DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

El régimen comunista en Cuba encarcela arbitrariamente a opositores y periodistas independientes, y el de Venezuela, además de hacer lo mismo, fortaleció su aparato represor. El gobierno de Estados Unidos, en tanto, ha infligido “sufrimiento extremo” a inmigrantes ilegales en la frontera con México.

Estas son tres de las conclusiones del informe anual 2019 sobre derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), presentado ayer jueves.

El informe de AI consideró “muy alarmante” la situación de derechos humanos en América Latina, y subraya que las multitudinarias protestas en varios países marcaron un conflictivo 2019 en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con atención especial en países como Chile, Venezuela y México, entre los más impactados.

“Un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, las autoridades seguían utilizando arraigados mecanismos de control para silenciar las voces críticas”, afirma el informe en relación a Cuba. Además acusa al régimen cubano de seguir “deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición política”.

AI asegura haber identificado a seis presos de conciencia en Cuba aunque estos representarían “solo una parte de las personas que probablemente estaban recluidas por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias”, y recuerda que la ONG Cuban Prisoners Defenders certificó al menos 71 personas encarceladas por motivos políticos. El informe alude al disidente José Daniel Ferrer, en prisión desde finales de 2019. 

AI denuncia que, para reprimir las voces críticas, el régimen cubano recurre a la estrategia de imputar delitos no reconocibles internacionalmente, como “desacato” o “peligrosidad”.

Cuba siguió siendo el único país americano al que se prohíbe la entrada de AI y de la mayoría de los observadores.

“Tristemente la radiografía de 2019 es muy alarmante”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, a la agencia EFE. Y recordó que países de la región ocupan los primeros lugares de los listados de tasas de homicidio “inclusive en comparación con países que se encuentran en conflicto armado”.

De hecho, AI reportó que en 2019 unas 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado.

Para Guevara, además de los saldos inmediatos en pérdida de vidas humanas, de miles de personas heridas y detenidas arbitrariamente se sumó el fortalecimiento del aparato estatal represor en casos tan radicales como el de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“A las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el uso de la tortura que son delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad por la generalización y la sistematización se sumaron los 4,8 millones de personas que abandonaron el país”, expuso sobre Venezuela.

Dijo que ese escenario se replicó en Centroamérica con el fenómeno de la expulsión de personas que salen de sus países de origen “por la violencia generalizada y la incapacidad de los Estados de protegerlos”.

AI dice que autoridades de Estados Unidos infligieron un “sufrimiento extremo”, que en algunos casos equivalió a “tortura”, a inmigrantes en la frontera con México en 2019, con la separación de familias que pedían asilo.

La organización considera “draconianas” las políticas contra los inmigrantes que aplica Estados Unidos. Esas políticas supusieron la expulsión “ilegal y masiva” de decenas de miles de solicitantes de asilo en la frontera con México y las devoluciones forzosas al vecino del sur, en el marco de los “Protocolos de Protección a Migrantes” (también conocidos como “Quédate en México”).

Como todos los años, el informe de AI es muy crítico con el sistema carcelario uruguayo. El capítulo sobre Uruguay, adelantado en la edición de ayer jueves por El País, destaca que cada 100.000 habitantes, 331 están privados de liberad.

Eso ubica a Uruguay como el segundo país con la tasa más alta de prisionización, solo superado por Brasil. El dato, que de por sí preocupa a AI por tratarse de un país en el que no existe una guerra o un narcoestado, tiene un ribete que inquieta aún más a la organización: las condiciones de reclusión.

La cuarta parte de los reclusos (26%) están encerrados en “centros tipo I”, una nomenclatura que usa el Comisionado Parlamentario Penitenciario en referencia a las cárceles donde “hay tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Informe de la ONU

Observan a cinco países americanos

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta socialista de Chile Michelle Bachelet, expresó ayer jueves su preocupación por las amenazas a las libertades fundamentales en Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala y Honduras, lo que fue recibido con protestas de estas delegaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.

Bachelet habló en la primera sesión anual del Consejo en Ginebra.

Sobre Venezuela, destacó un aumento de la colaboración entre el régimen de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes ha recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.

Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres.

Respecto a Nicaragua, la alta comisionada aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 “las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.