La Hidrovía Paraná-Paraguay es clave para Paraguay. Al no tener acceso al mar, dicha hidrovía le permite a Paraguay sacar su producción a través de un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo. Ese corredor se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por ello, una gran parte de la carga paraguaya sale por el puerto de Montevideo.

A partir del 1 de enero de este año, en forma unilateral y sin el consenso de los otros países del Mercosur, el gobierno argentino decidió cobrar un peaje de US$ 1,47 por tonelada para el transporte internacional en el tramo norte de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Se trata del trecho comprendido entre el puerto de Santa Fe y la Confluencia con el río Paraguay. El cobro de esa tasa se realiza sin que Argentina hubiera realizado obras en la Hidrovía que justifique el pago de esa obligación a los barcos que navegan en el tramo norte de ese corredor fluvial, señalan representantes de Uruguay, Brasil y Paraguay.

Por esa zona de la Hidrovía circulan unas 20.000 barcazas paraguayas por año. La tasa implica para los empresarios paraguayos el pago de US$ 50 millones anuales que terminarán en arcas argentinas.

El 4 de julio pasado, durante una cumbre de presidentes del Mercosur, el entonces presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se reunió con su par argentino, Alberto Fernández, para tratar el tema del peaje en la Hidrovía y saldar las deudas que ambos países reclaman en torno a la represa binacional de Yacyretá.

Fernández rechazó la suspensión del peaje en la Hidrovía. Tampoco se expidió sobre la viejas deudas que mantienen entre sí ambos estados.

El jueves 24, el ministro de Economía y candidato presidencial argentino, Sergio Massa, se reunió con el presidente electo guaraní, Santiago Peña, donde también se analizó el cobro del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay. En el encuentro Peña entendió que Massa le propuso postergar el cobro del peaje en la Hidrovía durante 60 días para buscar una solución al tema.

Al finalizar la reunión, Peña realizó el anuncio en una conferencia de prensa. Sin embargo, desde Buenos Aires el gobierno argentino desmintió al primer mandatario guaraní y señaló que se trató de “un malentendido”. Ello generó una crisis entre ambos países. Paraguay pretende incluir este tema en la agenda de la próxima reunión de presidentes del Mercosur, que aún no tiene una fecha prevista.

La puja desatada entre Argentina y Paraguay por el cobro de una tasa en la Hidrovía generó repercusiones en Uruguay.

La presidenta del Centro de Navegación, Mónica Ageitos, dijo a El País que, de acuerdo al Tratado de la Hidrovía, los países pueden cobrar peaje siempre que exista consenso y obras efectivas. “El consenso no se dio y las obras no han sido correctamente probadas de acuerdo a la conclusión del resto de los países”, explicó Ageitos.

Recordó que la Hidrovía tiene un gran potencialidad para ser un motor de desarrollo de los países de la región siempre que no dependa del “humor político” de los gobernantes de los distintos países.

Según Ageitos, los empresarios que invierten en la Hidrovía tienen derecho a contar con una logística predecible y debería ser responsabilidad de todos lograrla. “Creo que en la próxima reunión del CIH (órgano político que interviene en el funcionamiento del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía), se debería aclarar esta situación”, advirtió Ageitos.

En tanto, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, Florencia Sciarra, expresó a El País que el cobro del peaje por Argentina es una “violación” al artículo 5 del Acuerdo de la Hidrovía y coincidió con Ageitos en que para implementar este tipo de tasas se necesita la conformidad de todos los integrantes del Acuerdo.

Sciarra señaló que, además, el artículo 9 del Acuerdo establece la libertad de tránsito y prevé que solo podrá cobrarse una tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los países que forman parte del tratado. “O sea, el peaje se justificaría contra un servicio y no está probado que hayan habido obras que lo justifiquen”, insistió.

Con respecto a la reunión Peña-Massa, Sciarra opinó que el episodio “fue muy confuso” y “da la sensación” de que “no hay” de parte del gobierno argentino un consenso sobre cómo seguir adelante con este asunto.

“Es un tema serio, con consecuencias para toda la región. Argentina no puede tomar una decisión así de forma unilateral, y necesariamente deberían demostrar cual fue el servicio efectivamente prestado que lo justifique”, reiteró Sciarra.

En tanto, la presidenta de la Liga Marítima y CEO de la empresa Lobraus, Silvia Etchevarne, dijo a El País que el peaje que Argentina cobra en la Hidrovía Paraná-Paraguay es objeto de preocupación. “Algunos argumentan que este peaje podría tener un impacto negativo en la navegación y el comercio en la región, ya que podría aumentar los costos para los operadores y afectar la competitividad”, expresó.

Agregó que ello quedó demostrado con los recientes informes recibidos. “Por esa razón el peaje de Argentina podría ser visto como un impuesto adicional que no se refleja en mejoras significativas en infraestructura (balizas, dragado, etc.) de la Hidrovía”, dijo Etchebarne.

Y afirmó que el peaje “es ilegal” y “contraviene” el tratado de Santa Cruz de la Sierra. “Así lo expresamos recientemente en la ciudad de Asunción el pasado 23 de agosto en el evento de “ TodoLogistica”, concluyó.