La Nación/GDA
El proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como la "ley ómnibus" comenzó a debatirse en la mañana de este miércoles 31 de enero, con solamente 386 de los 664 artículos que lo componían en su redacción inicial. El recorte de la gigantesca iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo de Argentina en el Congreso se dio en el marco de intensas negociaciones de semanas con el centenar de diputados dialoguistas distribuidos entre los bloques de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación, que condicionaron su acompañamiento en general a cambio de modificaciones concretas.

A pesar de la reducción de temas de la ley ómnibus, todavía existen muchas diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados, que apuntan a forzar más mutaciones en la votación en particular. Esta tensión quedó expuesta en la previa a la reunión de labor parlamentaria, donde se definirá la dinámica de la sesión, cuando el Gobierno amenazó con retirar la iniciativa de discusión si el paquete de privatizaciones no cosechaba los apoyos suficientes. Se descuenta, no obstante, que la iniciativa tendrá las adhesiones suficientes para su aprobación en general —que se espera que se dé en la jornada del jueves 1° de febrero, puesto que se prevén 35 horas de debate— y que después en el tratamiento en particular sufrirá varias modificaciones.

El paquete de privatizaciones de 37 empresas públicas será uno de los temas más espinosos durante el debate en el recinto. Si bien el Gobierno accedió a quitar a YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías —Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación—, todavía hay muchas diferencias con lo estipulado en el texto del proyecto que motoriza el Ejecutivo. Estas discrepancias no solo se dan en relación con el rechazo a la liquidación de determinadas compañías con un valor estratégico, sino con cómo está está definido el procedimiento. La UCR apunta a evaluar en leyes separadas cada empresa sujeta a privatización y Hacemos Coalición Federal —en sintonía con Innovación— plantea un mayor control en el proceso privatizador y que el dictamen de la bicameral se tenga que aprobar por ambas Cámaras.

También será una discusión ríspida la que se verá en los temas que refieren a la seguridad. La definición sobre lo que es una manifestación, que el Gobierno determinó como una congregación de más de 30 personas en la vía pública, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa” serán objetados no solo por la izquierda y el kirchnerismo, sino también por la UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal.

La cantidad de áreas en emergencia por las que se podría facultar al presidente Javier Milei a recibir poderes especiales será otro de los temas espinosos del debate en el recinto. A pesar de que el gobierno accedió a reducir de 11 a seis la cantidad de facultades —entre ellas la previsional— un sector de la oposición solicita que se achique aún más. Fundamentalmente, piden que se quiten la tarifaria y energética. Se consensuó, no obstante, que el período de emergencia será por un año, prorrogable por el Congreso un año más.

Respecto a las reformas en relación con la política medioambiental, los cambios en relación con la forma de financiamiento de la ley de bosques y las modificaciones que sufrirá la forma de protección de los glaciares serán los debates más acalorados.

La mutación de la fórmula de movilidad jubilatoria generó numerosos reparos y el Gobierno decidió quitarlo. Fue durante la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía Luis Caputo, por el que anunció que se retiraría de la ley ómnibus todo el paquete fiscal y económico. La última actualización de haberes previsionales planteada por el oficialismo —el texto original directamente eliminaba la actual— determinaba como referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de abril. A la oposición dialoguista no le terminó de cerrar esta fórmula dado que hablaba de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pedía que la actualización se haga retroactivo a enero.

La suba de los derechos de exportación también se removió del texto original. Los gobernadores cuestionaban el incremento de retenciones a sectores productivos de sus pagos chicos y hablaban de un “sesgo exportador”.

La transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamó que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.

Todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales —se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado—, quedarían fuera del texto. El gobierno ya había accedido a quitar de la discusión la eliminación de las PASO así como la modificación de la forma de elección de los diputados nacionales, que disponía fuera por circunscripciones uninominales.