Un abogado y ex procurador de la Ciudad de Buenos Aires, advirtió ayer en una columna en el portal del diario Clarín que el fallo de La Haya abre la posibilidad de una "andanada" de juicios de los damnificados por el corte del puente General San Martín.

Carlos Guaia, que renunció como procurador adjunto en el gobierno de Mauricio Macri por discrepar con éste por no haber apelado un fallo judicial que habilitó un matrimonio homosexual, señaló que tras el pronunciamiento del Tribunal Internacional "aparecerán ahora, con mayor dramatismo, otros componentes de la discusión": el corte del puente y sus consecuencias económicas.

Guaia es especialista en derecho empresario, comercio internacional y arbitraje, es docente y asesor jurídico y director de empresas locales y extranjeras.

"Hace casi cuatro años, el Tribunal Arbitral del Mercosur sostuvo que la República Argentina era responsable por la interrupción de la vía internacional, propiedad de los contribuyentes argentinos y uruguayos", recordó Guaia. "(…) Ahora, la andanada de acciones civiles será inevitable. El corte del puente, hasta hoy inexplicablemente tolerado, será el único y prominente resabio de una contienda pasada", agregó.

Para Guaia "todas las personas físicas y jurídicas -argentinas y uruguayas- que durante años sufrieron los efectos económicos y morales de la injustificada falta de acceso a un bien público, tendrán derecho a demandar a la República Argentina ante su justicia federal el resarcimiento de los perjuicios que demuestren".

Consideró que el gobierno deberá convocar a los responsables del corte para que sean solidarios en las reparaciones que pueden imponer los juicios.

"No parece lógico ni justo que las indemnizaciones que deban pagarse por el ilícito de unos pocos sean afrontadas con los recursos de todos", razonó Guaia.