La sede de la Fiscalía General de la Nación es una hermosa casona ubicada en el Centro de Montevideo. En la puerta hay un cartel de bronce gastado por el tiempo. El único elemento de seguridad para ingresar a las oficinas es un timbre.

No hay policías pese a que allí trabaja uno de los hombres más influyentes del país. La casona se ve acogedora pero no es muy funcional. En ella abundan las maderas nobles, habitaciones con grandes cortinados y escritorios antiguos. En el primer piso trabaja el fiscal de Corte. Su carrera fue intensa: juez penal y magistrado especializado en Crimen Organizado durante 18 años. Desde hace dos años es el jerarca de todos los fiscales del país.

—¿Por qué sus padres le pusieron el nombre de Gisleno?

—Así se llamaba mi abuelo. No conozco el origen del nombre.

—Usted vino a Montevideo a estudiar en abril de 1985 desde Fraile Muerto, Cerro Largo. En ese momento, ¿cómo estaba la Facultad de Derecho?

—Vine a Montevideo con 17 años. Había un clima de mucha ebullición y alegría en toda la Universidad por la recuperación democrática. Entre 1985 y 1986 viví en el hogar estudiantil de Cerro Largo. Tuve becas de alimentación y económica. Cuando comencé a trabajar, en el tercer año de facultad, renuncié a ambas becas.

—¿Trabajaba sacando fotocopias en la Facultad de Derecho?

—Tuve múltiples trabajos. Uno de ellos fue en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes de Derecho que quedaba dentro del mismo local de la Facultad. De la puerta de mi trabajo a la de mi salón de la facultad había una distancia máxima de 50 metros.

—¿Militó en esa época?

—Participé activamente en el Centro de Estudiantes de Derecho. Integré en ese momento la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de Derecho. Fui consejero de la Facultad de Derecho por el orden estudiantil durante dos períodos.

—¿Integró algún grupo político partidario?

—Tengo prohibición constitucional de hablar de política. Mi vida ha sido pública. No voy a poder contestar esa pregunta.

—¿El caso más duro que enfrentó como juez fue el procesamiento de su entonces colega Anabela Damasco?

—Fui juez durante 18 años. En las distintas etapas como magistrado fui teniendo casos que en ese momento marcaron mi carrera y pusieron en tela de juicio mi vocación. El caso Damasco fue muy fuerte desde el punto de vista institucional. Se trataba de una ministra del Tribunal de Apelaciones. Al mismo tiempo era la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay en ese momento.

—¿Usted la conocía bien?

—No tenía una relación de amistad con ella pero la conocía bien. No fue el primer juez que hubo que procesar.

—¿Ve un cambio en la delincuencia en los últimos años?

—El componente fundamental que ha variado a lo largo de los años es el grado de violencia. En 2007 tuve la mala suerte de decir algo profético en una conferencia: señalé que en Uruguay no ocurría el sicariato porque no se había juntado la oferta con la demanda. Existía gente que estaba dispuesta a pagar para que mataran y también había gente dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio de dinero. Y cuando se juntara la oferta con la demanda iba a aparecer el primer caso de sicariato. De hecho eso pasó. En este momento noto que las organizaciones delictivas han comenzado a resolver sus diferencias mediante el uso de la violencia. El segundo elemento nuevo es la territorialización. Se está dando, en algunos sectores de la sociedad, en Montevideo y zonas metropolitanas, también en algunos lugares del interior, barrios que son controlados, lo digo entre comillas, por este tipo de organizaciones, sobre todo narcotraficantes. Son los que manejan la parte económica del delito. De esa manera, a través del dinero, compran voluntades y terminan manejando las redes delictivas que hay en esos lugares. Han empezado a aparecer casos de trata de personas cada vez más. El tráfico se concentró en la pasta base.

—Otro problema es la corrupción policial.

—Policías procesados por casos de corrupción han existido siempre. Ingresé en la judicatura en 1994 y ya había casos de policías procesados por este tipo de delitos. Las fuerzas de seguridad son las que más en contacto están con la actividad delictiva. Hay que trabajar en la capacitación, profesionalización y en los aspectos culturales y, en la medida de lo posible, y si las arcas del Estado lo permiten, ir aumentando salarios.

—El director de Policía, Julio Guarteche, dijo que hay jueces y fiscales corruptos.

—Yo no creo que la corrupción sea un problema exclusivamente de la Policía. Casos de jueces corruptos han habido. Hemos hablado del caso de la doctora Damasco. Ha habido casos de fiscales corruptos. Hablamos del caso del doctor García Altolaguirre. La exclusividad no la tiene nadie.

—¿Hay fiscales palomas y halcones en lo que tiene que ver con el otorgamiento de libertades a reclusos?

—Hay fiscales.

—¿Hay fiscales blandos o duros?

—Eso forma parte de una categorización que pueden hacer las fuerzas de seguridad o algún periodista. El que concede la libertad es el juez.

—¿Por qué trasladó al fiscal civil Enrique Viana a la fiscalía de Menores de Segundo Turno?

—Me remito a los fundamentos de la resolución. Son públicos.

—¿El nuevo Código de Proceso Penal nació manco? El Poder Judicial dijo que no estaban los fondos para implementarlo.

—No creo que sea manco. El nuevo Código se aprobó por unanimidad en plena campaña electoral. Es un hecho inédito.

—Pero no están todos los recursos para llevarlo adelante en un cien por ciento como fue proyectado al comienzo.

—Estamos en pleno proceso de implementación del mismo. Han surgido diferentes ideas sobre la implementación. La Corte de Justicia ha planteado una implementación territorial. Creemos que no corresponde este criterio porque no es ajustado a lo que establece la Constitución de la República. En aquellos países donde se realizó una implementación territorial —Chile y Colombia— el Poder Legislativo de los mismos pudo modificar la Constitución para poder implementarlo por territorio. En Uruguay eso no es posible. Creo que ahí hay una dificultad insalvable para hacerlo.

—Hace semanas hubo una gran conmoción pública por el procesamiento d el ex tupamaro Amodio Pérez. ¿Cree que hay una politización de la Justicia?

—Del caso Amodio Pérez no voy a opinar porque no lo conozco. El tema de la judicialización de la política o la politización de la justicia se discute en el Uruguay desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera por el enjuiciamiento de (ex ministro de Economía, Enrique) Braga, (ex asesor presidencial, Daniel) Cambón y (el expresidente del Banco de Seguros, Julio) Greno. Ahora discutimos sobre el procesamiento de (ex ministro de Economía, Fernando) Lorenzo, (ex presidente del Banco República, Fernando) Calloia y (ex intendente de Colonia, Walter) Zimmer. Los políticos, los médicos, los arquitectos, los taxistas, los periodistas, los jueces y los fiscales estamos bajo el filo de la ley. Si mañana nos portamos mal y cometemos algún delito, tenemos que ser llevados a juicio, juzgados y si es necesario condenados. Yo no quiero impunidades. Creo que he demostrado con mi ejemplo que no acepto impunidades. Cuando me tocó enjuiciar a un colega, no se me movió un pelo. Alguno se burla de mí por ahí diciendo que se me cayó alguna lágrima. Hay dos cosas que no pueden pasar: que los operadores de Justicia quieran incidir con su actuación en la política o que los dirigentes políticos pretendan influenciar en la actividad judicial para que los jueces fallen en un sentido o en otro.

—En la entrada de la Fiscalía de Corte no hay ningún policía. ¿No tiene miedo?

—El miedo es algo inherente al ser humano. Salgo a correr por la rambla y voy al cine con mi familia. Hago una vida normal. Alguno pensará que soy un inconsciente. Tuve custodia durante mucho tiempo cuando los organismos de Inteligencia entendían que mi vida podía correr cierto riesgo. Hoy la evaluación es que no.

—¿Volvió a Fraile Muerto?

—Tengo una hermana que vive allí en el campo. Me voy a su casa en el campo. Allí disfruto enormemente.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró que la Justicia uruguaya utiliza la figura de la prisión preventiva en forma desmesurada. "Ese recurso es utilizado hoy como una pena anticipada", dijo el jerarca. Uruguay ya fue observado por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos en el caso Peirano por este tema. "Tenemos un índice de prisionización de 312 encarcelados cada 100.000 habitantes, uno de los más altos de América", indicó. Dentro de ese índice de prisionización "elevadísimo" que tiene Uruguay, el 64% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia. "Esos indicadores son absolutamente inaceptables a nivel internacional", entendió Díaz. Agregó que los guarismos de encarcelamientos en Uruguay violan estándares internacionales fijados en los tratados de derechos humanos. "Los jueces penales uruguayos no son imparciales. Son parciales", expresó. La imparcialidad judicial puede ser subjetiva y objetiva. La subjetiva se refiere a que el juez no puede tener una relación con las partes. Es decir, no es amigo, no es enemigo, no es pariente, no le debe dinero. La imparcialidad objetiva exige que el juez no interactúe con los hechos de la causa antes del juicio. En el Uruguay los jueces interactúan, realizan investigaciones y juntan las pruebas. "Eso viola la imparcialidad del juez. Eso se nota en un indicador clarísimo: el 98% de las sentencias penales que se dictan en Uruguay son de condena. Y solo el 2% es de absolución", dijo.

Jorge Díaz