Alberto sin custodia vitalicia: Milei deroga decreto que expresidente firmó horas antes de dejar el cargo

Fernández modificó un decreto, que él mismo había firmado en diciembre de 2019, y amplió las funciones de la Casa Militar para que cuide a todos los exmandatarios; ahora, ese decreto queda sin efecto.

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Alberto Fernández le entrega la banda presidencial a Javier Milei.
Alberto Fernández le entrega la banda presidencial a Javier Milei.
Foto: AFP

“¡Se terminan los privilegios de la clase política! Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país. Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, anunció ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un posteo en X. Compartió asimismo el documento que acredita la correspondiente derogación.

Un día antes de dejar el poder, Fernández modificó un decreto de 2019, que él mismo había firmado en diciembre de ese año, y amplió las funciones de la Casa Militar para que cuide a todos los exmandatarios y a sus familiares directos en todo el planeta y en forma vitalicia.

“Cleptócrata”

En tanto, cinco senadores republicanos de Estados Unidos pidieron ayer miércoles sancionar a Cristina Kirchner por “actos de corrupción”, en una carta enviada al presidente Joe Biden.

Cristina Kirchner “es una cleptócrata convicta que robó miles de millones de las arcas del Estado y permitió a actores malignos como China e Irán profundizar su influencia corrupta en un aliado fundamental de Estados Unidos, Argentina”, escriben.

En la carta recomiendan a Biden que utilice las herramientas a su disposición para impedir el acceso a una visa a Cristina Kirchner y a algunos familiares suyos con el objetivo de que “rindan cuentas por su participación en actos de corrupción significativa”.

De 70 años, Cristina Kirchner ha sido imputada en varios casos de corrupción. En diciembre del año pasado fue condenada a seis años de prisión, y a inhabilitación perpetua en un juicio por fraude y corrupción por la adjudicación de contratos públicos en la provincia de Santa Cruz cuando estuvo en el poder. Su condena está en proceso de apelación.

En noviembre un tribunal de apelación reabrió una investigación contra ella por blanqueo de dinero de el caso conocido como “Ruta del dinero K”.

Dos meses antes una corte reabrió dos causas: una por el caso Hotesur-Los Sauces, y la otra por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994.

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