Gabriel Di Nicola, La Nación/GDA
“Hay un pibe en Retiro que le dicen el Loquillo del Alto Palermo y hace violar a un nene de cuatro años en una casilla. Me quiere mandar a matar”, exclamó N. B. M. G., una mujer de 43 años en situación de calle, ante una periodista de un canal de noticias argentino. Fue el jueves pasado, cuando la cronista recorría las calles de la ciudad de Buenos Aires para hablar con pasajeros que se habían quedado sin transporte por el último paro de colectivos. La periodista le sugirió que hiciera la denuncia. “No puedo, está arreglado con la policía”, le respondió la mujer, que se apoyaba sobre unas muletas porque, afirmaba, el tal Loquillo le había fracturado un pie.

Pero lo que aparecía como una denuncia pública de un eventual caso de pedofilia y prostitución infantil, tuvo un giro dramático. El viernes a las 20, solo treinta horas después de haber aparecido en la pantalla del canal de noticias TN, N. B. M. G. fue detenida por la Policía de la Ciudad en la puerta de un banco de Recoleta. Pesaba sobre ella un pedido de captura por haber “reducido a la servidumbre” a sus hijos y por haber permitido que su pareja abusara sexualmente de los chicos, todos de menos de 13 años.

Según un expediente judicial al que tuvo acceso La Nación, N. B. M. G. y su pareja –identificado como C. A. V.– obligaban a los niños, que en ese momento tenían 13 y 7 años, a mendigar. De la investigación participaron detectives de la División Delitos Contra la Integridad Sexual y de la División Delitos contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad.

“Los niños, por imposición de los imputados, debían pedir dinero en la calle, para lo cual limpiaban los vidrios de los autos y realizaban malabares. Una de las niñas, de 13 años, era obligada a realizar distintas tareas para conseguir dinero, como cantar en los trenes o pedir limosna a los peatones, lo que solía hacer en la zona de Galerías Pacífico, en el barrio de San Nicolás, para lo cual, conforme se lo imponían, debía fingir padecer una discapacidad (debía permanecer sentada todo el día y simular que poseía un retraso madurativo y que no podía caminar) con el fin de que le dieran más dinero. La totalidad del dinero recaudado por los niños debía ser entregado a los sospechosos, quienes solían utilizarlo presuntamente para la compra de sustancias estupefacientes”, sostuvo el juez Martín Yadarola en la resolución del 8 de enero pasado, cuando procesó con prisión preventiva a C. A. V., de 29 años, por los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de cuatro personas menores de 13 años de edad y robo agravado.

La investigación que derivó en el procesamiento de C. A. V. y la detención de N. B. M. G. comenzó el 2 de junio de 2019, cuando la mujer y sus cuatro hijos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rivadavia por personal del SAME para que le realizaran una “evolución interdisciplinaria”. Fue después de que N. B. M. G. cruzara con los chicos en forma imprudente la avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, “con el semáforo habilitado para que circulen los vehículos, poniendo en riesgo la vida de los niños”, según surge en el expediente judicial.

Pocas horas después se comprobó que tres de los menores –un niño y dos niñas de entre 13 y 7 años– “se hallaban indocumentados, no estaban escolarizados, no poseían controles de salud ni vacunas” y eran obligados a mendigar. La cuarta víctima era un bebe que en ese momento, según la evaluación médica, tenía un año de vida. “Se constató que la imputada se encontraba bajo los efectos del consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas”, según surge en el expediente judicial

Los tres niños mayores son hijos que N. B. M. G. tuvo con una anterior pareja. El bebé es fruto de la relación con C. A. V.; los cuatro menores ahora está en proceso de adopción, explicaron fuentes judiciales.

“El trámite de la causa se demoró porque las víctimas no estaban en condiciones de declarar [en cámara Gesell]. Entonces se decidió esperar a que estuvieran bien y a que se avanzara con el proceso de adopción”, explicó a La Nación una calificada fuente judicial.

Para resolver la situación procesal de C. A. V., el juez Yadarola tuvo en cuenta no solo el relato que finalmente hicieron las víctimas en cámara Gesell, sino también los testimonios de las licenciadas en psicología, psiquiatría y otros auxiliares de Justicia que participaron de la investigación.

Por ejemplo, en la citada resolución se hizo referencia a lo que recordó el niño que en aquel momento tenía 9 años. “Acá me quemó. Estábamos cocinando chancho en una lata, me quemó con el encendedor. Él me dijo que no dijera nada, que me quemé solo”, según consta en el expediente judicial.

“Se observó en forma palmaria la necesidad del niño de explicitar tales episodios sexuales y de maltrato vivenciados de manera espontánea, [hechos] que, según los estudios preliminares, evidenciaban continuidad temporal en su discurso, acompañados de material gráfico que vislumbraba indicadores emocionales de agresividad, angustia y ansiedad”, explicó el magistrado.

Una de las niñas, que tenía 11 años en el momento de los hechos, en 2019, sostuvo: “Cuando estábamos parando en el cajero, un día me desperté y tenía la mano de mi padrastro acá (señalándose los genitales)”.

Cuando los niños se referían al “cajero automático” era porque dormían en un banco situado en avenida Santa Fe al 3300, en Palermo. Los abusos sexuales habrían ocurrido entre enero y junio de 2019.

Foto: La Nación/GDA.

“C. A. V. aprovechó la situación de convivencia preexistente y la guarda provisoria que tuviera de las víctimas en ausencia de otras personas mayores de edad, cuando quedaban a su cuidado, pudiendo tales episodios haber influido en el normal desarrollo de la sexualidad de los niños. En dicho contexto, el encausado habría accedido carnalmente a los damnificados. La madre de los niños los forzaba a soportar tales abusos y al silencio”, según la imputación que hizo la Justicia.

Los testimonios de los niños sobre los abusos y su sufrimiento cotidiano son estremecedores. “Siempre andábamos por la calle; un día de lluvia nos mojamos, no nos veíamos bien, no dormíamos bien, no nos alimentábamos bien, andábamos todos sucios, no nos podíamos bañar”; “Pedíamos plata en los autos, no sé, hacíamos algún malabar… toda la plata que ganaba se la tenía que dar a mi mamá… a ellos [a sus hermanos] les pegaban, les enseñaban cosas feas, hasta a entrar en los quioscos a robar”, sostuvo una de las víctimas.

Hasta el momento, la madre de los niños no pudo ser indagada. Su defensa argumentó que no está en condiciones de declarar. El juez Yadarola ordenó que sea evaluada por un equipo médico, según informaron a La Nación fuentes judiciales.

Fuentes de la Policía de la Ciudad explicaron que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio para que se determine si tenían veracidad los dichos que la sospechosa hizo el jueves pasado ante la periodista de TN. En el expediente que aborda los abusos de los hijos de N. B. M. G. no hay, por ahora, ninguna referencia al tal Loquillo.