Hernán Cappiello / La Nación (GDA)
El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick rechazó una medida cautelar para anular el protocolo antipiquetes que pone en práctica el Gobierno e Javier Milei para contener las manifestaciones, pero advirtió que vigilará la marcha de mañana miércoles para evitar abusos de la policía.
El pedido para anular el protocolo de Milei había sido presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un grupo de organizaciones, incluidas Amnistía Internacional y el Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (Sipreba). Las organizaciones dijeron que el protocolo es inconstitucional porque “vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, de reunión y otros garantizados por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El juez entendió que no debía pronunciarse porque ello hubiera implicado inmiscuirle en otro poder del Estado. “No es tarea del Poder Judicial de la Nación intervenir en las competencias de los otros poderes del Estado”, escribió.
Y agregó que no podía prosperar la declaración de nulidad del protocolo antipiquetes porque “adoptar tal decisión conduce a abordar la cuestión de fondo y -por lo tanto- no corresponde a título cautelar expedirse acerca de ello en resguardo del principio de contradicción que guía a todos los procesos y del derecho de defensa consagrado constitucionalmente”.
Pero el juez sí consideró necesario adoptar una medida en la próxima manifestación. Y escribió: “El Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12 de marzo pasado que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.
Cormick afirmó que esos hechos no son ajenos a la discusión de la constitucionalidad del protocolo antipiquetes. Por eso es que anunció que “ante la proximidad de la marcha convocada para el miércoles 19/03/25, que genera en los solicitantes la incertidumbre acerca de que los hechos ya acontecidos puedan volver a repetirse” el tribunal “observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver” el plateo de inconstitucionalidad del protocolo de Patricia Bullrich.
Los demandantes habían mencionado que el miércoles pasado hubo trabajadores de prensa que sufrieron daños y que el reportero gráfico Pablo Grillo resultó “gravemente herido mientras tomaba una foto al recibir el impacto en su cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por uno de los efectivos de forma directa”.
También aludieron a que hubo balas de goma que impactaron en Eduardo Gómez, reportero gráfico de Tiempo Argentino, y a que los periodistas Emanuel Herrera y Guillermo Lépore, de Crónica TV, “recibieron asimismo varios balazos de goma”.
Gobierno argentino denunció a jueza que liberó a detenidos
El Gobierno argentino presentó ayer lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó 114 detenidos el pasado miércoles, durante la marcha por los jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El Gobierno de Javier Milei acusa a la jueza de los delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
El Ministerio de Seguridad Nacional, que dirige Patricia Bullrich, presentó la denuncia contra la jueza por “las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha”, según un comunicado oficial.
La denuncia, presentada por el abogado Fernando Oscar Soto en representación del Ministerio, afirmó que la jueza falló sin analizar las pruebas, considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales.
“La Magistrada omitió la aplicación de las normas procesales (que son de aplicación diaria y común en todos los procesos) y ‘se inventó’ un procedimiento propio, por el cual se arrogó la facultad de entrometerse en las facultades del Fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia”, afirmó el documento presentado en la Justicia. EFE
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