Augusto Morel, Agencia EFE
El asesinato de una mujer en Argentina, testigo en la causa que investiga la desaparición de su esposo durante la última dictadura del país (1976-1983) y madre de un integrante de la asociación H.I.J.O.S., además de las amenazas en la escena del crimen, pusieron en alerta a organismos de derechos humanos.

El cuerpo de Susana Beatriz Montoya, de 74 años, esposa del subcomisario de la Policía de Córdoba Ricardo Fermín Albareda, torturado y presumiblemente asesinado durante la última dictadura en Argentina, fue encontrado el viernes pasado por su hijo Fernando Albareda, junto a un grafiti en la pared de su casa con el mensaje: 'Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía'.

"La Justicia se está manejando con hermetismo y las amenazas que ha recibido Fernando, aparentemente, no tienen una resolución judicial o imputados. Estamos articulando con él en función a lo que decida y la exigencia política al esclarecimiento del hecho", dijo a EFE Emilio Pihen, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) en Córdoba.

Mediante un comunicado, replicado en todas las filiales de esa organización integrada por descendientes de desaparecidos en la dictadura, se exigió a la Justicia de Córdoba y al Ejecutivo el esclarecimiento del hecho y de las amenazas que Fernando y su familia han recibido desde diciembre pasado, así como la seguridad y protección de la familia.

"Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción", indicó la organización.

Según Pihen, la organización y sus miembros han recibido mensajes de odio, ataques y amenazas de muerte desde fines de 2023, pero la Justicia todavía no ha imputado a nadie.

Desde la llegada del libertario Javier Milei a la Presidencia, el pasado 10 de diciembre, se ha reavivado el debate sobre los derechos humanos en Argentina, ya que varios integrantes de su partido, La Libertad Avanza, incluido él mismo, han negado en repetidas ocasiones el número de 30.000 desaparecidos, cifra sostenida por organizaciones de derechos humanos, y han criticado a grupos activistas, incluidas las emblemáticas Madres de Plaza de Mayo.

El pasado 8 de diciembre, Fernando encontró un cartel con esvásticas, mensajes intimidatorios y seis proyectiles de arma de fuego: "Sos hijo de Terrorista. Se te terminaron los amigos de la Policía. No vayas más a la EZC (escuela) ni a la Jefatura. Va a morir. Te vamos a juntar con tu papito (sic)".

Foto: La Nación/GDA.

"Todo esto nos pone en una situación de alerta y preocupación, en el marco de muchas amenazas que venimos sufriendo. Los discursos de odio que legitiman estas prácticas son complejas. Y que no haya imputados sólo permite la impunidad, generando más impunidad", agregó el integrante de H.I.J.O.S.

Albareda fue un subcomisario en la División Comunicaciones de la Policía local y militante del grupo guerrillero ERP, que en 1979 fue secuestrado por el 'D2', un departamento que funcionaba como nexo entre militares y policías, llevado a un centro clandestino, torturado y castrado; murió desangrado y sus restos nunca fueron encontrados, según testimonios que declararon en la denominada 'causa Albareda'.

En marzo de este año, una de las militantes de su agrupación en Buenos Aires, Sabrina Bölke, fue atacada por un grupo armado de desconocidos que la golpeó, abusó sexualmente y amenazó con asesinarla.

Antes de irse, en la pared de su casa escribieron la sigla 'VLLC' (Viva la libertad, carajo) -la muletilla utilizada por el presidente argentino, Javier Milei- y la palabra 'ñoqui' en su habitación (palabra despectiva para dirigirse a empleados estatales que no trabajan).

"Hay grupos que siempre han tenido el objetivo de socavar el proceso de Verdad, Memoria y Justicia. Dado el contexto actual, siempre hemos tenido amenazas, discursos de odio y sectores que nos han demonizado, pero lo importante es encontrar a los autores materiales e intelectuales de este hecho", concluyó Pihen.