La CGT se movilizó ayer para escenificar su presentación en la Justicia para tratar de invalidar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsó Javier Milei para desregular la economía y reformar la legislación laboral. La presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. En tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera. La movilización por parte de la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda fue convocada para las 10 en la Plaza Lavalle y terminó pasadas las 13. Seis personas -cuatro hombres y dos mujeres- fueron detenidas por la Policía de la Ciudad en el Centro porteño por atentado y resistencia a la autoridad durante la desconcentración de la marcha, señalaron fuentes policiales a La Nación.

Respecto del “protocolo antipiquetes” desplegado por el Gobierno nacional, el sindicalista Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, dijo a La Nación: “Es ilegal”. “En este momento hay una demonización histórica del sindicalismo con provocaciones permanentes de Patricia Bullrich a los movimientos sociales. Esperamos no tener que lamentar un marco represivo”, sumó.

El operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de la Ciudad se enfocó en contener a los manifestantes y evitar los cortes de calles. Si bien durante las primeras horas de la marcha, con solo una porción de los manifestantes presentes, las únicas vías cortadas eran las calles Tucumán y Talcahuano, la llegada masiva de militantes bloqueó todos los accesos a la Plaza Lavalle y obstaculizó el tránsito vehicular. Por eso, la Gendarmería y la Policía Federal se replegaron y se limitaron a custodiar el Palacio de Justicia así como otros edificios públicos de la zona.

El proyecto de ley generó fuerte rechazo por parte de actores que hoy integran el arco opositor, quienes se expresaron a través de las redes sociales.

“Si sancionan esta norma, en lo referido a la obediencia debida, por efecto de la aplicación de la ley penal más benigna, se terminaran todos los juicios de lesa humanidad”, advirtió el exministro de Seguridad de Alberto Fernández Aníbal Fernández. “Milei en 17 días desplegó los ejes de la sociedad que pretende: debilita la república, promueve decisiones autoritarias, impulsa una Policía brava, destruye capacidad regulatoria del Estado, rifa el patrimonio colectivo, ajusta ingresos. Veo al futuro repetir el pasado”, lamentó además el exministro de Educación bonaerense Nicolás Trotta. Entre otros funcionarios de la administración de Alberto Fernández que presentaron reparos sobre la normativa estuvo también el exministro de Defensa y compañero de fórmula de Sergio Massa para las elecciones generales de octubre, Agustín Rossi, quien anticipó que Milei podría convertirse en el nuevo “Fujimori”.

“Milei puede ser como (Alberto) Fujimori. ¿Por qué? El mandatario peruano disolvió el Congreso y reorganizó todos los organismos públicos, incluyendo la intervención del Poder Judicial, por lo que acumuló todo el poder en sus manos. No queremos eso para nuestro país”, escribió en X.

Lo propio hizo el también exministro de Economía Martín Guzmán, quien reapareció en la escena pública cuestionando enfáticamente uno de los artículos de la ley que le permite al Poder Ejecutivo realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública. “Presidente Javier Milei, ¿no era que tomar deuda era inmoral?”, lo cruzó. “¿Sos consciente de que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de deuda pública?”, criticó.