Prevé penalizar a los padres que pagaron para llevar a sus hijos a EE.UU.

Donald Trump prepara su nuevo asalto contra la inmigración. Tras su batacazo judicial con el veto a siete países musulmanes, el presidente de Estados Unidos ha ordenado elaborar un vasto plan de acción contra los sin papeles. Acelerar y ampliar las expulsiones inmediatas, devolver automáticamente a los mexicanos sorprendidos en la frontera, reclutar miles de nuevos agentes y hasta perseguir penalmente a los padres que traigan a sus hijos forman parte, según los borradores conocidos, de este agresivo proyecto. Un paso con el que Trump echa otra palada al legado de Barack Obama y con el que podrá cumplir una de sus más deseadas y oscuras promesas: la expulsión masiva de inmigrantes.

Estados Unidos, un país que se hizo grande con la inmigración, está listo para dar un portazo al eslabón más débil. Si la política de Obama se centró en la persecución y expulsión de aquellos inmigrantes que hubiesen cometido delitos graves, ahora se prepara la apertura de la veda a todos los que carezcan de documentación en regla. Once millones de personas, la mitad mexicanos pueden empezar a temblar.

La magnitud del golpe se conocerá en pocos días. El presidente ha anunciado que esta semana hará pública su nueva orden. Entretanto, Washington es un hervidero. Los borradores circulan por doquier. Algunos han sido desmentidos con rotundidad, pero otros, como los publicados por McClatchy y The Washington Post, han sido reconocidos como documentos de trabajo. En estos últimos, aunque susceptibles de cambios, asoma el verdadero rostro de la Administración Trump.

Los borradores apuntan a que la ofensiva será masiva. Para reforzar las agencias dedicadas al control de la inmigración, se establece la contratación de 15.000 nuevos agentes, se aumentan las competencias policiales y se preconiza una mayor colaboración con las fuerzas locales.

Para la operatividad de este ejército, el departamento de Seguridad Interior, en manos de John F. Kelly, pretende aligerar las barreras legales, en especial en el capítulo más ejecutivo: las deportaciones inmediatas. Hasta ahora esta modalidad de expulsión se aplicaba a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria. Pero los borradores indican que se pretende anular los límites geográficos y extender su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense. A este enorme salto se añade la devolución automática de los inmigrantes mexicanos sorprendidos en la frontera y la persecución penal de aquellos padres que hayan pagado a redes de traficantes para traer a sus hijos.

Fuera de estos planes queda, según los borradores, el programa de Obama destinado a proteger a los dreamers, los menores escolarizados que llegaron sin papeles a Estados Unidos. Un sistema que ha permitido otorgar permiso de trabajo a 750.000 inmigrantes y que el propio Trump ha reconocido, en tono de culebrón, que le será complicado liquidar. "La situación de estos menores es muy difícil para mí, mucho… porque yo amo a esos niños; yo mismo tengo niños y nietos, y encuentro muy, muy difícil hacer lo que las leyes ordenan. Y todos saben que la ley es dura", dijo el sábado en su mitin de Florida.

Pero más allá de los drea-mers, el horizonte se oscurece para el resto de los inmigrantes. Trump sabe que su base electoral, de mayoría blanca y obrera, los contempla como competidores. En las antaño poderosas zonas industriales, ahora azotadas por el desempleo y los salarios bajos, el discurso del enemigo mexicano ha calado hondo. Y el presidente, consciente de su mal momento en las encuestas, busca un golpe de efecto contra los migrantes para mantener su activo entre sus fieles.

"Tendremos fronteras fuertes otra vez. Los criminales, la gente mala-mala, entrará en prisión. Pero en su mayoría, se irán fuera de aquí. ¡Los llevaremos al lugar de donde vinieron!", prometió Trump a sus bases. La norma para llevar adelante este plan está muy cerca de ver la luz. Esta semana se conocerá. De momento, ya se escuchan las campanas del odio.

Al grito de "¡No es mi presidente!" y al ritmo de canciones patrióticas y de protesta, unas 10.000 personas manifestaban en Nueva York contra Trump, en un lunes feriado en el que Estados Unidos celebra el Día de los Presidentes. En otras ciudades de Estados Unidos también hubo manifestaciones.

El Gobierno británico rehusó hoy vetar la futura visita de Estado de Trump, durante el debate en el Parlamento de una petición ciudadana con más de 1,8 millones de firmas que aspiraba a evitar que el mandatario sea recibido por la reina Isabel II.

Miles de manifestantes protestaron ante Westminster contra Trump mientras los diputados analizaban, en una sesión sin votaciones, la invitación que la primera ministra, Theresa May, extendió al líder estadounidense cuando ambos se reunieron en la Casa Blanca el mes pasado.

El viceministro de Exteriores, Alan Duncan, que ejerció de portavoz del Ejecutivo, argumentó que la "relación especial" entre Londres y Washington "trasciende a los partidos políticos y es más importante que las personalidades individuales". Por ese motivo, respaldó una visita, todavía sin fecha, con la que el Gobierno británico espera mejorar la "seguridad y prosperidad" de ambos países y en la que May y Trump abordarán "las muchas áreas de interés" que comparten sus respectivas administraciones.

El presidente Donald Trump nombró al teniente general del ejército Herbert Raymond McMaster como su nuevo consejero de Seguridad Nacional, quien asumirá el cargo dejado vacante por la renuncia de Michael Flynn.

Trump dijo a los periodistas en su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, que McMaster es un experto en contrainsurgencia, un "hombre de tremendo talento y tremenda experiencia".

"Estoy impaciente de sumarme al equipo de seguridad nacional y de hacer todo lo que esté en mi poder para hacer avanzar y proteger los derechos del pueblo estadounidense", declaró el general McMaster durante una breve rueda de prensa, ubicado al lado del presidente en Mar-a-Lago.

En la foja de servicios de H.R. McMaster figura que sirvió en Irak en las guerras de 1991, de 2004 a 2006 y en Afganistán. McMaster tiene 54 años y trabajaba actualmente en los centros de entrenamiento del Ejército de tierra. Es conocido por hablar claro, un rasgo que valora Trump, y por ser un estudioso de la historia militar. Por ejemplo, consideró que la cúpula militar fue demasiado benévola con las decisiones de la Casa Blanca durante la guerra de Vietnam.

En un artículo en 2013 en el diario The New York Times, McMaster deploraba el "pobre" historial de aprendizaje de las lecciones de las guerras y pedía aprender de las recientes experiencias en Afganistán e Irak. Sostenía que no deben esperarse victorias rápidas en los conflictos sino que son una transformación constante de desafíos y que debe pensarse más en la posguerra.

Con McMaster, Trump suma otro militar en áreas clave de su gobierno. También nombró a Keith Kellogg, un militar retirado, como jefe de gabinete del Consejo Nacional de Seguridad.

El consejero desempeña un papel clave en la sombra en la formulación de la doctrina exterior y hace de enlace entre la Casa Blanca y las ramas de seguridad del Gobierno. La experiencia militar no es un requisito imprescindible. Ninguno de los dos asesores de seguridad que tuvo Barack Obama había servido en el Ejército. Flynn acumulaba 30 años de experiencia militar.

En base a AFP, REUTERS y EL PAÍS DE MADRID

EL PAÍS DE MADRID, EFE

OFENSIVA DE LA CASA BLANCAEL PAÍS DE MADRID, EFE