Amnistía Internacional (AI) denunció ayer martes que el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, continúa “acrecentando” y “reinventando” la “política de represión” cinco años después de las protestas populares de 2018, además de “incorporar nuevos patrones de violaciones”.

“Después de cinco años, lejos de cesar, la política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones”, afirmó AI en su informe “Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia”.

Desde abril de 2018, las protestas contra el gobierno dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

El informe detalla las principales “tácticas” que supuestamente usa el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como “el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes, los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado”.

Esos “métodos” suponen un “amplio abanico de violaciones a derechos humanos” como “la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad”.

Además, a través de la información proporcionada por organizaciones nicaragüenses recogidas en ese informe, AI informó sobre la “cooptación del sistema judicial” que cuenta con la “colaboración” de otras autoridades para celebrar “juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno”.

El Gobierno de Nicaragua “ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras”, que ha llevado a la “encarcelación de cientos de personas”, según el informe.

El documento también “aborda la privación arbitraria de nacionalidad”.

Entre las 317 personas a las que las autoridades judiciales de Nicaragua retiraron la nacionalidad figuran escritores reconocidos como Sergio Ramírez o Gioconda Belli, además de antiguos compañeros de Ortega como Dora María Téllez, conocida como “Comandante 2”.

Además, la organización señala que en Nicaragua hay un “uso excesivo de la fuerza”, ejercido “por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales, quienes han sido los responsables de miles de detenciones arbitrarias en diferentes momentos”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Con información de AFP y EFE