En los últimos años, el crecimiento de Montevideo como puerto hub, el incremento de los movimientos de barcazas por la Hidrovía y el arribo de personas de otros países para embarcarse en buques de pesca extranjeros, entre otras situaciones, generaron episodios que colisionan con intereses de países de la región o impactan en organismos internos como, por ejemplo, la Justicia Laboral.

Como el 70% de la carga que mueve el puerto de Montevideo proviene de la región, ello genera resistencias de gobiernos vecinos por pérdidas de dividendos -sobretodo de Argentina- que aspiran a controlar los movimientos de cargas mediante un acuerdo en el marco del Mercosur.

En el devenir portuario, pescadores de otras nacionalidades llegan a Uruguay a embarcarse en buques de pesca de otras banderas. Cuando desembarcan y no piensan volver a integrar las tripulaciones, inician demandas laborales en juzgados uruguayos contra las empresas pesqueras internacionales. El miércoles 21, la Asociación de Derecho Marítimo, presidida por la abogada Florencia Sciarra, organizó un evento titulado “Jornadas Nacionales de Derecho Marítimo”, donde se analizó problemas de límites en la plataforma marítima uruguaya, movimientos de cargas y conflictos en la Hidrovía Paraguay-Paraná, entre otros temas. Estos son los cinco problemas de derecho marítimo que enfrenta Uruguay enumerados por los abogados Alejandro y Florencia Sciarra:

El volumen de las exportaciones e importaciones de Uruguay es bajo. ¿Cuál es al gran desafío de Uruguay?, se preguntó el abogado Alejandro Sciarra. “Nuestro puerto tiene que ser una terminal hub. Si perdemos esa condición, habrá que cerrar. Si el puerto se va a utilizar solo para nuestras importaciones y exportaciones está sobredimensionados, dijo el profesional.

Desde 2010, Brasil y Argentina presionan para que Uruguay firme un acuerdo que establezca una reserva de cargas para el transporte internacional de mercaderías entre los países del Mercosur, incluyendo los servicios entre puertos de los integrantes del bloque que solo podrían hacer armadores de los propios Estados parte. El abogado Sciarra opinó que “ese es uno de los grandes problemas (del puerto de Montevideo). Nos liquida. Dejamos de ser un puerto hub. En ese caso ganará Brasil o Argentina”.

En forma paralela, de ocurrir esa situación que Sciarra considera remota, Uruguay podría quedar expuesto a un litigio internacional si no cumple con los movimientos de contenedores prometidos a Katoen Natie.

Por su parte la abogada Sciarra agregó que, en caso de aprobarse ese acuerdo, habrá un aumento de costos operativos, ya que la carga deberá traspasar de buques grandes a más chicos.

“Hubo cambios de gobierno y las políticas de Uruguay se mantuvieron”, añadió con tono positivo.

Foto: Archivo/El País

Uruguay carece de una marina mercante.

Para Alejandro Sciarra, Uruguay tiene capacidad de crecer como marina mercante. “No con una bandera de conveniencia porque incumpliríamos con acuerdos internacionales. Pero flexibilizando más el régimen y dando mayores beneficios fiscales para las empresas interesadas”, dijo el experto en derecho marítimo. Y recordó que su estudio recibió muchas consultas de armadores extranjeros que aspiraban embanderar sus buques en Uruguay. Algunos lo han hecho pero a nivel de barcazas y algún remolcador. “Es un sistema que tiene muchos beneficios fiscales pero para uruguayos. Se podría extender a grandes empresas esos beneficios”, propuso el profesional

“Gran parte de la responsabilidad de la pérdida de nuestra marina mercante fue por el tema tripulación”, dijo Sciarra, en alusión a la obligatoriedad gremial de que una gran parte de los trabajadores embarcados debían ser uruguayos. Y agregó: “De alguna manera hay que solucionar eso. Yo no digo pasar por arriba de los sindicatos. Tienen que existir. Pero deben ser responsables. Además, ¿porque el 90% de las tripulaciones deben estar compuestas por ciudadanos uruguayos naturales? Recibimos mucha emigración de cubanos, venezolanos y dominicanos. Sacan la cédula y trabajan. ¿Por qué a bordo ellos no pueden trabajar?”, se preguntó el abogado.

Por su parte Alejandro Sciarra recordó que ese problema impide a empresas marítimas traer a su oficialidad de confianza. “Eso es un obstáculo para muchas empresas extranjeras”, explicó.

Dentro de este capítulo se encuentra el problema de que pescadores de otros países -chinos, coreanos y españoles-, desembarcan en Uruguay e inician reclamos en la justicia laboral contra los armadores solicitando inclusive el pago de cargas sociales cuando no se van a jubilar en este país, dijo Alejandra Sciarra.

“Se hacen las demandas pese a que los contratos de trabajo no fueron firmados acá ni los buques son de bandera nacional”, dijo.

Según la presidenta de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, no se debería aplicar el derecho uruguayo en esas demandas laborales. “Entendemos que la jurisdicción es la de la bandera del buque con domicilios en otros países”, insistió.

Esto es, los trabajadores extranjeros de la pesca que planean retirarse no pleitean en los países donde se embanderó el buque ni donde ellos son oriundos.

En muchas ocasiones, la Justicia laboral acepta esos reclamos porque se basan en convenios internacionales que protegen los derechos de los trabajadores.

Según el abogado Sciarra, la pesca internacional deja millones de dólares al país y advirtió: “con medidas como éstas (las demandas), están espantando a esos barcos”.