Laura Serra, La Nación/GDA
El Congreso argentino no rechazará in totum el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei para desregular la economía. Los bloques “dialoguistas” no le darán el gusto al kirchnerismo pero tampoco al jefe de Estado, que pretende que no se le toque una coma al más voluminoso decreto que se haya dictado en democracia.

La estrategia de este mosaico de bloques consiste, más bien, en aprobar parcialmente algunos de sus contenidos y descartar o modificar otros. El Poder Ejecutivo, tal vez sin proponérselo, le abrió la puerta a esta posibilidad al enviar al Congreso el proyecto de ley “ómnibus” en el que incluyó, llamativamente, ese decreto.

Los “bloques dialoguistas” constituyen el fiel de la balanza entre el socialismo y Unión por la Patria en ambas cámaras: su posición definirá de ahora en más la suerte de cualquier iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso. En la Cámara de Diputados reúnen 106 legisladores; allí conviven el Frente Pro, la UCR, Hacemos Cambio Federal e Innovación Federal. En el Senado suman otros 23 legisladores. Aun con sus matices, coinciden en buena parte con el contenido del DNU y si bien les irrita el avasallamiento del Poder Ejecutivo en sus facultades, no creen conveniente ir al choque contra un gobierno naciente que, además, goza de una amplia simpatía popular. Tampoco les entusiasma quedar pegados al kirchnerismo.

“Nosotros no vamos a ser quienes vamos a rechazar in limine el DNU”, enfatizó el jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo. En la misma sintonía se pronunció Nicolás Massot, de Hacemos Cambio Federal. “Nosotros no vamos a mover los hilos para tirar abajo el DNU en lo más mínimo”, enfatizó.

Más claro imposible: sin aliados ni mayoría, el kirchnerismo no está en condiciones de voltear el DNU de Milei. El Gobierno, sin embargo, se equivocaría si con esto se apresura a anotarse un triunfo.

En efecto, en desafío a Milei los “bloques dialoguistas” exploran distintas alternativas para esquivar el bloqueo que impone la ley 26.122 –la que regula los DNU- el cual impide a los legisladores introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo. Según la norma solo están habilitados a aceptar o rechazar la norma in totum mediante el voto de la mayoría de los presentes en el recinto. Un corset que impuso Cristina Kirchner en 2006 para salvaguardar los decretos de su gobierno.

Paradójicamente, fue el propio Milei con su ambicioso proyecto de ley ómnibus quien le daría la llave a los legisladores para intervenir en su también voluminoso DNU. Lo hizo por dos vías. En primer lugar, cuando incluyó en el texto el artículo 654 por el que solicita que el Congreso apruebe el DNU en cuestión, el 70/2023. En segundo lugar, cuando replicó algunos capítulos del decreto en varios artículos de la ley ómnibus. Entre esos capítulos se destacan tres: el de las privatizaciones de las empresas públicas; las reformas en materia laboral y empleo y las compras del Estado (Compre Argentino).

“Como estos capítulos del decreto están plasmados en el proyecto de ley ómnibus, los legisladores estamos habilitados para discutirlos en profundidad, proponer mejoras o descartar aspectos conflictivos. No es lo mismo en términos de legitimidad política y fortaleza jurídica un decreto que una ley del Congreso aprobada por mayoría”, plantea Massot.

A los legisladores les llamó la atención que el Poder Ejecutivo incluyera, sobre el final de su ley ómnibus, un artículo en el que expresamente requiere que se apruebe el DNU 70/2023. El dato no le pasó inadvertido a Elisa Carrió, exdiputada y líder de la Coalición Cívica, quien entrevió en este artículo la posibilidad de “desbloquear” el tratamiento del DNU. Aunque alejada de la vida política activa, no pudo con su genio y rápidamente bajó línea a sus legisladores.

El mensaje de Carrió fue reproducido por el diputado Maximiliano Ferraro, jefe del partido, en sus redes sociales. “El proyecto de ley ómnibus incluye el Artículo nº 654 para ratificar el DNU 70/23. De esta manera el pronunciamiento del Congreso sobre el decreto queda automáticamente incluido entre los temas habilitados a considerar por parte de los diputados y senadores en el período de sesiones extraordinarias –explica Carrió en la letra de Ferraro-. Esto es muy significativo para el reencauzamiento institucional y republicano. Con su inclusión el presidente reconoce que el contenido de su decreto podría haber sido promovido a través del proceso normal de formación y sanción de las leyes y de esta manera es posible que podamos ratificar tema por tema del DNU haciendo un estudio serio, riguroso y responsable de la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo”.

Según esta interpretación, al ser incluido en un proyecto de ley, el DNU adquiriría ese rango y, por lo tanto, es pasible de ser discutido artículo por artículo.

El radicalismo también presentó distintas alternativas para desbloquear el DNU y permitir apoyos parciales a sus contenidos. El diputado Martín Tetaz y la senadora Carolina Losada presentaron sendos proyectos de ley que replican en su totalidad el contenido del decreto (ley espejo); otros legisladores propusieron modificar la ley 26.122 para habilitar aprobaciones parciales a los contenidos de los DNU. También se le sugirió al Gobierno que desglose su mega DNU en distintos decretos para facilitar su tratamiento y eventual aprobación.

Pese al abanico de propuestas, Milei mantiene su intransigencia. El libertario parece jugarse a todo o nada con el Congreso. La actitud del presidente argentino desconcierta a los dialoguistas: si bien entienden que por su rol de dirigente outsider de la política debe agitar banderas “anticasta” para fidelizar su electorado, no comprenden por qué no se deja ayudar en su situación de extrema debilidad numérica en el Congreso.

“Tampoco hay interlocutores validados con los cuales negociar”, se lamentan. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como el ministro del Interior, Guillermo Francos, se muestran amables y abiertos, dicen, pero a los efectos conducentes los resultados han sido magros. Sin ir más lejos, en la Cámara de Diputados el oficialismo ni siquiera avanzó en la conformación de las comisiones encargadas de debatir el megadecreto y el proyecto ómnibus que envió el Poder Ejecutivo pese a la celeridad que reclama el presidente.

Más expeditiva, la presidenta del Senado Victoria Villarruel conformó el viernes último las siete comisiones que se abocarán al tratamiento del proyecto ómnibus no bien salga de Diputados. También designó a 8 de los 16 senadores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. encargada de discutir el megadecreto: tres pertenecerán a Unión por la Patria y los cinco restantes a La Libertad Avanza y bloques aliados.

En la Cámara de Diputados, por el contrario, las definiciones se demoran. El bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, exige cuatro de los ocho representantes de la Cámara que integrarán la Bicameral. Los bloques no kirchneristas rechazaron el planteo y le ofrecen solo tres. Tampoco se conformaron las comisiones permanentes encargadas de debatir el proyecto ómnibus, pese a que el Poder Ejecutivo impuso el 31 de enero el fin del período de sesiones extraordinarias.

A este ritmo no quedará otra alternativa que prorrogar los plazos. Habrá que ver si para entonces los bloques dialoguistas mantienen su espíritu colaborativo o, por el contrario, comienzan a retacearlo.