AFP
El Gobierno argentino calificó ayer sábado de “asesinato” la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigó el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 y acusó a la expresidenta Cristina Kirchner de encubrir a sus supuestos autores iraníes, según un comunicado oficial por los 10 años de su deceso. Asimismo, reafirmó que continúan las investigaciones.
“La Oficina del Presidente recuerda con vehemencia los 10 años del asesinato del Fiscal Federal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, en manos de lo más oscuro del poder”, señaló el texto divulgado en la cuenta oficial de la red X.
Nisman tenía 51 años el 18 de enero de 2015 cuando apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires. Ello fue cuatro días después de presentar una denuncia contra la por entonces presidenta izquierdista (2007-2015) por la firma en 2013 de un memorándo con Irán que nunca se aplicó. El fiscal debía ser interpelado al día siguiente por el Congreso y su muerte conmocionó al país. Desde ese momento, su figura divide a los argentinos entre quienes están convencidos de que se suicidó y quienes sostienen que fue asesinado por su trabajo.
“Desde el Poder Ejecutivo se mantiene la confianza en que el Poder Judicial continúe con las investigaciones para que el asesinato del Fiscal Nisman no quede impune”, dijo el gobierno de Milei en el comunicado.
También pidió que continúen “las líneas de investigación de la denuncia” que realizó Nisman, las cuales señalan que Kirchner buscaba encubrir a los imputados por el ataque a la entidad israelita que causó 85 muertos y unos 300 heridos.
La expresidenta compartió en su cuenta de X un posteo del senador y exfuncionario durante sus presidencias Oscar Parrilli, quien afirmó que la muerte de Nisman fue “un suicidio” y cargó contra medios de comunicación que en cada aniversario “comienzan a bombardear con notas sobre ‘su asesinato’ inventado”.
La muerte de Nisman está desde 2016 a cargo de un fiscal federal, quien ratificó que investiga el caso como un “homicidio”.
En tanto, la Corte Suprema argentina dispuso el 5 de diciembre que la expresidenta afronte un juicio por encubrimiento del atentado, aún sin fecha de inicio fijada.
