LA CRISIS EN VENEZUELA
Nueva estrategia del Grupo de Lima y el Grupo de Contacto.
Ganarse a los países que aún siguen como aliados al régimen de Nicolás Maduro es la nueva estrategia para una salida a la crisis en Venezuela por parte de los dos foros que están trabajando para una apertura democrática en ese país: el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional. Una estrategia de la que Uruguay es parte.
Ambos bloques se reunieron ayer lunes en la sede de la ONU en Nueva York. “Decidimos implementar un programa para llegar a los países que están directamente involucrados en apoyar al régimen ilegítimo de Maduro, para que sean parte de la solución”, dijo el canciller peruano, Néstor Popolizio, tras reunirse con sus pares de Chile y Canadá (por el Grupo de Li-ma), con la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini y cancilleres de Portugal y Uruguay por el Grupo de Contacto Internacional (GCI).
Popolizio no mencionó específicamente a Rusia, Cuba, China, Bolivia o Nicaragua, pero aseguró que el objetivo es convencer a los aliados de Maduro de la necesidad de una solución pacífica para una transición en Venezuela que lleve a elecciones libres.
El Grupo de Lima, más antagónico a Maduro que el GCI, celebrará a comienzos de agosto en la capital peruana una conferencia “para la recuperación de la democracia en Venezuela” e invitará a todos los países que tengan esa meta, dijo a el embajador peruano ante la ONU, Gustavo Meza-Cuadra.
Pero antes el Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, se reunirá este jueves en Guatemala para abordar la crisis.
Tras dos horas de reuniones en Nueva York, los cancilleres divulgaron una declaración conjunta en la que indican que “aunque la solución debe ser venezolana, el impacto regional de la crisis requiere que la región y la comunidad internacional desempeñen un rol más activo para apoyar un pronto regreso a la democracia en Venezuela”.
Aunque no quisieron hablar de la mediación de Noruega, que no dio frutos en el primer cara a cara entre el gobierno y la oposición en Oslo la semana pasada, dijeron que “apoyan todos los esfuerzos en marcha” para llegar a elecciones libres.
Sí dieron su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por el líder opositor Juan Guaidó, y llamaron a Maduro a “restaurar y respetar totalmente sus poderes, así como a liberar a todos los prisioneros políticos”.
El GCI, que promueve elecciones libres en Venezuela, está integrado por Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Bolivia, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.
En el plano humanitario, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto coinciden en la gravedad de la situación que se da en Venezuela y se comprometieron a seguir dando ayuda a la población y a los países vecinos afectados por el éxodo de venezolanos.
Estados Unidos y más de medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela a Guaidó, que se proclamó como tal el 23 de enero después de que el Parlamento declarara ilegítima la reelección de Maduro, que el 10 de enero dio comienzo a su segundo mandato surgido de esas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.
La ONU estima que un cuarto de la población venezolana necesita ayuda humanitaria y que unos 5.000 venezolanos abandonan el país cada día.
Mientras, la población en Venezuela sigue sufriendo importantes carencias de productos básicos como alimentos y medicinas.
Rusia retira a la mayoría de sus militares de Venezuela
Rusia retiró a la mayor parte de su personal de Venezuela. El gobierno ruso, que apoya al régimen de Nicolás Maduro, había enviado en marzo a un centenar de soldados a Venezuela. “Rusia nos informó que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela”, tuiteó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El domingo, The Wall Street Journal informó que el consorcio estatal ruso Rostec, que según el diario ha entrenado y asistido logísticamente a las tropas venezolanas, recortó su personal desplegado en el país a unas docenas de personas, desde una cota de cerca de 1.000 efectivos alcanzada hace unos años.