La Nación/GDA
Este lunes, el primer abogado de María Noguera, madre de Loan Peña -el niño de cinco años que desapareció hace más de un mes en Corrientes, Argentina-, fue encontrado sin vida.

Se trata de Néstor Luque, quien se encargó de la defensa de Noguera a poco de iniciarse la investigación por la desaparición del pequeño de cinco años. Más tarde, fue reemplazado por Fernando Burlando.

“Mi primo falleció hoy al mediodía. No tenía ningún problema de salud. Nada. Parece que tuvo un ataque, lo derivaron a emergencias del Hospital Base Angélica Enríquez de López. Ahí nos dijeron que falleció por muerte súbita. Es todo muy raro”, detalló Laura en declaraciones a Crónica.

Sobre la posibilidad de un atentado contra la vida de Luque, aseveró: “Estoy hablando con su hermana para que pidamos la autopsia. Necesitamos saber qué pasó. Queremos descartar todo, evacuar todas las dudas”.

Foto: Captura de video

El jueves 13 de junio Loan fue junto a su padre, José Peña, a almorzar a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, que está ubicada en el paraje El Algarrobal, zona rural de Nueve de Julio, en la provincia de Corrientes.

Durante los primeros días de la búsqueda, la única pista que se siguió fue la de que el menor se había perdido luego de haber ido hasta un naranjo a buscar frutos junto a su tío Antonio Bernardino Benítez y un matrimonio amigo, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, tres adultos que participaron de la comida y se encuentran detenidos con prisión preventiva acusados de abandono de persona. Este evento habría pasado pasadas las 14 y los participantes habrían caminado a 600 metros hasta dicho árbol para recolectar las naranjas.

Sin embargo, el caso dio un giro días después cuando la carátula pasó de “abandono de persona” a “trata de persona”. La hipótesis principal que investiga la Justicia es que Loan fue raptado y entregado a una red de trata. Los sospechosos de realizar la entrega final de Loan con esos fines son Victoria Caillava, quien se desempeñaba como directora de Producción del municipio, y su marido, el oficial retirado Carlos Pérez.

Por la causa, también se detuvo al comisario de la Policía de Corrientes Walter Maciel y, días después, a Laudelina Peña, la tía de Loan acusada de sustracción y ocultamiento del niño y de alterar pruebas del caso (haber plantado un botín de Loan para sostener la hipótesis de que el chico se había perdido en el monte).

Ahora que la causa está bajo la investigación de la justicia federal, los fiscales que la llevan adelante trabajan la hipótesis de que se trata de “criminalidad organizada”. Así lo determinaron el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán; y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, funcionarios a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), cuando aceptaron la competencia para investigar la desaparición del niño de cinco años.

A 32 días de la desaparición del menor, los investigadores encontraron el sábado “prendas de vestir” en un rastrillaje en un río. Según pudo saber La Nación, de fuentes con acceso a la investigación encabezada por el Comando Unificado de fuerzas federales, que incluyen a la PFA, la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional (GN) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el operativo se llevó adelante a unos 15 kilómetros de Nueve de Julio.

“La Policía Federal Argentina halló prendas de vestir en el río Santa Lucía, a unos 15 kilómetros de la localidad de Nueve de Julio”, explicaron los investigadores y detallaron por qué fueron hasta ese lugar: “A partir del análisis de las antenas de telefonía móvil de una persona con implicancia en la causa que habría permanecido durante largo tiempo en la zona y del cruzamiento de datos, se determinó el operativo de búsqueda en ese lugar”.

Además, a las 23:59 de este lunes vence el plazo del secreto de sumario que había impuesto la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, cuando recibió el expediente del fuero provincial. Y, ahora, los defensores de los siete detenidos y el cuerpo de abogados que representan a la familia del niño de cinco años tendrán acceso a las pruebas que logró recolectar la Justicia Federal en los últimos veinte días.

Foto: difusión.