograr "el mejor margen posible de seguridad" dentro de los penales. "Seguramente la inmensa mayoría de los trabajadores de esas instituciones no tienen nada que ver con la falla de muy pocos. Pero deben ser amparados, dando seguridad al funcionamiento de esa puerta" indicó.

Los buenos funcionarios, agregó, "se ven involucrados y envueltos en una desconfianza injusta" por "ciertos materiales que entran", explicó ayer Mujica en su audición radial.

Recordó que, desde el primer momento de asunción de este gobierno, debió deshabilitar buena parte de la Cárceles de Mujeres por problemas edilicios planteados en informes negativos del cuerpo de Bomberos.

"Seguramente la acumulación de estos últimos años determina una saturación de carácter carcelario contrario a cualquier elemental derecho humano", afirmó Mujica y se preguntó: "¿De qué política de recuperación podemos hablar si estamos obligados a tener entreveradas todas las categorías de presos y donde prácticamente buena parte de nuestras cárceles se han transformado en un lugar de tener gente amontonada?".

Mujica dijo que "esto tiene mucho que ver con las decisiones que tomará el Senado de la República, pensamos hoy (por ayer), habilitando esas políticas especiales, que apuntan a mejorar la capacidad locativa" del sistema carcelario.

"Después vendrá una política de calificación, de no hacer cárceles gigantescas, sino categorizadas, con una escala manejable. Y políticas que contribuyan a manejar las distintas categorías de presos: una cosa son los primarios y otra los profesionales del delito", dijo el presidente. Agregó que, para realizar esa separación, las autoridades de Cárceles deberán tener en cuenta circunstancias sociales como la adicción a las drogas por parte de un porcentaje importante de reclusos.