EFE y La Nación/GDA
El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, pidió este lunes agravar la pena a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en un juicio por corrupción, por el que la también exvicepresidenta ya había sido condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para cargo público.

Durante la primera audiencia para revisar la condena que pesa sobre Fernández, que ella apeló, el fiscal solicitó agregar una pena como jefa de una asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante el Gobiernos de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y los dos suyos, por lo que la pena podría aumentar hasta 12 años de prisión.

Villar argumentó ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña en una audiencia ante la Cámara de Casación. Luego habrá otras cinco audiencias en las que les tocará exponer a los abogados defensores sus razones para pedir la absolución de sus clientes. Culminará en el mes de abril.

Criticó al tribunal por la escala penal que usó para castigar. “¡Qué le decimos a los funcionarios que asumen el cargo. Si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo, que ejemplo estamos dando!”, dijo Villar.

Y argumentó: “Si una persona roba las cuatro ruedas de un auto, una por día, y lo condenan por un solo robo, no es razonable que un delito de corrupción merezca esta pena. Es sentido común, es sentido de justicia. Es muy extraño. Se le saca la asociación ilícita, cuando la escala penal permitía una pena razonable”, expresó, casi con indignación. “Esta pena no refleja la gravedad del hecho, incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, aseguró el fiscal Villar.

El fiscal pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner como jefa y como organizadores José López, el exsecretario de Obras Públicas; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Fernández a seis años de prisión y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la había absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita.