EFE
Cuatro días después de lograr su renovación por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un contundente informe en que ve motivos razonables para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” en las elecciones de julio.

El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.

Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el régimen, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, “sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”. Muchas de estas detenciones formaron parte de la “operación Tun Tun”, diseñada para amenazar y “generar temor en la población”, afirmó la misión.

Foto: AFP.

El régimen de Venezuela expresó ayer martes su “respeto absoluto” al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, lo calificara de “vocero” de la izquierda latinoamericana “captada” por la CIA de Estados Unidos, un señalamiento que asegura es “de carácter personalísimo” del fiscal.

En una entrevista difundida el domingo en el canal Globovisión, Saab aseguró que está “comprobado” que el mandatario chileno, Gabriel Boric, es un “agente de la CIA”, y que “le sigue ahora” Lula, quien también “fue captado”.

Ayer martes, el régimen venezolano expresó su “respeto absoluto a la trayectoria” de Lula y “su liderazgo”.