Hoy es el día en el que Nicolás Maduro asumirá nuevamente la presidencia de Venezuela, a pesar de que la oposición al chavismo ha mostrado las actas de votación mayoritariamente a favor del candidato Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria y dará declaraciones en unas horas, según anunció desde el exilio.

En este momento, la situación en Venezuela es más que delicada y bajo presión, ante un régimen que no da muestras de ceder en su interés en permanecer en el poder. Por el contrario, los arrestos de sus detractores y medidas de amedrentamiento han aumentado en los últimos días, incluyendo la desaparición forzada de Rafael Tudares Bracho, yerno de González Urrutia, desde el pasado 7 de enero.

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En un comunicado firmado por la hija del líder opositor, Mariana González de Tudares -que hizo llegar a El País ayer-, denuncia que su esposo continúa en una “situación de secuestro por agentes de seguridad y oficiales de inteligencia del Estado venezolano”, sin que se les haya dado información alguna sobre su paradero, ni centro de detención o reclusión en el que se encuentra.

González de Turades expresa que ella directamente y su abogado recorrieron los principales centros de detención de los organismos policiales, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (DAET), la División de Investigación Penal (DIP) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CNPB), entre otros, sin que hayan podido ubicarlo.

Según criterios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de casos entran en la categoría de “desaparición forzada”, por ahora “de corta duración”, y que, de extenderse en el tiempo, pasaría a “grave”.

La hija de Edmundo González afirma en su comunicado que su esposo “no ha incurrido en situación alguna que pudiera revestir carácter penal o delito”, y reivindica su derecho a la presunción de inocencia establecido en la Constitución de la República.

“Entendemos que su secuestro es una medida de retaliación política contra mi padre, Edmundo González Urrutia...”, agrega.

Este caso se suma a muchos otros que se han venido denunciando (sobre todo luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio), mientras los venezolanos alternan entre protestas en las calles en defensa de sus libertades (como lo hicieron, por ejemplo, masivamente ayer) y tratar de mantener un perfil bajo, lejos de la mirada del régimen chavista.

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El País pudo constatar que periodistas venezolanos suelen borrar los mensajes de sus celulares cada pocas horas, ante la posibilidad de ser detenidos por las autoridades, quienes revisan los comentarios que se difunden en cualquier ámbito. Algunos de ellos ya no duermen en sus casas, sino que prefieren variar los lugares en los que pernoctan para no ser ubicados.

Según la ONG Foro Penal, hay más de 1.790 presos políticos en Venezuela -desde políticos de oposición, periodistas, abogados, integrantes de organizaciones no gubernamentales, manifestantes-, muchos de los cuales han sido liberados.

Sin embargo, así como hay liberaciones, también se dan nuevos arrestos.

Uno de los más sonados ha sido el del director de la ONG, Carlos Correa (caso que también entra como “desaparecido”, según la ONU, porque el régimen no ha dado a conocer su paradero), quien fue interceptado por presuntos funcionarios encapuchados en el centro de Caracas, el pasado 7 de enero.

No obstante, el régimen continúa afirmando que no existen presos políticos en ese país, sino que los arrestados han cometido diversos delitos, de distinto gravedad, incluyendo terrorismo de Estado.

Lo cierto es que el riesgo de expresarse en Venezuela se ha vuelto más que evidente.

“Acá a los abogados se los llevan presos por ejercer la profesión, la representación del Derecho en sí ya es un delito. A mí, aun sin ser abogado, me han dicho mis colegas que no dé más declaraciones a la prensa porque sería el próximo en ser arrestado. Igual lo hago pero no den mi nombre. Hay miedo e indignación” entre la gente acá, dijo a El País un activista afín al equipo de María Corina Machado. El joven agregó que ha sufrido amenazas directas por parte del personeros del régimen chavista y que siente el riesgo.

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Cabe recordar que el abogado de Machado, Perkins Rocha, está preso desde el pasado mes de agosto, y ningún otro abogado ha podido tomar su caso, dado que “el sistema no le permitido una legítima defensa”, acusa su partido.

Los abogados venezolanos no pueden defender sus casos desde el exterior, porque el sistema jurídico de ese país les exige formalidades a cumplir en persona, desde presentar sus acreditaciones, suscribir y hasta estampar sus huellas digitales para presentar los documentos o denuncias correspondientes.

Desde las filas de la oposición al régimen de Maduro -y siempre solicitando anonimato- uno de ellos dijo ayer a El País: “En este momento cualquier respaldo de la comunidad internacional es bienvenido por los venezolanos. Estamos en una situación límite. En Uruguay bien saben lo que es vivir en dictadura”.

“Así como Venezuela tendió una mano a Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Brasil hace unas décadas, cuando vivieron unas dictaduras militares terribles, ahora los venezolanos necesitamos reciprocidad para que nos ayuden a restaurar la democracia. Nos tienen que ayudar”, agregó.

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La Misión de Establecimiento de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela denunció ayer jueves la reciente ola de detenciones políticas en este país, en el contexto de la nueva asunción de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro hoy viernes.

Entre los detenidos hay al menos 16 defensores de los derechos humanos y líderes políticos y sus familiares, lo que representa “un atentado más a los derechos y libertades del pueblo venezolano”, según el grupo de expertos.

Entre las detenciones confirmadas por las autoridades en Venezuela figura la del excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, al que acusan de supuestamente planear un golpe de Estado.

“Reiteramos que todos estos actos violatorios de los derechos humanos pueden conllevar la responsabilidad penal individual, según el derecho internacional, de las personas que los lleven a cabo, así como de aquellas que los ordenen o autoricen”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Sostuvo que la intención es infundir un temor generalizado en la población e impedir que la gente se exprese libremente o cumpla de forma legítima con su trabajo en favor de los derechos humanos.

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Asimismo, reclamó que se informe sin demora del paradero de los detenidos y que se les libere inmediatamente y sin condiciones.

La ONU se declaró “profundamente preocupada” por la detención en particular del defensor de derechos humanos Carlos Correa, en un mensaje publicado en la red social X.

“Es momento de esforzarse por calmar las tensiones y reducir el riesgo de nuevas violencias. El diálogo es primordial”, escribió Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Por su parte, el papa Francisco pidió ayer jueves el respeto de los derechos de todos los venezolanos, incluidos los arrestados en los últimos meses, y deseó el inicio de negociaciones para “el bien común del país”. (AFP, EFE)