EL COMBATE AL CRIMEN

Trasladan a 22 cabecillas desde San Pablo a una prisión federal en el norte.

El nuevo gobierno de Jair Bolsonaro ha apretado el cerco del Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil, cuyo máximo líder fue “aislado” esta semana en una prisión federal.

Un total de 22 líderes de primer y segundo escalón del PCC presos en San Pablo fueron trasladadas a tres prisiones federales. En la lista de transferidos figura Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como “Marcola”, condenado a más de 200 años de cárcel y quien comanda el crimen organizado desde el interior de su celda gracias a la rígida y jerárquica estructura de la organización.

“La transferencia provoca una desorientación, una falta de coordinación. Es como si quitas al consejo director de una empresa y dejas a los funcionarios, que saben lo que es el día a día, pero no tomar medidas drásticas”, explicó Lincoln Gakiya, fiscal de San Pablo y quien solicitó la transferencia de los 22 miembros del PCC.

La decisión de la justicia supone un duro golpe para la mayor facción criminal del país, que ha extendido sus tentáculos por todo Brasil y una parte de Sudamérica, especialmente Paraguay y Bolivia.

De acuerdo con el fiscal, el PCC se encuentra hoy en un estado “premafioso”, ya que reúne todos los componentes de los grupos mafiosos, excepto uno de ellos: la sofisticación en el lavado de dinero.

Fundado en 1993 durante una rebelión en San Pablo, el grupo, que inspiró su nombre en el equipo de fútbol de la cárcel, ha extendido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al robo de cargas y contrabando de combustible.

A pesar de su robusta estructura, Gakiya considera que la transferencia de Marcola y sus secuaces va a “debilitar” temporalmente al PCC, que podría iniciar una disputa interna por el poder ante el aislamiento de sus líderes.

“Cuando hay disputa interna por el poder, hay debilidad, eso es natural. Dejan de expandirse para cuidar de la propia dirección”, cuenta.

El capo de la facción fue transferido de una cárcel de San Pablo a un presidio federal de Porto Velho, capital del estado de Rondonia (norte), donde las reglas para las visitas y contacto con otros presos son mucho más rígidas.

El alejamiento de Marcola de su “zona de confort” va a “dificultar la transmisión de órdenes” a las bases del PCC, grupo que cuenta con alrededor de 30.000 miembros esparcidos por todo Brasil y con ramificaciones en algunos países de Sudamérica y Europa, entre ellos España, dijo el fiscal.

“Es como un boxeador que recibe un golpe fuerte. Se marea, pero va a continuar la lucha. El Estado tiene que aprovecharse de ese momento de aturdimiento”, señaló Gakiya, quien investiga la actuación del PCC desde hace más de una década y ha recibido amenazas de muerte por parte de la facción.

El fiscal considera improbable que la transferencia de los presos provoque represalias como las ocurridas en 2006, cundo el grupo criminal comandó una ola de ataques contra comisarías y centros de detención en el estado de San Pablo en los que mataron a decenas de policías y guardias de prisiones tras la decisión del gobierno regional de aislar a los líderes de la facción.

La decisión de transferir a los líderes del PCC se produjo después de que las autoridades frustraran un cinematográfico plan de fuga para liberar a Marcola de la cárcel Presidente Vencesalu, a 600 km de la ciudad de San Pablo.

El traslado, realizado el miércoles, contó con el apoyo del gobierno de Bolsonaro.