Florantonia Singer, El País Madrid
Siete adolescentes detenidos en el contexto de las protestas poselectorales en Venezuela han sido enviados a juicio acusados de terrorismo e incitación al odio, delitos por los cuales podrían ser condenados a 10 años de cárcel. Este grupo, detenido en el Estado de Carabobo, en la región central del país, es parte de los 67 menores de edad que siguen presos desde los días posteriores a las elecciones presidenciales en las que el chavismo declaró ganador a Nicolás Maduro de forma fraudulenta. En las protestas que se propagaron por el país tras el fraude fueron detenidos, en total, 160 niños.

Han pasado más de dos meses de esas detenciones y las madres y familiares han tenido contacto por primera vez con algunos de ellos apenas esta semana. Los encontraron golpeados y flacos, según han denunciado. Algunos de ellos con las tetillas quemadas y con dientes faltantes. Fueron víctimas de tortura, de acuerdo con testimonios recogidos por ONG y medios locales.

Estos siete adolescentes, de entre 14 y 17 años, fueron imputados en audiencias telemáticas sin acceso a defensa privada. El Gobierno los ha calificado de terroristas y ha dicho que fueron contratados por la oposición para generar protestas tras las elecciones. Maduro ordenó remodelar dos cárceles en el centro del país para encarcelarlos junto a los más de 1.700 detenidos registrados desde el 28 de julio.

Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

Las madres han denunciado, reiteradas veces y desde distintos lugares, un patrón. Las autoridades —aseguran— los han coaccionado a grabar videos para autoincriminarse con la versión que el Gobierno tiene sobre la supuesta conspiración para generar protestas luego del anuncio de los resultados electorales. Los familiares de los siete adolescentes que pasaron a juicio en Carabobo aseguraron que sus niños fueron obligados a decir en un video que recibieron 30 dólares por salir a protestar en las calles, según reseña El Carabobeño. “Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó”, señala el medio.

Este jueves los familiares de los menores de edad presos han protestado una vez más. “Ni delincuentes ni terroristas, nuestros muchachos son inocentes”, coreaba un grupo de familiares frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, en donde introdujeron un recurso de amparo para exigir la libertad de todos los menores de edad y la anulación de todos cargos.

“Han pasado 65 días detenidos y no hemos tenido respuesta del fiscal general (Tarek William Saab). Hay muchos a los que no los han dejado visitar todavía. Exigimos la libertad plena, el acceso a la defensa y la nulidad de todos los cargos. Nuestros hijos son estudiantes, que fueron detenidos incluso en sus casas o jugando en la calle. Fueron detenidos arbitrariamente sin orden de captura ni en flagrancia”, denunció Marelis Ruiz, una de las madres que acudió al Supremo. “En Tocuyito hay muchachos con depresión, desnutridos, que han intentado suicidarse”, agregó Wendy Liendo, que pudo ver a su hijo por primera vez esta semana después de dos meses de haber sido encarcelado y de viajar más de 200 kilómetros hasta la cárcel donde fue trasladado.

Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Son varias las protestas que han hecho los familiares de estos detenidos que han incrementaron exponencialmente la cifra de presos políticos en Venezuela, que ya supera a Cuba y Nicaragua. Los atropellos vividos por los familiares de los presos, que incluyen la desaparición durante las primeras horas de detención, violaciones al debido proceso, malos tratos y torturas, han llevado a constituirse en el Comité Madres por la Verdad, que intenta hacer justicia.

Las recientes denuncias de torturas y el pase a juicio de algunos de los adolescentes detenidos se han convertido en un escándalo. Activistas y defensores de derechos humanos exigen su liberación inmediata. “Se les ha privado de su libertad por dos meses y ahora se les niega la posibilidad de volver al lado de sus familias y continuar con sus estudios”, señaló la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. “Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro”.

El candidato Enrique Márquez ha acompañado a las madres en la acción de amparo de este jueves. La líder de la oposición María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia también expresaron su condena a la situación. “¿Cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y a jóvenes?”, escribió Machado en sus redes sociales. “Abrazo solidario a todas las madres y padres que hoy viven el secuestro de sus hijos”, dijo González.