En base a EFE y La Nación/GDA
El Senado argentino rechazó este jueves por amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia(DNU) 70/23 de desregulación de la economía y no sólo le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, sino que también agravó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de haber permitido que el DNU se discutiera en el recinto de la Cámara alta.

El decreto fue rechazado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

El polémico decreto dividió aguas en los dos grandes conglomerados que integraron Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se repartieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). El Pro cerró filas y votó a favor.

En tanto, hay solo dos antecedentes sobre el rechazo parlamentario a un decreto: en 2009 y 2010, el denominado Grupo A votó en Diputados en contra de sendos DNU -referidos a la deuda pública- de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero la avanzada opositora no prosperó luego en el Senado. La Cámara alta, a su vez, tiene en su registro dos decretos rechazados, en 2020, aunque sobre instrumentos de 2015 y 2017, no de un presidente en ejercicio.

Más allá del duro impacto político a la administración Milei que implica el pronunciamiento del Senado, el DNU se mantiene vigente. Tal como lo establece la ley de Trámite Legislativo que regula el control parlamentario de estos instrumentos, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas.

Así, ahora toda la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.

El amplio rechazo que cosechaba el DNU en el Senado no era ningún secreto. De hecho, fue Villarruel y su política de negociación con la oposición dialoguista lo que permitió demorar el tratamiento en el recinto por más de un mes y medio.

El primero de tres pedidos de sesión especial para rechazarlo lo presentó el kirchnerismo en la última semana de enero. Todos fueron ignorados por Villarruel. Dos semanas atrás, un grupo heterogéneo de nueve senadores de diferentes bloques sumó presión al también reclamar su debate en el recinto. Fue la señal que le indicó a la vicepresidenta que no tenía margen para más dilaciones. Ya eran 42 los legisladores que exigían discutir el DNU.

Foto. La Nación

Hubo críticas puertas adentro del oficialismo por la decisión de Villarruel de convocar a la sesión en vez de esquivar la maniobra opositora.

El miércoles, la propia Presidencia argentina emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta".

Sin especificar a quién se refería el texto, se desató una ola de especulaciones sobre los presuntos cortocircuitos entre Milei y Villarruel, ante lo cual el vocero presidencial argentino Manuel Adorni aseguró este jueves en rueda de prensa que "no hay ningún tipo de pelea o interna con la vicepresidenta".

Adicionalmente al decreto, Milei envió en diciembre al Parlamento un proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con medidas y reformas amplias y una polémica delegación al Ejecutivo de facultades que son propias del Legislativo.

Debido a la intransigencia de la oposición y del Gobierno a negociar y acordar aspectos diversos del proyecto, la denominada 'ley ómnibus' naufragó en su tratamiento parlamentario.

Tras ello, el 1 de marzo, Milei propuso a los gobernadores firmar el 25 de mayo un nuevo "pacto fundacional", con una decena de puntos en materia económica y política, a condición de que se apruebe primero un nuevo acuerdo en materia fiscal y la 'ley ómnibus', que el Ejecutivo reimpulsa ahora con algunas modificaciones.

Así, el Gobierno argentino afronta desafíos clave para sacar adelante instrumentos que considera fundamentales para llevar adelante sus ambiciosas reformas, con renovadas tensiones políticas por el severo plan de ajuste fiscal aplicado por Milei y el malhumor social por la elevada inflación, la caída del poder adquisitivo de los hogares y el freno a la economía.